La Verdad

La juez pide al TSJ la imputación del presidente de la Comunidad por cuatro presuntos delitos

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Pedro Antonio Sánchez, este viernes, durante su comparecencia en el palacio de San Esteban, tras conocer la decisión de la juez. / J. CARRIÓN / AGM

  • Eleva la exposición razonada a la Sala de lo Civil y lo Penal resumiendo todos los indicios de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude

El 'caso Auditorio' ya está en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, acaba de remitir al más alto tribunal de la Región una Exposición Razonada, con el propósito de que actúe penalmente contra el exalcalde de Puerto Lumbreras y actual presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, en función de los múltiples indicios de delito que se habrían confirmado a lo largo de la investigación judicial. El hecho de que este alto cargo del PP disfrute de un fuero especial, como presidente del Consejo de Gobierno y diputado regional, ha obligado a la magistrada a elevar las diligencias al TSJ, que es el único órgano jurisdiccional de la Región que puede imputar a Sánchez.

En la línea de lo ya expuesto por la Fiscalía Superior, la instructora aprecia una infinidad de indicios delictivos en la actuación de quien fue alcalde de Puerto Lumbreras, que podrían ser constitutivos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude por las aparentes irregularidades cometidas en la proyección, adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras. En este inmueble fueron invertidos seis millones de euros de una subvención concedida en 2006 por la Consejería de Cultura, pero no llegó a ser acabado. El Consistorio lumbrerense recepcionó el edificio cuando supuestamente quedaba un 38% por construir, que hubiera requerido de una inversión de 2,3 millones de euros.

La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ deberá decidir ahora si admite las diligencias y designar instructor o, al contrario, si las devuelve al juzgado de Lorca por razones de forma o fondo. En el caso de que asuma el caso, la imputación del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, puede darse por hecha.

La propuesta de remitirlo al TSJ se eleva tanto en relación Sánchez, que está aforado, como con el resto de implicados en el caso que no lo están, ya que la jueza estima "que no parece que sea posible tramitar separadamente la causa". La resolución no es firme cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días.

Por otra parte, la magistrada inadmite el recurso interpuesto por siete de los investigados solicitando el sobreseimiento y archivo de la causa. Y en una tercer auto, se acuerda que se abra una pieza separada, al apreciar que "los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio, cambiaron de destino o aplicación, sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente (…), desconociéndose cuales fueron esos usos", por si pudieran constituir indiciariamente un delito de malversación y/o fraude a la Administración Pública. "Resultando aún prematuro", según la magistrada instructora, dirigir el procedimiento contra persona alguna por su presunta participación en los mismos.

«Certificación inexplicable»

La exposición razonada de la juez de Lorca recoge los datos e indicios extraídos de la declaración de los investigados no aforados y de otras muchas diligencias, como un documento aportado por la Intervención General del Estado que, tras analizar todo lo correspondiente al concurso para las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, habla de la comisión de numerosas irregularidades.

Los presuntos delitos se habrían cometido en el concurso de ideas convocado para el proyecto, en la ejecución de las obras y en lo relativo a una subvención de la Comunidad Autónoma.

Dice el auto que "a la misma obra certificada se le aplicaron doblemente gastos, beneficio (industrial) e IVA", y añade que "las cantidades que no se destinaron al pago de la obra se computan en 1,8 millones de euros". Igualmente se afirma que "el alcalde -Sánchez-, con su acuerdo, autorizó una certificación de 2,2 millones de euros, a la cual no se acompañó informe alguno que justificara ni un solo acopio en obra". Y añade que "el acuerdo se certificó por la secretaria municipal sin reparo de legalidad, y la interventora procedió a autorizar su abono sin comprobación material de su existencia".

"Lo inexplicable de esta certificación -recalca el auto- no es solo lo elevado de la misma y su falta de justificación, sino que, un mes más tarde, en concreto, con fecha de formalización 17 de septiembre de 2008, el ayuntamiento concertó una operación de crédito con el Banco Santander por importe de 2,2 millones de euros, operación que conlleva intereses y gastos".

En cuanto a la recepción de las obras, se indica que se llevó a cabo cuando las mismas no estaban concluidas. Pese a que el edificio no estaba terminado, Sánchez dio el visto bueno a un documento que declaraba recibir la obra terminada "en buen estado y de conformidad a las prescripciones previstas".

En cuanto a la subvención recibida de la Comunidad Autónoma, la exposición motivada comenta que el ayuntamiento completó, aunque tardíamente, la documentación justificativa de un primer plazo de tres millones de euros, mientras que fue requerido en varias ocasiones para que hiciera lo mismo en relación con el segundo plazo. Así hasta llegar al 25 de septiembre de 2013, en que el entonces consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, certificó que la subvención "estaba debidamente justificada".