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Probablemente nada habría podido parar el irracional ataque de Pedro Navarro, el taxista jubilado que mató a tiros a la médico María Eugenia Moreno en el centro de salud de Moratalla la madrugada del martes. El debate sobre las medidas de seguridad en los ambulatorios de la Región es, en cualquier caso, inevitable. Trabajadores y sindicatos recuerdan que este asesinato es «la punta del iceberg» de un problema, el de las agresiones al personal sanitario, que se ha multiplicado en los últimos años. Exigen más vigilantes e incluso detectores de metales en los lugares más conflictivos. El de Moratalla no era considerado un centro peligroso. Al contrario, fue catalogado como de «bajo riesgo». La Consejería de Sanidad confirmó ayer que el edificio contó con un guardia de seguridad durante los años 2002 y 2003. Lo retiró después, tras llegar a la conclusión de que la zona era una de las más tranquilas de la Región.
La única medida de seguridad de que dispone el centro es un sistema de timbres en las consultas conectados con recepción y con una empresa de seguridad externa. La secretaria de Organización de FSP-UGT, Isabel Zuazu, denunció ayer que los sindicatos habían solicitado cambiar este mecanismo de alarma por un sistema «más operativo y eficaz», pero la propuesta «finalmente no fue aceptada». Fuentes de la Consejería aseguraron que la idea fue rechazada por la propia dirección del centro.
Aunque de momento predomina la prudencia, la indignación por el crimen ha caldeado el ambiente entre sindicatos y profesionales, que se concentraron a las puertas de la Consejería para exigir mano dura contra los agresores. Las declaraciones más duras las lanzó el secretario general del sindicato médico CESM, Ángel Victoria López, quien llegó a asegurar que «si hubiera habido detector de metales y guardia de seguridad, probablemente se hubiera evitado lo ocurrido».
No opina así el presidente del Colegio de Médicos, Rodolfo Castillo, quien aclaró que «con un vigilante no se habría evitado nada; seguramente el fallecido habría sido él». Además, «nadie sospecha que una persona de 74 años va a ir con una pistola al centro de salud; es inimaginable. Casos como éste no se pueden prever». Pese a todo, Castillo pidió que se amplíe la plantilla de vigilantes en los centros de Atención Primaria. En estos momentos, sólo 32 de los 75 que hay en la Región están vigilados. Eso sin contar con la extensa red de pequeños consultorios que no cuentan con ningún tipo de medida de seguridad.
Los profesionales volverán hoy a concentrarse en los centros sanitarios, convocados por la Sociedad Española de Medicina Familiar.
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