Cien años de cárcel para una red que prostituía a mujeres extranjeras en condiciones «abusivas» en Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 14 personas por su implicación en una trama liderada por dos hermanos ecuatorianos, una mujer y un hombre, que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras en pisos ubicados en la capital malagueña. La suma de las penas impuestas a los integrantes de esta red roza los cien años de cárcel -en concreto, 99 años y medio- por delitos que abarcan desde la trata de seres humanos y relativos contra la prostitución hasta el tráfico de sustancias.

De acuerdo con la sentencia, a la que este periódico ha tenido acceso, se trataba de una organización criminal con roles diferenciados y en cuya cúspide se situaba una mujer. Junto a su hermano, se coordinaba con la pareja de este último y con una tercera mujer -la jefa de las denominadas 'mamis'- para lucrarse económicamente del negocio de la explotación sexual. Para ello, regentaban cuatro pisos de citas en los que las víctimas tenían que prostituirse en condiciones «penosas» y «abusivas».

Para los magistrados, ha quedado probado que la principal procesada gestionó el traslado de dos mujeres desde Colombia sin informarles previamente de que se dedicarían a la prostitución. A sabiendas de que atravesaban una situación económica precaria y de sus cargas familiares, les prometió que en Málaga podrían trabajar en centros estéticos o como acompañantes, a lo que las víctimas aceptaron.

La investigada, de acuerdo con el tribunal, organizó el traslado de estas dos perjudicadas, a las que convenció de que podrían devolverle el dinero de los billetes poco a poco y de que les había encontrado un alojamiento. Más adelante, las obligó a que borraran los mensajes que había intercambiado y les dio «instrucciones» sobre cómo debían comportarse a su llegada a España para no levantar sospechas.

Las perjudicadas no supieron que tendrían que prostituirse hasta que ya estaban en las casas que regentaba la organización, donde eran informadas por las 'mamis' del piso, quienes actuaban bajo las directrices de la acusada. Lejos de su país, sin redes de apoyo y sin dinero, las víctimas se vieron sin más opciones que aceptar.

No fueron las únicas mujeres a las que prostituyó la trama, que las sometían a una situación de explotación extrema y a un control exhaustivo a través de un sistema de sanciones. Las obligaban a estar disponibles las 24 horas para realizar los servicios. Si estos surgían cuando dormían, tenían que estar listas en cuestión de cinco minutos para atenderlos. Solo contaban con dos horas diarias y un día a la semana para descansar.

Las víctimas, de acuerdo con la sentencia, no tenían la posibilidad de rechazar ningún tipo de servicio, ni siquiera cuando los 'clientes' les exigían prácticas maratonianas, sin preservativos o no reunían las mínimas condiciones higiénicas. Además, se encontraban continuamente vigiladas por cámaras que había instaladas en estos pisos.

Por otro lado, detalla la resolución, debían entregar a la organización el 50 por ciento de sus ingresos, que continuamente se veían mermados debido al sistema de multas que les imponían. Si tardaban en volver a los pisos tras un descanso, eran sancionadas. Si tardaban más de cinco minutos en presentarse ante los 'clientes', también. De igual forma, les restaban dinero si no limpiaban las casas o si no dejaban la habitación al terminar el tiempo contratado.

Para los magistrados, la principal acusada era la encargada de dar instrucciones en todo lo relativo a la gestión de los pisos y el trabajo de las víctimas, para lo que contaba con la colaboración de las 'mamis', aunque especialmente de una de ellas, quien se había convertido «en su mano derecha».

Las acusadas que ostentaban este puesto eran las responsables de suministrar la droga a los clientes y de que se cumplieran las normas, pese a que igualmente estaban sometidas a condiciones rigurosas a cambio de bajos sueldos. En el acto del juicio, diez procesadas por estos hechos llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que rebajó su acusación a un delito contra la salud pública.

El hermano, que es otro de los principales acusados, intervenía igualmente en la gestión ordinaria de las casas, además de encargarse de las cuentas relativas al negocio de la prostitución. También era el responsable de suministrar a las distintas casas de la red las sustancias estupefacientes que tenían que ofrecer a los 'clientes'. El tráfico se centraba en la cocaína y viagra, actividad en la que también intervenía la pareja de este encausado, quien en ocasiones también acercaba la droga a las 'mamis' de los pisos.

La Fiscalía pedía inicialmente que los dos hermanos fueran condenados a 128 años de prisión, respectivamente, siendo la misma pena que solicitaba para la pareja de él y la jefa de las 'mamis'. Tras la práctica del juicio, la Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto 32 años de cárcel a la principal encausada, que ha sido condenada por dos delitos de trata de seres humanos y otros dos relativos a la prostitución. De igual modo, ha sido declarada culpable de un delito contra la salud pública y otro más de pertenencia a organización criminal.

Su hermano, por su parte, ha sido condenado a 22 años y medio como autor de cuatro delitos relativos a la prostitución, e igualmente por tráfico de sustancias y grupo criminal. A la novia de este anterior le han impuesto nueve años y medio por un delito contra la salud pública y por formar parte de la organización; mientras que la cuarta acusada, la responsable de las 'mamis', tendrá que cumplir 15 años y seis meses de prisión por cuatro delitos relativos a la prostitución y, como los hermanos, por un delito contra la salud pública y organización criminal.

Las otras diez encausadas, tras el acuerdo de conformidad alcanzado con el Ministerio Público, han sido condenadas a dos años, aunque se le ha concedido la suspensión del ingreso en un centro penitenciario.

La resolución, que todavía no es firme, ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por parte de la defensa de los dos hermanos, ejercida por la letrada Victoria Bautista. En sus recursos de apelación solicita la nulidad del fallo y que se absuelva a ambos investigados al entender que se han visto vulnerados sus derechos a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, entre otros.

Según cuenta Sur, la operación policial, llevada a cabo por los agentes de UCRIF I de la Policía Nacional en Málaga, comenzó a partir de tres denuncias recibidas en el teléfono 900 10 50 90, una de las herramientas, junto al correo electrónico trata@policia.es, con las que cuenta el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.

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