Un golpe inesperado, pero no mortal para el Real Murcia
La Audiencia Provincial deja en suspenso el Plan de Reestructuración del equipo grana, que vuelve a contar con una deuda privada superior a los 10 millones de euros
Era el último obstáculo que tenía que saltar Felipe Moreno para llevar al Real Murcia hasta la salvación total, pero su plan ha recibido ... un golpe inesperado. Tras sacar al club del concurso de acreedores y pagar la deuda pública de Hacienda y Seguridad Social, el empresario cordobés no ha podido deshacerse casi de un plumazo de la deuda privada que alcanzaba los casi 11 millones. Ahora deberá volver a intentarlo tras la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial que ha dejado helado al murcianismo.
Ayer, esta instancia judicial estimó a través de una sentencia la impugnación formulada por varios acreedores y socios del Real Murcia, y a la vez declaró la ineficacia del Plan de Reestructuración homologado judicialmente el 2 de mayo de 2024 por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia, lo que había dejado esta deuda millonaria en apenas 516.000 euros. Pero la familia grana había cantado victoria demasiado pronto.
Este plan novedoso fue aprobado por los accionistas granas en diciembre de 2023 con el voto a favor del 79,85% de los presentes en una junta histórica que apenas contó con la oposición de una cuarta parte de los propietarios. Después llegó la citada homologación del Mercantil y para el pasado 9 de julio estaba prevista la respuesta de la Audiencia Provincial a las impugnaciones de un pequeño grupo de acreedores formado por firmas como Fibranet, One Management, el Mallorca y el Málaga. Una resolución que ha llegado ocho días después y que ha sido un duro golpe para Felipe Moreno, que de momento prefiere guardar silencio y estudiar las consecuencias de la misma, y más después de haber desembolsado más de veinte millones para salvar al Murcia.
Un tirón de orejas
La resolución apunta varios motivos para dicha suspensión, como la formación defectuosa de las clases de acreedores o la falta del cumplimiento de obligaciones tributarias con Hacienda y Seguridad Social en el momento de la solicitud de homologación judicial. El Tribunal advierte al Murcia que los créditos de derecho público no podían ser válidamente afectados por el plan sin que el deudor estuviera al corriente de sus obligaciones fiscales y sociales en dicho momento, pese a que luego fueran solventadas.
La entidad, aunque no se ha pronunciado sobre la dura sentencia, quiere presentar un nuevo Plan de Reestructuración
La sentencia también apunta la omisión de requisitos formales en la elaboración del plan. De hecho, señala que el voto favorable del Ayuntamiento de Murcia y de la empresa pública Emuasa no suple el incumplimiento de la obligación de aportar certificaciones de otros acreedores. La Audiencia Provincial, de hecho, critica el papel del crédito público en la aprobación del plan ya que éstos están legalmente protegidos y no sufren sacrificios, aunque su voto favorable al mismo arrastró al resto de acreedores a asumir grandes pérdidas.
Y es que cabe recordar que el plan imponía una quita del 100% a los créditos subordinados y del 95% de los ordinarios con el único voto favorable de los créditos públicos. Para la Audiencia, esta circunstancia ha roto el principio de igualdad entre acreedores y ha vulnerado el derecho de defensa de quienes sí asumen pérdidas. «No tiene ninguna justificación, en términos de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad, igualdad y derecho de defensa que, con base en unos créditos protegidos legalmente y casi intocables, que se satisfacen en primer lugar por mandato legal, se arrastre a los créditos que soportan el sacrificio del Plan de Reestructuración y que el voto de éstos en contra no tenga ningún efecto legal», subraya la resolución judicial.
La errónea formación de clases de acreedores y la deuda pública impagada entonces son algunas de las causas del varapalo
Pero hay más ya que la Audiencia cuestiona la legalidad de la creación de una clase de acreedores, la séptima, integrada únicamente por el socio mayoritario que en este caso es Felipe Moreno, al considerar que su constitución responde a una finalidad puramente instrumental: asegurar la mayoría simple necesaria para aprobar el plan. Según el Tribunal, el socio mayoritario, al convertir su crédito en capital social de forma inmediata, queda exento de cualquier sacrificio económico, como quitas o esperas, señalando el derecho de suscripción preferente que se le reconoce.
La resolución también es dura al analizar la retirada de impugnaciones por parte de varios acreedores subordinados integrantes de la clase sexta que inicialmente solicitaron la impugnación, como Enrique Roca o la Liga de Fútbol Profesional. El Tribunal considera que esta contradicción permite presumir que se ha producido una modificación unilateral del plan, en beneficio de dichos acreedores y posiblemente eliminando la quita del 100% inicialmente prevista. «No responde a una lógica jurídica, financiera y empresarial que todas esas empresas acreedoras renunciaran a la impugnación del Plan de Reestructuración sin alcanzar algún tipo de acuerdo con la deudora», dicen los magistrados.
La potencia de un club como el Real Murcia se deja notar en la sentencia, que reconoce «la relevancia social» de una entidad «de más de 100 años de historia y un fuerte vínculo con la capital murciana». Los jueces reconocen «el peso simbólico del club y los motivos emocionales que podrían haber llevado a algunos acreedores como el Ayuntamiento de Murcia a no solicitar la declaración de incumplimiento del convenio», aunque después asegura que ni siquiera este calado social le permite a los jueces hacer excepciones a la hora de aplicar la ley de forma estricta y objetiva.
Una puerta abierta
La sentencia ha sido un revés imprevisto para Felipe Moreno y también para los aficionados granas que desde hace meses se habían olvidado del mal de fondo que siempre envolvió a una entidad que, pese a todo y después de esta sentencia contra la que no cabe recurso, apenas tendría como deuda privada los citados casi 11 millones que vuelven a tener cara y ojos tras la anulación del Plan de Reestructuración. Eso sí, el Real Murcia está más vivo que antes ya que la deuda privada, la que realmente amenazaba su existencia, ya no existe después de los desembolsos millonarios del empresario cordobés. No obstante, los asesores legales del club, con Higinio Pérez a la cabeza, estiman que la propia sentencia deja abierta una puerta a la rectificación. Y es que, como ya ha pasado un año desde la homologación del plan por el Mercantil, el club puede presentar otro Plan de Reestructuración corregido que salga adelante y haga desaparecer esta deuda privada, el último escollo para que el Real Murcia quede limpio otra vez.
Eso sí, hará falta que de nuevo los accionistas granas, puede que también los que se evaporaron con la aprobación del plan y la constitución del nuevo capital social, tengan que dar otro paso adelante para seguir apoyando a un Felipe Moreno que ya sabe que en el Real Murcia todo es más difícil y que nunca se puede cantar victoria, ni en el césped ni en los despachos. El nuevo plan es, por ahora, la única solución que hay encima de la mesa presidencial del Enrique Roca ya que un nuevo concurso de acreedores sería un paso atrás para que la entidad grana volviera al fútbol profesional a corto o medio plazo.
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