Un culebrón que arranca a finales de 2017

El culebrón por la propiedad del Real Murcia que ha desembocado en la última sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial, formada por los magistrados Carlos Moreno Millán, Francisco José Carrillo Vinader y Rafael Fuentes Devesa, arrancó a finales de 2017 cuando García de la Vega apareció en la vida de la entidad grana. Raúl Moro, con sus recursos agotados, emprendió la busqueda de un empresario capaz de ingresar líquidez en la entidad grana.

El 13 de diciembre de 2017 Corporación Augusta, dueña del 84,2% del club, e Iconos Nacionales, de García de la Vega, celebraron un contrato con opción a compra de la entidad a favor del empresario mexicano que éste ejecutó el 7 de marzo de 2018. Raúl Moro, que no estaba de acuerdo porque interpretó el contrato de forma distinta, no reconoció la compra y vendió posteriormente el mismo paquete accionarial a Gálvez Brothers, firma del empresario oriolano Víctor Gálvez.

Viendo que el empresario extremeño no reconocía la compra, García de la Vega decidió el 4 de abril de 2018 acudir al TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte), que aseguró en su sentencia que la compra era legal y que el Real Murcia era de García de la Vega. Además invitaba a Corporación Augusta a poner todos los medios necesarios para inscribir a García de la Vega en el libro de socios del club como máximo accionista grana. Pero ni Moro ni Gálvez, ni tampoco los posteriores consejos de administración del club estimaron que debían inscribir al mexicano sin que éste ejecutara antes la sentencia del TAS en el TSJ de Andalucía, circunscripción de la empresa de Moro que había vendido las acciones.

García de la Vega no pudo asistir como socio a ninguna de las juntas de accionistas posteriores a su compra, ni tampoco a la del citado 4 de septiembre en la que los Gálvez aprobaron una ampliación de capital que, meses después, reunió 1,3 millones y coronó a Francisco Tornel como máximo accionista grana. Pero eso, para la Audiencia Provincial, no vale.