Ya hay Presupuestos: ¿y ahora qué?
Tempus fugit ·
López Miras podría ver una oportunidad para zafarse de las presiones de Vox, desmarcarse de algunos postulados con los que ha tenido que tragar y hasta poner a los pies de los caballos a su exsocio obligándolo a posicionarse sobre leyes que, en teoría, llegarán a la Asamblea con el aval de los colectivos afectados
El abrazo entre el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y su consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, tras la aprobación de los Presupuestos de 2025 en la Asamblea Regional, el miércoles pasado, representa mucho más que un gesto de felicitación. Supone un bálsamo para el Gobierno regional, que hasta el último minuto no ha terminado de fiarse del sentido del voto de Vox a pesar del acuerdo firmado con el PP que tanta polémica ha generado –con la oposición como principal altavoz– por las referencias a la inmigración y el cierre del centro de menores extranjeros de Santa Cruz (Murcia). El peso que se quita de encima el Ejecutivo autónomo con el visto bueno a las Cuentas –gracias a la abstención del partido de Abascal– es tan grande como difícil y tortuoso se convertirá el camino hasta las elecciones de mayo de 2027. Porque parece evidente que estos Presupuestos serán los últimos que salen adelante en la presente legislatura, toda vez que los de Antelo y compañía probablemente recibirán órdenes desde Madrid para marcar distancias con los populares y provocar su desgaste con el objetivo de arañar todos los votos posibles a la formación de Feijóo en los feudos donde se encuentran más fuertes.
Y López Miras lo sabe. Es consciente de que en los casi dos años que tiene por delante le lloverán las zancadillas en el Parlamento y la crispación reinante en el hemiciclo subirá más de tono si cabe. Pero lejos de contemplar el nuevo escenario como un vía crucis, el presidente, como buen corredor de fondo que es, podría ver una oportunidad para zafarse de las presiones de Vox, desmarcarse de algunos postulados con los que ha tenido que tragar y hasta poner a los pies de los caballos a su socio de gobierno durante el primer año de legislatura obligándolo a posicionarse acerca de iniciativas legales que, en teoría, llegarán a la Asamblea con el aval de los colectivos e instituciones afectados, como es el caso de la nueva Ley de Universidades, consensuada entre la Consejería que dirige Juan María Vázquez y las tres universidades de la Región: las públicas UMU y UPCT y la privada UCAM. Creen en San Esteban que no se entendería el bloqueo a un texto legal tan reclamado por las tres instituciones citadas y al mismo tiempo tan necesario para dar estabilidad de futuro y financiación al sistema universitario, desatendido históricamente. Dicho esto, votaciones tengas y las ganes, que diría aquel. En política lo único seguro es que no hay nada seguro, salvo rodillos de mayoría absoluta, tan olvidados como anhelados por el PP murciano.
El decreto ley de Vivienda Asequible, una de las apuestas prioritarias de López Miras para intentar mitigar el grave problema del acceso a un hogar digno, constituye otro de los acontecimientos que marcarán el calendario legislativo hasta las próximas autonómicas. La Comunidad pretende redefinir el modelo de vivienda protegida en la Región para dar más facilidades administrativas y económicas tanto a promotores como a compradores. Sin embargo, habrá que ver si la oposición, principalmente Vox, está dispuesta a transigir con que el presidente regional se coloque esta medalla en un tema tan goloso para la hoja de servicios de cualquier político que se precie. Y no parece que el Partido Popular vaya a ceder ni un ápice de protagonismo al grupo parlamentario de José Ángel Antelo y menos aún a los socialistas y a Podemos. Lo ideal sería que el decreto ley de Vivienda Asequible saliera finalmente adelante con aquellas aportaciones que lo enriquezcan, provengan del partido que provengan, aunque los precedentes con otras propuestas en la Asamblea no dejan mucho espacio al optimismo.
Otro escollo para el Gobierno de López Miras se halla en la nueva Ley de Simplificación Administrativa –la cuarta ya– pactada con la patronal Croem y que persigue «agilizar trámites y que los ciudadanos, los autónomos y los empresarios puedan destinar menos tiempo y recursos a la burocracia y más a la creación de empleo y riqueza», en palabras de la consejera Marisa López Aragón el día de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Vox anunció que lo apoyará, pero que pedirá su tramitación como proyecto de ley para poder presentar enmiendas a un texto que su líder regional considera «muy mejorable». Así que el resultado final se prevé una incógnita a día de hoy.
Por último, la otra iniciativa legislativa de calado tiene que ver con la posible reforma de la norma de protección del Mar Menor, sin duda la más polémica por el impacto social causado por el deterioro medioambiental de la laguna y por la afectación a los agricultores del Campo de Cartagena, en pie de guerra por la que consideran una ley injusta para sus intereses y que les castiga de manera excesiva. Mientras el PP ve con buenos ojos modificar algunos artículos siempre que no se rebajen las exigencias de preservación del ecosistema, Vox seguirá reclamando manga ancha para el agro, en defensa del lobby que mueve sus hilos. Conclusión: la reforma de la ley del Mar Menor parece ahora más complicada que nunca.
