Mordidas soterradas

Los hitos históricos marcan la senda del progreso económico y social de un territorio. En el caso de la Región de Murcia, entre otros logros de los últimos 50 años podríamos destacar el apoyo masivo a la Constitución española en el referéndum de 1978, la aprobación del Estatuto de Autonomía, el primer envío de agua del Trasvase Tajo-Segura para regar nuestro campo, la construcción de las autovías que vertebran la Comunidad, el primer trasplante de órganos en La Arrixaca, la puesta en servicio del aeropuerto de Corvera –cierto es que a medio gas– o la inauguración de la línea de alta velocidad entre la Región y Madrid, aunque con un buen rodeo por la provincia de Alicante. Me dejo, seguro, otros momentos memorables, pero tanto estos últimos como aquellos presentan un rasgo común relacionado con la apropiación política del mérito, a veces con razón y otras sin ella, aunque siempre utilizados como reclamo electoral, no vaya a ser que al pueblo llano se le olvide y vote al contrario.

El problema surge cuando los éxitos políticos vienen envenenados y explotan en el peor momento posible echando por la borda el relato hilvanado durante muchas horas de estrategia y cálculos electorales. No es descabellado trasladar hoy esta controversia a la mente de numerosos socialistas murcianos tras destaparse el reciente escándalo del 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán' y su derivada en la Región a propósito de las obras para traer la alta velocidad ferroviaria. En su último informe trasladado al juez, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela el presunto cobro por parte del exministro de Transportes y exsecretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García de hasta 550.000 euros en mordidas por dos adjudicaciones de trabajos del AVE que afectaban a la Región, una de ellas correspondiente al soterramiento de las vías. Unos cobros fraudulentos que, según se desprende de las conversaciones analizadas por los investigadores, supuestamente habrían estado gestionados por Santos Cerdán, secretario de Organización y mano derecha de Pedro Sánchez hasta que el jueves fue obligado a dimitir de todos sus cargos poco antes de ser repudiado públicamente por el presidente del Gobierno. «Nunca debimos confiar en él», declaró un Sánchez aparentemente abatido, pero sin ninguna intención de asumir su responsabilidad política en un presunto caso de corrupción que no tiene nada que envidiar a otros lamentablemente ocurridos en el partido contrincante.

Desde los inicios del movimiento vecinal de Santiago el Mayor –sin lugar a dudas uno de los más reivindicativos y mejor organizados de España–, el PSOE hizo suya la bandera del soterramiento en Murcia y no dudó en apuntarse el tanto cuando el Ejecutivo central –ya en manos socialistas tras la moción de censura a Mariano Rajoy– paralizó la llegada provisional de los trenes en superficie, como planificó el PP, y apostó por concluir la infraestructura bajo tierra antes de poner en servicio el esperado AVE, aunque eso supusiera un importante retraso en los plazos de finalización previstos, para disgusto del Gobierno regional y de los empresarios, que no aceptaban más demoras y que consideraban perfectamente compatible la llegada en superficie con la ejecución del soterramiento.

El propio Pedro Sánchez sacó pecho de la lucha vecinal el día que inauguró el primer viaje Madrid-Murcia, el 19 de diciembre de 2022. «Por fin llega el AVE a Murcia y lo hace como querían los vecinos, soterrado», presumió el presidente en el andén de la estación del Carmen. Como querían los vecinos y seguramente, a tenor de las revelaciones del informe de la UCO, como también perseguían Ábalos y su escudero, que se habrían embolsado unos cuantos cientos de miles de euros a costa de una obra tan simbólica para el socialismo. La mancha de la corrupción empaña así uno de los proyectos emblemáticos para la recuperación y el desarrollo de la zona sur de la capital de la Región.

A pesar de la gravedad de los escándalos que durante años vienen sacudiendo la vida pública, la regeneración democrática continúa siendo una asignatura pendiente en España, donde los pelotazos, las comisiones ilegales y otras conductas irregulares o delictivas torpedean la línea de flotación del Estado de derecho y ponen en evidencia, dicho sea de paso, las deficiencias del sistema, empezando por el de contratación de obras públicas. Algo falla en los procedimientos de control cuando un ministro promueve adjudicaciones a su antojo con la presunta finalidad de enriquecerse de forma ilícita. Del mismo modo que algo no funciona si existen empresas dispuestas a aceptar sobornos como condición para hacer negocio.

Acorralado por los casos de presunta corrupción –su hermano, su mujer, sus dos secretarios de Organización– y el procesamiento del fiscal general, y maniatado por sus socios independentistas, la situación de Sánchez y su Gobierno es ahora más insostenible que nunca y todo apunta a que les esperan nuevos sobresaltos en los próximos días. El estado de descomposición del panorama político actual solo puede repararse con el oxígeno renovado que proporcionan las urnas. Lo contrario sería arrastrar por el fango y el descrédito a la democracia española y a los ciudadanos, la gran mayoría hartos ya de asistir a tan lamentables espectáculos.