Derecho y deber

En la actualidad, el mercado inmobiliario en España está siendo objeto de un profundo análisis y debate público, debido a su impacto en la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. En los últimos años ha habido fluctuaciones en el sector, desde la burbuja inmobiliaria y su posterior estallido, hasta la recuperación gradual que, sin embargo, ha dejado a muchos sectores de la población con dificultades, cuando no un imposible, para acceder a una vivienda asequible.

El problema se ha enquistado y no llegan las soluciones por lo que aumenta el malestar entre la ciudadanía que ha convocado manifestaciones en distintas ciudades españolas. Entre ellas una en Madrid, dentro de 9 días, con el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio'. Y claro que la vivienda es un derecho, pero también es un negocio. Lo que ocurre es que los poderes públicos no se ponen de acuerdo en abrir líneas de actuación, conjuntas con la iniciativa privada, y cualquier propuesta deriva en politiqueo.

Desde 2015, el precio de compra en España ha subido un 42% y los alquileres se han disparado. Es un problema grave que no permite dimes y diretes entre políticos ni entre comunidades y gobierno central. Todas las administraciones deben activarse para aportar suelo y agilizar los proyectos.

Se ha perdido mucho tiempo ya. El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal lastre para el bienestar de las familias y para las expectativas de futuro de los jóvenes. No prolonguen la espera, no abunden en la frustración. La crisis de vivienda exige respuestas urgentes con más atención a las nuevas generaciones, muy cualificadas y, sin embargo, con empleos no acordes con su formación académica, lo que está conduciendo a que las generaciones más formadas de la historia también sean las más desaprovechadas.

Sean responsables.