Paros en la Justicia, ¿oportunismo u oportunidad?

Aunque reiteradamente se venga afirmando que la justicia no puede ser considerada como tal si se retrasan de forma considerable las resoluciones judiciales, la disposición para corregir esta situación es escasa a tenor de la atención que se le depara en los programas electorales de todos los partidos, sin excepción, y en las escasas dotaciones recogidas en los presupuestos, y es que parece que este asunto tiene una traducción en votos muy limitada. Se nota claramente la falta de voluntad política, porque de existir, sería tan fácil como destinar a la Administración de justicia similares medios en forma de infraestructuras, incluidas las informáticas, y los recursos humanos y económicos asignados a la Agencia Tributaria, que tiene suficientemente reconocida su eficacia recaudatoria. De ser así, y sin olvidar que el sistema debe ser debidamente garantista, los actuales plazos podrían reducirse considerablemente.

Con todo, sigue habiendo otras cuestiones pendientes. Una de ellas está relacionada con pasar por alto con demasiada frecuencia que la labor de los jueces es aplicar e interpretar la ley y que la calidad de esta corresponde al Legislativo, que debería mejorar la redacción técnica y formal que eliminase errores o lagunas de difícil corrección posterior. Sería incluso oportuno recomendar el que se atendiese al derecho comparado europeo real y no tanto al que de manera interesada se nos quiere vender últimamente. Y, naturalmente, los sistemas de elección de los jueces en línea con los criterios sugeridos por Bruselas es otra asignatura pendiente a la hora de reforzar la deseable independencia, o la conveniente revisión de la legislación procesal. La máxima aspiración que sería la de llegar a un pacto de Estado sobre la justicia, como podría ser también sobre la educación, por muy deseable que sea, se antoja hoy como algo imposible, dada la nula disposición de las fuerzas políticas a consensuar acuerdos de menor relevancia.

En este contexto, en el que aparte de las notables demoras de los fallos judiciales hay que sumar las derivadas de los paros actuales, tiene sentido reivindicar la figura del arbitraje, sin que quepa hablar de oportunismo. Primero, porque al margen de situaciones puntuales, desde el día que asumí la presidencia de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Murcia he venido defendiendo la utilidad de esta herramienta, especialmente en el ámbito mercantil, y, segundo, porque nunca se planteó como competencia con la jurisdicción ordinaria, sino, en todo caso, para aliviarla, aunque fuese de forma modesta, de su excesiva carga de trabajo, especialmente en aquellos supuestos en que las partes litigantes muestran su interés en resolver rápidamente sus controversias. A la ventaja de obtener un laudo en un plazo inferior a seis meses, se añade la de la firmeza del mismo, la de la confidencialidad, algo especialmente valorado, y la posibilidad de que las partes puedan acordar el árbitro que consideren más adecuado atendiendo a la especialización que requiera el asunto a tratar.

Deberíamos considerar la oportunidad que nos brinda el actual conflicto para abordar no sólo las aportaciones aisladas o puntuales, en donde el arbitraje es una pequeña contribución, aunque con una considerable potencialidad. Pensemos en que el hecho de que el arbitraje esté consolidado en los países anglosajones requirió tiempo y dinero para difundirlo, primero, e incentivarlo después, en cuantías muy inferiores a las que serían necesarias para la creación de nuevos juzgados con sus correspondientes plantillas. En realidad, la preocupante situación actual debería servir para reclamar las reformas de calado que son necesarias. Las próximas elecciones generales podrían propiciar un debate en profundidad sobre las diversas propuestas para contar con una justicia moderna y eficaz y en esa dirección sería especialmente bienvenida la inestimable colaboración de la prensa escrita para favorecer el ambiente necesario. Los extensos y generosos tratamientos que los editoriales han venido dedicando a las demoras en la renovación de los órganos judiciales podrían ser sustituidos por otros que se ocupasen de los aspectos estructurales, ya de por sí con suficiente entidad. Ayudaría, sin duda, a que en el futuro pudiesen reducirse las incertidumbres que generan los retrasos en miles de ciudadanos pendientes de la resolución judicial que les afecta, y que generan perjuicios económicos y reputacionales de difícil reparación.

Mientras tanto, la ministra Pilar Llop sigue delegando en sus colaboradores y no se decide a asistir a ninguna de las reuniones mantenidas con el comité de huelga de los letrados la Administración de Justicia para impulsar el cierre de un conflicto que ya ha dejado más de 200.000 vistas suspendidas. Es la misma person que provocó más de una sonrisa forzada cuando comentó que en el transporte público el comentario general era el referido al bloqueo en la renovación de los órganos judiciales, y la que siendo titular de la cartera de Justicia, en la 'ley del sí es sí', parece resignada a tener un papel secundario en la pugna entre Irene Montero, ministra de Igualdad, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda.