El gran apagón y la búsqueda de responsabilidades

Y es que, con las lentes del constitucionalista, me interesa abordar ahora algunos elementos clave sobre cómo debemos responder en democracia ante un evento como el sucedido, centrándonos en la rendición de cuentas y en la forma de depurar las correspondientes responsabilidades políticas, si es que las hubiera.

De cómo se vivió el evento en sí, creo que cabría destacar dos elementos: por un lado, el civismo de la población en general. Sin escenas de pánico, más allá de las urgencias propias derivadas de la carencia de suministros esenciales y de la prudente provisión de bienes básicos que fuimos haciendo (con los precedentes de covid y dana era difícil confiar). Yo me encuentro entre los que hicieron cola para comprar una radio a pilas gracias a la que pude mantenerme informado. Ese día, el bazar de la esquina de mi barrio, atendido por un atento matrimonio, cumplió una auténtica función de servicio público. Y este desenvolvimiento sin estridencias de la población es especialmente reseñable por la segunda de las cuestiones: porque se desarrolló sin que hubiera una clara dirección pública de la grave situación que se estaba viviendo. Es cierto que se reforzaron servicios policiales y de emergencias, se movilizó a la UME, pero la impresión que quedaba cuando uno lograba acceder a alguna fuente de información es que no había instrucciones para saber a dónde y cómo dirigirse ante una situación de necesidad en la que, para colmo, las telecomunicaciones estaban también colapsadas. Además, las comparecencias del presidente Sánchez llegaron tarde y sin aportar información relevante. Como ha señalado Ricardo Dudda, a colación de la dana y de la gestión de esta crisis, tenemos una «clase política experta en la gestión de crisis posmodernas (guerras culturales, crisis comunicativas) e incapaz de gestionar crisis modernas, en las que realmente hace falta que el Estado haga acto de presencia». Aunque, en este caso, creo que ni la comunicación se supo gestionar, como he adelantado.

Y ahora queda la segunda parte: la búsqueda de las causas y, como corolario, el establecimiento de las responsabilidades y de las medidas hacia el futuro. El presidente Sánchez ha adelantado a este respecto que va a crear una comisión de investigación liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica y que ha solicitado un informe al Grupo Europeo de Coordinación de la Electricidad, que depende de la Comisión Europea. Además, comparecerá el 7 de mayo en el Congreso, cuando iba a presentar su plan de defensa. Al tiempo que ya se ha aventurado a esbozar su relato señalando a los operadores privados y reformas normativas. Pero, ¿si dice desconocer el origen del mal, cómo adelantar ya culpas y reformas?

En cualquier caso, no creo que esta propuesta gubernamental sea la adecuada para canalizar la depuración de responsabilidades. Especialmente, porque el Gobierno no puede ser juez y parte. El mercado eléctrico está altamente regulado, el Ejecutivo lo supervisa y la encargada de garantizar el suministro y el transporte de electricidad es Red Eléctrica Española, en la que el accionista de referencia es el Estado. De hecho, está presidida por una exministra socialista. Nuevamente, como ha estudiado la Fundación Hay Derecho en su Dedómetro, organismos y empresas con participación pública se convierten en glorioso retiro para cargos políticos sin experiencia en los sectores. Amén de que el Gobierno ha apostado por una política energética que, entre las hipótesis a investigar, podría estar vinculada con las causas del apagón.

Por ello, en una democracia sólida, la vía para esclarecer lo ocurrido sería otra: se constituiría una comisión de investigación en el Congreso, con apoyo bipartidista, asesorada por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso, con audiencias públicas de expertos independientes, para esclarecer las causas de lo ocurrido y reflexionar sobre el modelo energético que queremos. En particular esto último es una decisión política que no puede adoptarse por mayorías coyunturales, sino que reclama un gran acuerdo transversal. Ciencia ficción en nuestra política actual.