Financiación y extranjería en la tarta confederal

Se persevera en el gran vicio que ha minado nuestro modelo de organización territorial: ir negociando cesiones de competencias para contentar a partidos nacionalistas insaciables sin detenerse a valorar la racionalidad del sistema. Ello acompañado de la incapacidad de los grandes partidos de afrontar la reforma de la ordenación territorial con una visión común. Lejos quedan los grandes acuerdos autonómicos que se celebraron en los ochenta y los noventa para tratar de dar un sentido al proceso de descentralización política en nuestro país. Desde entonces, han sido innumerables las propuestas y estudios que avanzaban reformas sensatas que nunca han terminado de cuajar políticamente.

Y así llegamos hasta nuestros días, con un Estado cada vez más escuálido, que sufrió una insurgencia cuyos líderes ahora han tomado la medida al presidente del Gobierno a quien mantienen en el cargo con ventilación asistida. Sin un acuerdo estable de legislatura, cada medida que consigue sacar adelante este Gobierno en el Parlamento se alcanza previo pago de importantes peajes a los partidos nacionalistas que, pieza a pieza, van desmembrando el Estado en un proceso de mutación hacia un orden confederal incompatible con los fundamentos de la Constitución de 1978.

El ejemplo de las dos medidas anunciadas es palmario a este respecto. Por un lado, como han evidenciado algunos de los más prestigiosos estudiosos de la financiación autonómica, el cálculo de la deuda que se condonará a cada autonomía se ha realizado trucando variables para lograr el resultado comprometido para Cataluña. Por mucho que se haya tratado de vestir el muñeco, al final el cálculo dista de responder a la lógica de preservar una auténtica equidad. Y ni siquiera es una quita real, porque la carga se reparte entre todos los españoles. De forma que son los irresponsables los que de verdad se benefician. Y todo ello se hace sin afrontar el gran debate que sí que es necesario: reformular nuestro caduco sistema de financiación autonómica. Pero, ya sabemos, que la dirección política es otra: dotar de una financiación «singular» a Cataluña para acercarla al insolidario régimen de concierto o cupo vasco-navarro.

Por otro lado, la delegación de competencias de extranjería y fronterizas a Cataluña nos sitúa en el núcleo de lo esencialmente estatal. Así, la Constitución prescribió que «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo» fueran competencia exclusiva del Estado. No sólo reservó al Estado la competencia legislativa en estos ámbitos, sino de forma genérica todo el haz de competencias sobre estas materias (legislación, funciones ejecutivas y reglamentarias), consciente de que es un ámbito muy sensible que requiere una unidad de criterio a nivel normativo, pero también en cuanto a la gestión administrativa. Es verdad que la Constitución también incluye un precepto que ha sido sumamente problemático, el art. 150.2 CE, que permite al Estado delegar o transferir competencias de titularidad estatal a alguna Comunidad, a condición de que «por su propia naturaleza» sean susceptibles de tal delegación. La pregunta es entonces, ¿la naturaleza de estas competencias veda tal transferencia? Mi respuesta es que no cabe la delegación al encontrarnos en ámbitos nucleares de la soberanía del Estado, cuya transferencia, por mucho que haya una legislación común, generará desigualdades de trato cuando sea la Comunidad la que decida permisos o expulsiones. El acuerdo lo dice claramente: el objetivo es que Cataluña desarrolle un «modelo propio, una política integral» para relacionarse con los inmigrantes. Para colmo, la lectura del acuerdo evidencia un tufo identitario y adelanta barreras lingüísticas. ¿Cuándo un gobierno autonómico de Vox pida su parte se le dará? ¿Estas políticas autonómicas son compatibles con un espacio sin fronteras interiores y con libertad de circulación?

En fin, mientras Europa se plantea la necesidad de más integración, en España damos pasos atrás hacia el desmembramiento confederal.