Babel lingüística

Personalmente, estoy convencido de que, como reza nuestra Constitución, «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Ahora bien, lo que no es de recibo es que se creen barreras de entrada atendiendo a criterios lingüísticos (en las oposiciones es una cuestión sangrante) y, ni mucho menos, que se discrimine a quien tiene como lengua el español (como ocurre en la educación). Pero tampoco considero constitucionalmente adecuado que se pretenda situar en una posición de paridad al español con respecto al resto de lenguas cooficiales, elevando la categoría de estas últimas. Por una razón muy básica: porque sólo el español es la lengua común. Precisamente, porque, lejos del relato nacionalista, el español no es una lengua importada a ninguno de los territorios de nuestro país, sino que ha crecido como propia en todos ellos.

Un presupuesto que tiene traducción expresa en la Constitución de 1978 cuando declara que «el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Mientras que «las demás lenguas españolas serán también oficiales», pero sólo «»n las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». De ahí que no exista un correlativo deber de conocer esas lenguas cooficiales, por mucho que en esos territorios se pueda imponer su enseñanza –lo cual me parece lógico–.

Pues bien, en esta legislatura donde el PSOE para alcanzar el Gobierno ha tenido que abrazar el mantra confederal auspiciado por Junts, uno de los peajes a pagar, y no de precio menor (no sólo por su coste económico, sino, sobre todo, por lo simbólico), ha sido elevar las lenguas cooficiales a espacios que no le eran propios, con la excusa de que son la lengua materna de algunos compatriotas.

Así, en los albores de la legislatura, la primera medida fue impulsar una reforma del Reglamento del Congreso para introducir las lenguas cooficiales. Lo que nos ha permitido ver cómo los diputados usan intérpretes para las intervenciones en las tribunas parlamentarias, mientras que hablan con normalidad en español en la cafetería. Si en el Senado, como cámara pretendidamente de representación territorial, la introducción de las lenguas cooficiales podía tener un sentido, en el caso del Congreso no creo que tenga razón de ser.

Al mismo tiempo, ya entonces el Gobierno todavía en funciones (y extralimitándose por ende de sus competencias) abrió la negociación en Bruselas para que nuestras lenguas cooficiales pasaran a ser reconocidas también a nivel de la Unión Europea. Un dislate que, de momento, ha sido frenado en el Consejo esta semana. Y se ha frenado no sólo por razones políticas (convertir a Europa en una babel lingüística aún mayor con lenguas regionales sería suicida), sino también jurídicas. Los servicios jurídicos del Consejo y de la Comisión parece que no se han enredado con los ardides de nuestro ministro de Exteriores y son conscientes de que en España, constitucionalmente, la única lengua oficial del Estado es el español. Y, por ende, no cabe dar paso en Europa a lenguas que no son oficiales de un Estado miembro. Ese era el objetivo simbólico: que el catalán (y con ello Cataluña) fueran elevados a un estatus que hoy por hoy sólo corresponde a los Estados soberanos.