Presupuestos regionales y políticas sociales

El tercer sector de acción social trabaja en estrecha colaboración con la Administración Regional y con sus 45 municipios, siendo muchos los servicios y programas que, por configurarse como una responsabilidad pública en el marco de las competencias autonómicas, se financian con cargo a los Presupuestos regionales. Programas y servicios que con la prórroga de los Presupuestos no podrán ver actualizadas e incrementadas sus dotaciones presupuestarias, para estar acompasadas con el crecimiento de las necesidades de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Tampoco será posible, en un escenario de prórroga presupuestaria, impulsar nuevas metodologías y estrategias de intervención que nos permitan ser más eficaces en la lucha contra las desigualdades, la discriminación, la pobreza y la exclusión social.

El intenso trabajo que despliegan las entidades sociales cuenta con una importante dependencia de la financiación pública, dado que actúan como coadyuvantes de la responsabilidad pública en su despliegue. Somos conscientes de que gran parte del trabajo que realizan las entidades sociales en pro de mejorar la calidad de vida y defender los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Las realizan en el marco de la responsabilidad de las distintas administraciones públicas, debido a su mayor agilidad, conocimiento de primera mano de las distintas situaciones y, por qué no decirlo, de un menor costo sin disminuir la calidad en la atención.

La situación que nos plantea el comienzo del año 2025 sin tener unos Presupuestos aprobados por parte de la Comunidad Autónoma es de incertidumbre, desasosiego y, sobre todo, de temor a no poder hacer frente a los nuevos retos que se plantean al tener que seguir abordando las necesidades sociales y garantizando el acceso a los servicios del estado de bienestar de aquellas personas que se encuentran en situaciones de desventaja social.

Esto no solo afectará su capacidad para prestar servicios, sino que también influirá negativamente en su estabilidad operativa y la sostenibilidad a largo plazo. Muchas entidades sociales son responsables de proporcionar servicios esenciales a los colectivos más vulnerables, como atención sanitaria, apoyo psicológico, programas de integración para personas con discapacidad, integración de personas migrantes, acompañamiento a personas mayores en situación de soledad no deseada, etc. Sin el respaldo financiero del Gobierno regional, estos servicios podrán verse gravemente reducidos o, en algunos casos suspendidos, dejando a muchas personas sin el apoyo que necesitan, aumentando la carga sobre las familias y saturando los servicios públicos.

Las entidades sociales no solo proporcionan servicios esenciales, sino que también son una fuente importante de generación de empleo. Más de 10.000 personas en nuestra Región trabajan en ONG, especialmente en atención social, educación, sanidad o acompañamiento social. La prórroga de los Presupuestos podrá llevar a recortes de personal y al incremento de las tasas de desempleo. Más en un contexto en que los convenios colectivos del sector contemplan subidas de salarios vinculadas al IPC que no se podrán asumir. Además, la reducción de programas orientados a la inclusión social y la reducción de la pobreza podría incrementar las desigualdades, dejando a los grupos más vulnerables en una situación aún más precaria.

Muchas entidades tienen previsto poner en marcha nuevos proyectos y actividades, en el marco de la necesaria innovación social, implementando proyectos que por ejemplo buscan reducir la brecha digital y mejorar el acceso a la tecnología para todos. Sin la financiación adecuada, estos proyectos de digitalización podrían estancarse, dejando a muchas personas sin acceso a herramientas y recursos modernos. Esto no solo afectaría a la calidad de vida de los beneficiarios, sino que también podría reducir la competitividad de la Región en el ámbito de la innovación social y tecnológica.

Esta incertidumbre financiera no solo afecta a la viabilidad de las entidades, sino que también tendrá un impacto profundo en la moral y la motivación de sus trabajadores y voluntarios. La falta de recursos y la inseguridad laboral pueden llevar a la desmotivación y al agotamiento del personal, lo que a su vez puede afectar la calidad de los servicios proporcionados. Además, la pérdida de personal clave, debido a la falta de financiación, puede dificultar la capacidad de las ONG de acción social para atraer y retener talento, lo que es crucial para su funcionamiento y desarrollo.

La falta de aprobación de los Presupuestos autonómicos para 2025 tendrá un impacto negativo en las políticas sociales, con una reducción significativa de financiación, lo que afectará su capacidad para proporcionar servicios esenciales, crear empleo, reducir la desigualdad, colaborar con otras entidades, y llevar a cabo proyectos innovadores. Es crucial que se encuentren soluciones para asegurar la financiación necesaria y permitir que estas organizaciones continúen con su valiosa labor en la comunidad.

Desde el tercer sector de acción social realizamos un llamamiento a todos los partidos políticos de la Región con representatividad en la Asamblea Regional instándolos a que dialoguen, acuerden y aprueben unos Presupuestos que son cruciales para las personas con mayor vulnerabilidad en la Región de Murcia y para la sostenibilidad de las políticas sociales.