Patrimonio y responsabilidad

De inmediato, sentí la obligación de resaltar la trascendencia de hacer efectivo el deber constitucional de proteger el patrimonio histórico, arqueológico y cultural. Para ello es vital articular las acciones necesarias para evitar que esta legislación quede reducida a una categoría meramente programática.

La propia Exposición de Motivos de la Ley 4/2007, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, declara que «el patrimonio cultural de la Región de Murcia constituye una de las principales señas de identidad de la misma y el testimonio de su contribución a la cultura universal. Los bienes que lo integran constituyen un patrimonio de inestimable valor cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los murcianos, y especialmente a los poderes públicos que los representan».

Como vemos, la propia ley nos encomienda a todos, como principales beneficiarios de este patrimonio, el cometido de garantizar su conservación, restauración, rehabilitación, enriquecimiento, conocimiento, difusión y fomento con la misión fundamental de hacer posible el disfrute del mismo por las generaciones venideras. Por tanto, se configura como clave en el ensamblaje del sistema la necesaria participación de la sociedad. Ahora bien, esta obligación se estructura a través de distintos niveles de exigibilidad.

Así, con carácter básico, todos los ciudadanos estamos vinculados por este mandato legal y nos corresponde impulsar, a través de formas asociativas adecuadas, el desarrollo de una sociedad civil fuerte y organizada, que tenga como objetivo vigilar el cumplimiento de esta protección del patrimonio cultural, tal y como impone la norma.

Además, profundizando en esta exigencia, la normativa impone a los particulares que puedan ser titulares de estos bienes dignos de protección por sus valores históricos o culturales, la obligación de adoptar importantes y, a veces, costosas medidas para su conservación, medidas que suponen una verdadera limitación de su derecho de propiedad.

Esta regulación tiene como presupuesto la premisa de que la acción pública no permanezca indiferente. En caso contrario, el sistema está abocado al fracaso. Y un justo equilibrio de intereses exige que las Administraciones realicen todo aquello que la ley les encomienda. Ante este deber, los murcianos estamos facultados, en virtud de la encomienda atribuida, para reclamar su ejecución y, en su caso, reaccionar frente a las eventuales infracciones que en el desempeño de sus competencias puedan ocasionar.

Otra condición para el correcto funcionamiento de esta normativa es que estas medidas protectoras deben tener la máxima publicidad. Ello implica hacer posible que cualquier propietario pueda conocer las limitaciones que a su propiedad impone esta declaración. Tratándose de bienes inmuebles, es tarea fundamental que las Administraciones Públicas cumplan con la obligación legal de consignar en el Registro de la Propiedad esta calificación de bien de interés cultural, una vez tramitados con la oportuna audiencia de los interesados, los procedimientos oportunamente habilitados al efecto. De esta manera, ya no se podrá volver a alegar ignorancia o desconocimiento por parte de sus titulares o de futuros adquirentes.

En conclusión, solo la colaboración y coordinación de todos permitirán la consecución de estos fines. De esta forma, impediremos que, en una región como la nuestra, en la que tantos atentados contra el patrimonio se han cometido ya, estos se sigan perpetrando. Igualmente evitaremos que nuestros hijos nos puedan imputar la responsabilidad por su comisión, aunque esta sea por mera tolerancia o simple inacción.