Lanzados

En septiembre de 1992 me enviaron a la Guayana francesa para escribir una crónica del lanzamiento del 'Hispasat'. Era el primer gran satélite de fabricación nacional y España, en el año de la Expo, vivía días de euforia. Viajó una delegación encabezada por el entonces Príncipe Felipe, junto al ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrell y la directora general de Comunicaciones, Elena Salgado, quien después sería ministra y vicepresidenta. Horas antes del despegue del cohete 'Ariane' llamé al periódico. Querían que el previsible éxito del 'Hispasat' fuese foto y tema principal de portada. Les respondí: pensad en una alternativa por si acaso, es arriesgado. Debido a la diferencia horaria, el despegue iba a producirse al filo del cierre de la primera edición y no era descartable un retraso. O algo mucho peor, un catastrófico fallo humano o técnico. De ahí que el lanzamiento y la vida en órbita del satélite 'Hispasat' estuvieran cubiertos con un costoso seguro que pagaba una sociedad estatal recién constituida. Afortunadamente, todo salió bien y España siguió de subidón en un año de luces y sombras (meses antes, en plena reconversión industrial, se produjo la quema de la Asamblea en Cartagena).

Cuando supe esta semana que se había perdido el satélite español 'Ingenio', valorado en 200 millones, al fallar el cohete 'Vega' por un error humano, no me invadió una sorpresa desmedida. Esto ha pasado antes y volverá a pasar. Lo que cuesta aceptar es que este observatorio no tuviera seguro para su lanzamiento y puesta en órbita. Tiene su explicación: el satélite era un encargo de la Agencia Espacial Europea, que no asegura sus misiones. Lo que se ahorra lo invierte en I+D y en más proyectos. Si falla uno, prepara otro. Asume el riesgo. Se puede permitir lo que una empresa o un país en solitario nunca podría por el alto coste. Menos aún si el objetivo del artefacto fuera comercial o hubiera que rentabilizar la inversión.

Todo lo anterior me conduce a la siguiente pregunta: ¿Si no lo hacemos con un satélite, por valioso que sea, cómo es posible que asumamos riesgos lanzando una ley de Educación que afecta a toda una generación de niños y jóvenes, a nuestros hijos y nietos? La Educación es el fundamento de una nación, la clave de bóveda de un país. Todos reconocemos su importancia, aunque ahí termina el consenso. Acabamos de asistir a la aprobación, en su primera criba legislativa, de la octava ley educativa de la democracia por un único voto de diferencia en un Congreso de los Diputados partido por la mitad. La norma nace con fecha de caducidad. Durará lo que este gobierno se mantenga en el poder y llegue otro de signo diferente. Así ha sucedido antes. Así volverá a suceder. Lo dramático es que es completamente necesaria una profunda revisión legislativa de nuestro sistema educativo. Pero de igual modo que es temerario lanzar un satélite sin tenerlo asegurado lo es aprobar una ley educativa sin previamente disponer de un Pacto de Estado. Corrijo, es mucho más temerario, porque esa es la única garantía de perdurabilidad. Esa es la póliza de seguro. Ese pacto previo y transversal estuvo a punto de lograrlo Ángel Gabilondo como ministro de Educación, pero Cospedal se apartó en la recta final por pura estrategia partidista. Ahora ni se ha intentado. Celaá es a Wert lo que Wert es a Celaá. Cara y cruz, y viceversa, de una moneda frívolamente lanzada al aire a ver qué pasa. Si era difícil hace unos años, hoy el Pacto de Estado por la Educación es un imposible metafísico. Podemos, aupado al Gobierno, no quiere ni al centro ni la derecha en cualquier ecuación, menos aún en un terreno con tanta carga ideológica. Populares y naranjas tampoco están por la labor de pactar nada si en la ecuación están los de Iglesias, los nacionalistas o los independentistas. Ni sobre educación ni sobre los órganos constitucionales pendientes de renovación, como la cúpula del poder judicial. Esta es la legislatura de la polarización y los vetos cruzados. Lo que faltaba por ver terminó por asomar, a Bildu, que aún jalea los 'ongi etorri' en los municipios vascos a etarras con delitos de sangre, recibiendo un 'ongi etorri' a la «conducción del Estado» por parte de Podemos. Ahora va a resultar que Bildu es la primera formación que apoya a cambio de nada los Presupuestos del Estado. Muy 'fake'. Pronto sabremos los términos del cambalache y se contará. Aunque ya veremos. Todo es posible con Iván Redondo al frente de la estrategia de las 'fake news'. De momento, al hilo de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, se nos avisa que se limitará la información que de los sumarios podrán publicar los medios de comunicación.

Esta ley que regulará los procesamientos penales otorga la instrucción de las causas a los fiscales. Como sucede en muchos países de nuestro entorno. Ahora bien, si no se cambia el estatuto del Ministerio Fiscal para dotar de independencia a estos profesionales, que gozan de autonomía, pero que están sujetos a directrices jerárquicas, la reforma fracasará. Sobre todo si, además, los fiscales no reciben más medios humanos y materiales. Estamos a punto de embarcarnos en otra aventura legislativa sin garantías de eficacia. Corremos demasiados riesgos. Así nos va como país. De bajón en bajón.