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La alternativa

La censura a los gobiernos divierte al pueblo, anima el espectáculo mediático. Pero, a la larga, cansa, desfonda, hastía

Domingo, 12 de mayo 2024, 07:29

Desde que en 1978 entró en vigor la Constitución, los españoles hemos recorrido juntos un largo trecho. Durante este periodo hemos ido adquiriendo lo que ... podríamos llamar una cierta cultura democrática, integrada por un conjunto de convicciones, conceptos y pautas de comportamiento que han configurado nuestro modo de ser y nuestro modo de estar en la sociedad. Hay ciertos valores entendidos que todos aceptamos como indiscutibles. Nadie cuestiona, por ejemplo, que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y que constituyen el cauce fundamental para la participación pública. Y así mismo no se discute que los partidos que no gobiernan en las instituciones democráticas han de cumplir, desde la oposición, una doble función: por un lado, controlar al Gobierno, configurándose como un verdadero contrapeso a la fuerza política que haya conseguido la mayoría suficiente para gobernar; destacando los límites del poder, y enfatizando sobre los principios jurídicos y éticos que deben presidir toda acción pública; y denunciando aquellas acciones del gobierno que pudieran calificarse como un abuso o una desviación de poder. Pero, por otro lado, es también una convicción democrática que toda oposición leal, bien se ejerza frente a un alcalde, un presidente de comunidad autónoma, o el presidente del Gobierno de la nación, ha de plantear continuamente alternativas. Es decir, la oposición no puede limitarse a censurar al Gobierno de turno, sino que necesariamente ha de plantear, siempre y en todos y cada uno de los asuntos públicos, su alternativa; o sea, lo que ese partido de la oposición haría si estuviera en el poder. No basta con decir que no se está de acuerdo con el plan de viabilidad del Ayuntamiento de Murcia; hay que destacar cuál sería la alternativa a ese plan; y lo mismo cabe decir sobre la protección al Mar Menor, o sobre cualquier otro asunto de ámbito regional. Y, por supuesto, debería ocurrir lo mismo a nivel nacional. Uno puede no estar de acuerdo con la proposición de ley de amnistía; pero no basta con denunciar que Sánchez ha cedido en este asunto única y exclusivamente porque necesitaba los siete votos de Junts; hay que decir públicamente qué es lo que se propone para solucionar, o atenuar, la crisis de solidaridad territorial creada por los delirios separatistas.

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