Colaboración público- privada en el tercer sector

En el caso español, el Sistema Nacional de Acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional se configura como un pilar fundamental de las políticas de integración, complementario, pero no sustitutorio del Sistema Público de Servicios Sociales. Un sistema que es un ejemplo de éxito en el contexto europeo e internacional, por su carácter mixto, impulsando desde los principios de asociación y gobernanza la participación de las entidades especializadas del tercer sector de acción social en su planificación, implementación, seguimiento y evaluación. Una acertada apuesta del Gobierno de España que garantiza la eficacia y eficiencia del sistema, la historia reciente así lo acredita.

Cuando en los años 80 se publicó la Ley de Asilo y se articuló el sistema de acogida español, el Gobierno que en aquel momento estaba en el poder contó con las entidades sociales para poder dar respuesta a esta obligación del Estado: la acogida y protección de las personas solicitantes de asilo y refugiadas desde una apuesta por la participación y a sabiendas de que la verdadera acogida no es posible hacerla con éxito sin implicar a la sociedad. De este modo, se puso en marcha un modelo de colaboración que, desde entonces hasta ahora, ha sido un referente y una buena práctica en esta materia a nivel europeo e internacional.

El modelo fue avanzando y creciendo para poder ir dando respuesta al incremento de llegadas de personas migrantes vulnerables y refugiadas a nuestro país. Con los diferentes gobiernos que fueron alternándose, ya fuesen de un partido político u otro, siempre se articuló en un marco de colaboración con las organizaciones sociales especializadas en esta materia, aportando su especialización, flexibilidad, eficacia y eficiencia económica y de gestión.

En el año 82, la acogida de bosnios se hizo con las organizaciones sociales; en el 99, la acogida de albanokosovares también; en 2011, la acogida de cubanos se produjo del mismo modo; en 2016, la llegada de los primeros sirios se desarrolló bajo este modelo colaborativo de éxito; en 2021, se volvía a realizar con la acogida a la población afgana; en 2022, fuimos capaces de acoger a miles de personas y familias que huían de la guerra en Ucrania, acreditando la fortaleza del Sistema Nacional de Acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional, así como se ha demostrado la necesidad de contar con un sistema nacional de acogida humanitaria que, al abrigo del cumplimiento de la Carta de Derechos Humanos y bajo la misma formula de colaboración, ha sido capaz de dar respuestas a la crisis de cayucos en Canarias de los años 2006 y 2007 y a la que se ha producido en 2023 en Canarias. En definitiva, en cada momento de crisis humanitaria en la que el Estado ha necesitado de la colaboración de las entidades sociales, estas han estado ahí, dando la respuesta necesaria, actuando como colaboradoras de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas; y no solo en los momentos de crisis, sino de forma estable y permanente.

La participación de las entidades sociales en la gestión de políticas públicas se ha venido acreditando como exitosa a diversos ámbitos, habiéndose evaluado como ejemplo de buena práctica por parte de la Comisión Europea. La evaluación intermedia del POISES (FSE) formulada por la UAFSE, así lo acredita, viniendo a destacar como una de las fortalezas del programa la dualidad pública/privada que permite integrar a entidades del tercer sector en su planificación, implementación y evaluación, por ser organizaciones de carácter muy profesionalizado y con sobrada experiencia de trabajo con grupos de personas vulnerables y capilaridad en el territorio, combinándose de forma eficaz y eficiente con la respuesta institucional por medio del trabajo de los organismos públicos.

En el nuevo periodo de programación de fondos estructurales y del Fondo de Asilo, Migraciones e Integración (FAMI) 2021-2027 es necesario optimizar las estructuras de colaboración público/privada que ya se han generado en el marco del Programa Operativo de Inclusión y Economía Social (POISES) , de forma que se pueda seguir contando con el apoyo, experiencia, saber hacer y recursos de las entidades del tercer sector que contribuyen con una gestión profesionalizada, especializada y descentralizada a las actividades de los programas operativos.

Mientras Europa ha planteado, en el marco de los fondos Next Generation, la necesidad de incorporar a la sociedad civil en estas responsabilidades, España ya tiene esa meta avanzada con éxito y debe defenderla, promoverla y exponerla como una buena práctica de cara a otros países, buscando e impulsando la necesaria colaboración entre las empresas y las organizaciones sociales.

En un momento tan polarizado como el actual, donde los discursos del odio crecen entre los sectores más radicalizados, las entidades sociales canalizan la solidaridad de la ciudadanía, creando espacios imprescindibles de participación a través de su voluntariado, herramienta clave para la transformación social y comunitaria, previniendo narrativas de racismo, xenofobia y discriminación.

El trabajo en red, tejiendo alianzas con todos los actores clave públicos y privados, es fundamental: administraciones, organizaciones internacionales como ACNUR OIM, empresas, organizaciones sociales, universidades, entre otros, son sin duda un enorme pilar que aporta como resultado un sistema de acogida participativo, transparente e integrador que, con áreas de mejora, tiene grandes fortalezas que hay que cuidar y poner en valor, reforzando y apostando por la generación de alianzas público/privadas en el marco del objetivo 17 de los ODS.