El gran poder transformador del consenso constitucional
El 6 de diciembre de 1978, casi 18 millones de españoles tuvieron en sus manos la capacidad de decidir juntos el futuro del país y ... de sus propias vidas. La democracia les ofrecía, de manera libre y consciente, el poder de transformar España mediante una pregunta sencilla y directa en referéndum: «¿Aprueba el Proyecto de Constitución?». En aquella jornada histórica, casi 16 millones de ciudadanos optaron por el 'sí', haciendo posible el periodo de convivencia en paz y en democracia más prolongado de nuestra historia. En la Región de Murcia, una de las comunidades con mayor participación, más de 400.000 personas apoyaron la nueva Carta Magna, alcanzando el 91,3% de los votos emitidos.
Cada Día de la Constitución celebramos aquel momento decisivo, pero también expresamos nuestra gratitud hacia quienes, desde la política o desde el anonimato ciudadano, contribuyeron a la aprobación de la norma fundamental sobre la que se sostiene nuestro sistema democrático. La Constitución de 1978 se convirtió en el instrumento decisivo para dejar atrás la dictadura y superar las fracturas sociales que habían marcado décadas anteriores. Desde su entrada en vigor, articuló un Estado social y democrático de derecho que abrió el camino hacia una España más libre, justa y plural.
Aquella Constitución fue el punto de partida de un gran desafío colectivo: construir entre todos una España mejor cada día. Ese proceso, con sus aciertos y dificultades, ha sido posible gracias a la cultura del acuerdo y del consenso que caracterizó la Transición española, aún hoy referente internacional para países en proceso de democratización. El éxito del proyecto constitucional radicó en la capacidad de todas las partes para priorizar el bien común, asumir cesiones y adoptar un pragmatismo generoso al servicio de la concordia.
Ese espíritu de entendimiento es, precisamente, el que hoy necesitamos recuperar en una España marcada por la confrontación, la polarización y los muros ideológicos. Bastaría con aplicar de forma leal y responsable los principios y valores que emanan de la Constitución: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, respeto a la dignidad humana y solidaridad entre territorios. Son estos valores los que deben guiarnos al afrontar desafíos esenciales como el acceso a la vivienda, la inmigración, una política de Estado en materia de agua, la lucha contra la desigualdad y la violencia de género, la inclusión social y laboral, o la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. La respuesta a todos ellos pasa, inevitablemente, por mantener el rumbo constitucional.
No puede entenderse la España de las últimas décadas sin reconocer el profundo papel transformador que ha ejercido –y sigue ejerciendo– nuestra Carta Magna, fruto de un consenso amplio y generoso. En este proceso, la Corona ha desempeñado un papel fundamental como símbolo de unidad y permanencia del Estado, y como factor de moderación en los momentos más difíciles de nuestra historia reciente.
Gracias a ese consenso fue también posible desarrollar el modelo territorial autonómico del que hoy disfrutamos, que ha acercado las administraciones a la ciudadanía y ha reforzado los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades. Un modelo que, sin embargo, se ve amenazado por quienes promueven privilegios en materia de financiación o en el acceso a recursos naturales comunes, como el agua, generando desigualdades entre los españoles. También lo ponen en riesgo quienes cuestionan la separación de poderes para intentar controlar las instituciones del Estado.
Frente a estas amenazas, la mejor respuesta es recuperar la política de amplios consensos que hizo posible nuestro gran logro constitucional, renovando el espíritu de quienes votaron 'sí' a la libertad, al progreso y a la igualdad.
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