Salamanca presidencial
La conferencia debió detenerse en analizar el reparto de los fondos UE para que no se disperse la inversión y se retrase la recuperación
La Verdad
Sábado, 31 de julio 2021, 02:18
La Conferencia de Presidentes celebrada ayer en Salamanca permitió a Pedro Sánchez exponer dos iniciativas con las que acallar las críticas y reservas que habían ... mostrado los presidentes autonómicos del PP y que Pablo Casado se encargaría de destacar. La llegada de 3,4 millones de dosis de Pfizer en agosto, que asegurarían la vacunación del 70% de la población española el próximo mes, y el compromiso de conceder a las administraciones territoriales el 55% de los fondos europeos previstos para 2021, que atendería a las demandas expuestas también por los presidentes socialistas. La campaña de vacunación sitúa a España a la cabeza de los países que han podido adquirir viales, tanto por la solidez de nuestro sistema sanitario público como porque los ciudadanos comparten una cultura de salud pública vacunal. Pero la identificación entre el 70% de personas vacunadas y la inmunidad de grupo fue más voluntarista que un propósito basado en la evidencia científica. El auge de la variante Delta, la quinta ola epidémica, y el hecho de que la mayoría de la población mundial continúa sin acceso a las vacunas contra la Covid, han evidenciado que solo en tanto que nos acerquemos al 100% de vacunación se logrará la inmunización grupal de los españoles. Mientras tanto, será necesario el uso de mascarillas y la aplicación de restricciones de movilidad y distanciamiento interpersonal, algo a lo que no ayuda la renuencia del Gobierno y de su presidente a recordar la persistencia del riesgo pandémico.
La derivación de 10.500 millones de fondos europeos hacia su gestión por parte de las autonomías contribuiría al equilibrio interterritorial. Pero siempre que no vaya en detrimento de la transformación del patrón de crecimiento que precisa el país, y tampoco dé lugar a una dispersión de inversiones que haga perder efectividad a la recuperación y a las reformas. La distribución autonómica de las partidas que la Comisión Europea transfiera a España no debería producirse como una fragmentación mecánica, al margen de qué proyectos empresariales aspiren a las ayudas y la solvencia de cada uno de ellos. Hubiese sido importante que la Conferencia de Presidentes de ayer abordara esta cuestión con detenimiento; de ello dependerá también la receptividad de los socios de la UE al uso que España haga de fondos que implican un endeudamiento compartido.
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