El debate presupuestario

La elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado supone siempre que, con carácter previo, se hayan adoptado una serie de decisiones políticas de fondo. Muchas de estas decisiones políticas se incardinan en el planteamiento programático o ideológico de los partidos que gobiernan. Y es precisamente desde esta perspectiva ideológica desde donde los partidos que no están en el Gobierno pueden ejercer de modo serio su labor de oposición y plantear enmiendas al proyecto de Presupuestos.

En principio, debería haber siempre un equilibrio entre los ingresos y los gastos previstos. Si se calculan primero los gastos, es decir, lo que el Gobierno considera que hay que gastar, se corre el riesgo de que los ingresos ordinarios no lleguen a ser suficientes para atender esos gastos, y haya que acudir a los ingresos extraordinarios, como es pedir dinero prestado, mediante la emisión de deuda pública; de este modo, se asume el arriesgado criterio de gastar ahora lo necesario, y de que parte de ese gasto lo paguen en el futuro nuestros hijos y nuestros nietos. En mi opinión, antes que nada, deberíamos exigir a nuestros políticos que en esta primera decisión actúen con prudencia, que no endeuden más a este país, que ya el volumen de nuestra deuda pública es superior al PIB.

En cuanto a los ingresos ordinarios, los gobernantes suelen caer en la tentación de aprovechar la Ley de Acompañamiento de los PGE para introducir reformas parciales en la normativa de los tributos. En mi opinión, esta técnica de parcheo no es adecuada, y debería rechazarse, no solo por razones de seguridad jurídica, sino también porque España lo que necesita es que se aborde en profundidad una reforma del sistema tributario, y no esos pequeños remiendos parciales.

Por otra parte, hay una cierta hipocresía cuando los políticos hablan de progresividad fiscal, es decir, que los impuestos se van a exigir según la capacidad económica del sujeto pasivo. La progresividad tributaria es una aspiración básica y elemental en toda democracia, una exigencia ineludible de la justicia distributiva. Se han dado pasos importantes en la progresividad de algunos impuestos directos, como el IRPF y el impuesto de Sociedades. Pero estamos todavía muy lejos de conseguir un nivel óptimo de progresividad fiscal. Y ello por varias razones: primera, porque una parte muy importante de los ingresos tributarios procede de los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos son absolutamente regresivos. Al adquirir un bien o contratar un servicio, pagan la misma cantidad por IVA el que está al borde de la indigencia y el que nada en la abundancia. Y segunda, porque los políticos no pueden ignorar lo que se llama el techo fiscal. Se pueden subir los tipos impositivos hasta un determinado nivel, a partir del cual el impuesto deja de ser rentable tributariamente, porque el sujeto pasivo procede a eludir la carga impositiva, bien dejando de obtener más ingresos o bien 'deslocalizando' su actividad económica, llevándosela a otro país con menos presión fiscal. Por eso las decisiones sobre 'progresividad fiscal' hay que tomarlas con mucha prudencia. Si se aprieta demasiado, terminaríamos matando la gallina de los huevos de oro.

Y en cuanto a las decisiones políticas sobre el gasto público, hay una parte de ese gasto que es fija, como el pago de los intereses de la deuda y su amortización. Sobre este gasto fijo no hay nada que discutir. Pero todo lo demás puede ser objeto de debate. Los políticos nos tienen que aclarar si suben o se congelan las retribuciones de los servidores públicos; sobre qué hacemos con las pensiones; en dónde se van a efectuar las inversiones; qué obras y proyectos hay que ejecutar; sobre si subimos, o no, las dotaciones presupuestarias para la sanidad, para la educación, para la dependencia...

O sea, un amplio abanico de decisiones importantes sobre el gasto público, en cuyo debate resulta muy fácil incurrir en simplezas y demagogias. Pero creo que, a estas alturas, tenemos que exigir a nuestros políticos más rigor. Y que digan con claridad, y con razones de fondo, por qué consideran que estos Presupuestos Generales del Estado son, o no lo son, los que España necesita en este momento.