Voluntarios en busca de aves muertas por tendidos eléctricos

La campaña se desarrollará durante los próximos tres meses en diferentes puntos de la Comunidad Autónoma gracias a la ayuda «de voluntarios que revisarán los apoyos (postes) de los tendidos eléctricos de la Región de Murcia en busca de cadáveres de aves protegidas», de acuerdo con la nota. En ella se especifica que los voluntarios interesados tienen que inscribirse a través de la web de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), donde se ha habilitado un espacio sobre esta «iniciativa ciudadana para el seguimiento de la mortalidad de aves por electrocución» en la Región.

A cada participante se le va a asignar una cuadrícula sobre la que realizará su búsqueda de acuerdo con la coordinación de la campaña, con la que deberá contactar para recibir indicaciones. Si un voluntario localiza un cadáver lo notificará inmediatamente, sin tocarlo en ningún momento, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia civil (Seprona) o a los agentes medioambientales, «para que procedan al levantamiento» del animal.

Según denuncian estas organizaciones ambientales, la muerte de aves en tendidos eléctricos supone una de las principales causas de mortalidad de aves protegidas y amenazadas, como el águila perdicera. Un estudio realizado para el Ministerio de Medio Ambiente recoge que la Región de Murcia «sería la segunda provincia española en cuanto a muerte de aves», con 7.000 ejemplares al año, afirman. El dato se deduce de una modelación, lo que explica su notable contraste con el registro oficial de casos que realiza la Comunidad Autónoma, en el que se apunta que en ocho años han perecido menos de un millar de aves, incluidos 300 búhos reales y 42 águilas perdiceras.

La diferencia entre ambas cifras, añade el comunicado de los conservacionistas, se debe a la carencia de un seguimiento masivo de la mortalidad de aves por parte de la Administración regional. «Además de que muchos cadáveres son retirados por depredadores o mueren alejados del apoyo» del tendido eléctrico con el que han chocado.

En este contexto, las organizaciones ambientales llevan cerca de un año registrando electrocuciones «que aportan cifras escalofriantes: 63 incidentes que han supuesto la muerte de 83 aves, incluyendo 18 búhos reales, tres águilas reales y siete cigüeñas blancas, entre otras especies». De todas las muertes que han podido registrar destaca la de una decena de águilas perdiceras, «especie en grave peligro de extinción en nuestra Región, que cuenta sólo con 23 parejas».

A pesar de la gravedad del asunto aducida por las organizaciones ambientales, y las múltiples denuncias que han presentado en el último año, apuntan en el comunicado, «lamentan la falta de diligencia y de transparencia de las consejerías competentes en el asunto», y citan directamente a los departamentos de Medio Ambiente e Industria. Los nueve colectivos acusan a estas consejerías de estar «ocultando los datos oficiales de seguimiento de electrocuciones solicitados en virtud de la ley de transparencia», y afirman que «no se están aplicando adecuadamente las herramientas legales existentes, como ampliar el área de protección de aves frente a la electrocución o aplicar la ley de responsabilidad ambiental».

La nota reconoce que, a raíz de las denuncias, se están abriendo expedientes sancionadores; sin embargo, «no se conoce el resultado de los mismos y únicamente los casos más sangrantes de electrocuciones, como Jumilla o la Contraparada, siguen su recorrido en los tribunales o en Fiscalía por presuntos delitos contra el medio ambiente. Igualmente, los operadores eléctricos (compañías como Iberdrola, pero también los titulares de tendidos particulares) tienen la responsabilidad de abordar con diligencia la resolución de estos casos».

Ante la nueva campaña, las organizaciones confían en que la detección y publicación de casos reales de muertes de aves detectados por voluntarios en los tendidos eléctricos contribuya a la resolución de este problema ambiental. De ese modo esperan contribuir a que la sociedad «tome conciencia del alcance de esta problemática para que exija a Administraciones Públicas y empresas medidas urgentes y eficaces».