Proyecto Paramount, la tozudez de la razón ecologista
Hace unos días los medios de comunicación informaban de que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha rechazado la solicitud de ... indemnización de Premursa (41,5 millones de euros), promotora del fallido parque Paramount en Alhama de Murcia. Conviene recordar que en 2017 dicho proyecto fue anulado por el Tribunal tras estimar un recurso de Ecologistas en Acción. Es el epílogo del último intento de gran pelotazo urbanístico, cuando se presentó el proyecto en 2013, en uno de los momentos más duros de la indigestión del ladrillo y de sus terribles consecuencias económicas y sociales, además de ambientales.
El Tribunal anuló el proyecto en 2017 y rechaza ahora indemnizar a sus promotores por importantes razones de peso, pero dichas razones no se hubieran impuesto sin la tenacidad de Ecologistas en Acción. El proyecto contaba con el respaldo del Ayuntamiento de Alhama, de la Comunidad Autónoma y del propio presidente del Gobierno regional en ese momento, Ramón Luis Valcárcel, que se apresuró a colocar la primera piedra del parque Paramount. Semejante apoyo al proyecto se produjo pese a los considerables impactos ambientales que hubiera ocasionado y pese a sus claras ilegalidades.
Por eso el Tribunal dio la razón a Ecologistas en Acción, que denunció que casi el 21% de la superficie del proyecto Paramount invadía el Parque Regional Carrascoy-El Valle. Este argumento se apoyaba además en otra victoria ecologista: la sentencia del Tribunal Constitucional en 2012, que anuló los artículos de la Ley del Suelo de la Región de Murcia que en 2001 desprotegieron unas 9.000 hectáreas de espacios previamente protegidos. Esta sentencia histórica del Constitucional permitió a Carrascoy recuperar toda su superficie protegida original.
Los ciudadanos y las organizaciones ambientales deben llevar a cabo una labor de vigilancia continua y, cuando sea necesario, de denuncia
Como en otras victorias ecologistas, el camino no ha sido fácil, pero el 'caso Paramount' nos deja varias lecciones importantes. La primera es que la existencia de acuerdos políticos generalizados para apoyar una actuación no es garantía alguna ni de la bondad ni de la legalidad de dicha actuación, algo que en Ecologistas en Acción venimos comprobando desde hace 25 años. La segunda dice que las razones objetivas y los argumentos legales y ambientales por desgracia no son suficientes para asegurar que se gobierna y se gestiona para el bien común: es imprescindible que los ciudadanos y las organizaciones sociales y ambientales intervengan en las decisiones públicas y lleven a cabo una labor de vigilancia permanente y, cuando sea necesario, de denuncia. La tercera apunta que la defensa del bien común, incluyendo el derecho (artículo 45 de la Constitución) de todos los ciudadanos a una naturaleza bien conservada y a un medio ambiente de calidad que preserve la salud pública, se enfrenta en muchas ocasiones a quienes se mueven por intereses económicos y políticos particulares ajenos al bien común y cuyo poder es incomparablemente mayor al de ciudadanos y organizaciones sociales.
Sin embargo, a veces David vence a Goliat y por eso la conclusión es clara: cuantos más Davides haya, más veces se vencerá a Goliat. Frente a la resignación, les animo a sumarse a las organizaciones ambientales y otros espacios colectivos desde los que trabajar por una región ambientalmente más sostenible y socialmente más justa.
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