Trama Montoro: claves de la red acusada de traficar con el BOE

El sumario deja bien a las claras que el negocio de amaño de leyes y otras supuestas irregularidades se extendió durante los dos gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018) y que operó hasta el último día, ya que la trama incorporó modificaciones pedidas por las empresas pagadoras al despacho de Montoro (Equipo Económico, EE) en los Presupuestos Generales que Rajoy aprobó en junio de 2018, días antes de tener abandonar Moncloa desalojado por Pedro Sánchez. Los 'mails' que obran en la causa, en los que el exdirector de Hacienda Santiago Menéndez habría filtrado de manera regular al propio Montoro «información reservada» fiscal sobre compañeros de partido como Esperanza Aguirre o Josep Piqué, rivales como lPujol o personajes públicos como Rafa Nadal o la baronesa Thyssen, se repiten sin cesar entre 2012 y 2018.

Aunque formalmente el exministro se apartó de EE, creado por él mismo en 2006, con la venta de sus acciones dos años después (renunciando formalmente a su puesto como presidente), la Guardia Civil pone en duda la «desvinculación efectiva» del imputado del bufete y sospecha que utilizó un entramado societario para mantener el control de su consultora. De hecho, Hacienda apunta a que el exministro vendió sus acciones a un precio irreal. En abril de 2008, Montoro transmitió sus 1.080 participaciones, por las que se embolsó 10.800 euros. «No declaró ganancia patrimonial» alguna con esa venta, puesto que las vendió al mismo precio que las había adquirido. No es «un precio razonable de venta», denuncia Hacienda. EE ha negado en las últimas horas que Montoro mantenga cualquier vínculo con el despacho.

La Agencia Tributaria asegura que los socios de Equipo Económico y su sucesora, la sociedad Global Afteli, se repartieron entre 2008 y 2019 unas remuneraciones que suman 32,4 millones de euros, gracias, sobre todo, a la facturación por los costosísimos informes y asesoramientos a las empresas que luego conseguían supuestamente leyes y reglamentos 'ad hoc' por parte de Hacienda para ahorrarse millones en impuestos. En principio, según la investigación, fueron seis firmas gasísticas, pero luego entraron también constructoras o un gigante de las apuestas en el que por entonces era directivo Rafael Catalá, posteriormente ministro de Justicia también con Rajoy entre 2014 y 2018.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según los diferentes documentos y atestados que obran en el sumario, rastrea el dinero de este supuesto entramado en siete países de Europa y América y ha abierto pesquisas en otros cinco estados. Los agentes tienen en su punto de mira un total de siete sociedades en manos de ocho socios diferentes de Equipo Económico. Un informe de la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra asegura que el único fin de esta red de empresas es ocultar los destinatarios finales de los «ingentes ingresos» facturados a las firmas que presuntamente se beneficiaban de las leyes a la carta.

Los informes de la Unidad Central Operativa ponen de manifiesto que el pago previo de las empresas al despacho creado por Montoro incluía una suerte de servicio completo: desde la posibilidad de que los técnicos de las firmas pidieran específicamente el cambio normativo que les interesaba a que, como ocurrió con modificaciones en los Presupuestos Generales de 2018, las compañías tuvieran acceso hasta seis meses antes que el Congreso de los Diputados, en cuya bancada azul se sentaba Montoro, a los borradores que se iban a aprobar.

Otro informe de los Mossos destaca que los 'mails' que obran ya en la causa ponen de manifiesto que la «estrategia de presión» e «influencia» de las empresas que contrataban con el bufete sobre el Gobierno de Rajoy era tal que los técnicos de las mismas llegaban a la «redacción de la modificación de la ley; o sea, a la redacción del BOE».

La Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Anticorrupción cree que el equipo de Montoro en Hacienda, para sacar adelante las reformas por las que las empresas supuestamente pasaban por la caja previa de EE, llegaron a ocultar «información relevante» al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros y a las Cortes sobre esos cambios legislativos. Los inspectores tienen sus dudas de que esas normas en busca de una fiscalidad más laxa para las compañías que pagaban las supuestas mordidas hubieran salido adelante si el Gobierno y los técnicos del Estado hubieran tenido toda la información a su disposición sobre la «justificación de la finalidad, la necesidad y adecuación de la medida al ordenamiento jurídico» y, sobre todo, «su verdadero impacto recaudatorio».

El sumario del instructor de Tarragona, Rubén Rus, desvela que solo meses después de la salida de Rajoy del Gobierno, Anticorrupción comenzó a sospechar ya del exministro ahora imputado. Un informe de abril de 2019 firmado por la fiscal Carmen García Cerdá refería «la indiciaria participación en el concierto de Cristóbal Montoro» para el «pago de comisiones ocultadas bajo la contratación, por las empresas afectadas, de informes 'estratégicos' a la sociedad canalizadora de dichas comisiones». O lo que es lo mismo, Equipo Económico».