El fiscal general ordena investigar los indicios de genocidio en Gaza con víctimas españolas

Los pormenores de estas diligencias están recogidos en un decreto interno, en el que García Ortiz concede a Delgado la autorización que le pidió el pasado 28 de julio para llevar a cabo estas pesquisas en calidad de «coinvestigadora» tras recibir «un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relativo a las acciones del Ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza, que podrían ser contrarias al Derecho Internacional».

Según detalla el decreto, Delgado procedió a analizar la información contenida en el informe elaborado por la unidad operativa, relativo, entre otros aspectos, al testimonio de testigos protegidos, y en el que también se aportan importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno. García Ortiz responde ahora que «los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal», referidos a los delitos de lesa humanidad.

En su respuesta, el fiscal general ordena remitir a Alonso el informe de la Comisaría General de Información «al objeto de incoar las correspondientes diligencias de investigación preprocesales, las cuales serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y a la fuerza policial actuante».

El objetivo de estas pesquisas es cooperar con el TPI, tal y como se hizo con la guerra en Ucrania. Para ello, la intención del Ministerio Público es recabar pruebas para ponerlas a disposición del órgano competente en el marco de la investigación abierta por estos hechos, que ya emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El jefe del Ministerio Público explica que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «atribuye jurisdicción a los tribunales españoles respecto de cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España o por otros actos normativos de una organización internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determinen en los mismos».

Y ello a pesar de que ese mismo artículo, en su apartado primero, establece que los tribunales españoles solo podrán investigar hechos cometidos fuera del territorio nacional que pudieran ser constitutivos de delito de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, cuando el procedimiento se dirija contra un español o contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

El fiscal general recuerda los procedimientos en marcha en la CIJ y en el TPI respecto a los posibles crímenes internacionales cometidos por Israel en Gaza y subraya que España no solo forma parte de ambos sino que, en el caso concreto del impulsado por Sudáfrica en la CIJ, nuestro país «decidió intervenir formalmente el 28 de junio de 2024, ejerciendo su derecho como Estado parte de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio», y apoyó las medidas cautelares impuestas.

Alude también al informe publicado el pasado martes por una comisión de Naciones Unidas, que califica de genocidio lo ocurrido en Gaza, urge a Israel a frenarlo y exhorta a los miembros de la ONU a ayudar a impedirlo por los medios que les sea posible, entre ellos «cooperar con la investigación de la Fiscalía del TPI».

En declaraciones a la Cadena Ser, la fiscal Delgado confirmó que entre las pruebas recabadas por la Policía hay indicios de la comisión del delito de genocidio y que «hay constancia» de víctimas españolas en la Franja de Gaza, por lo que toda las pesquisas serán remitida a la corte internacional.