El Constitucional avala que los universitarios de centros privados hagan prácticas en hospitales públicos

Hospital Santa Lucía de Cartagena./P. SÁNCHEZ/ AGM
Hospital Santa Lucía de Cartagena. / P. SÁNCHEZ/ AGM

La sentencia considera que dicho precepto «incurre en contravención con las competencias exclusivas del Estado en materias de educación y de bases de la sanidad»

EFE

El Tribunal Consitucional ha declarado inconstitucional y nulo que la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana establezca colaboración únicamente con las universidades de titularidad pública para facilitar las prácticas a los estudiantes de Medicina.

Según consta en la sentencia facilitada por el Constitucional, se estima así el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 senadores del PP y se declara nulo el término «de titularidad pública» contenido en el apartado 65 del artículo único de la Ley de las Cortes Valencianas 8/2018, de 20 de abril.

La sentencia considera que dicho precepto «incurre en contravención con las competencias exclusivas del Estado en materias de educación y de bases de la sanidad».

Dicho precepto dispone de modo expreso el deber de la Generalitat Valenciana, por medio de la Conselleria de Sanidad, de colaborar con «las universidades de titularidad pública», a través del establecimiento de acuerdos entre las universidades y los centros de estudio de las instituciones sanitarias para garantizar la docencia práctica y clínica de las titulaciones que así lo requieran.

Además, «priorizará las impartidas en centros de titularidad pública», en referencia a los centros de formación profesional (no universitarios) que, igualmente, impartan docencia sobre Ciencias de la Salud, con sometimiento a la aplicación de la normativa específica en materia de incompatibilidades.

Los recurrentes consideraban que el contenido de este artículo suponía una infracción competencial y que, además, implicaba una vulneración de varios derechos fundamentales.

La sentencia, redactada por el magistrado Antonio Narváez, explica que «la normativa estatal se refiere de modo genérico a las universidades, sin distinción alguna entre unas universidades y otras».

En cambio, «la norma legal valenciana únicamente impone este deber de colaboración del Ejecutivo autonómico respecto de las universidades de titularidad pública, sin mencionar de modo expreso a las privadas».

En consecuencia, «existe una contradicción entre la normativa básica estatal y el precepto legal autonómico impugnado, ya que aquella no sólo no hace distinción entre unas y otras universidades, sino que en la propia regulación complementaria del régimen de concertación alude de modo expreso a las universidades privadas para establecer los vínculos de relación entre aquellas y las instituciones sanitarias integradas en el Sistema Nacional de Salud, a través de la figura del convenio», subraya el Tribunal.

La sentencia concluye que esta contradicción resulta de todo punto «insalvable por cuanto la normativa estatal básica concede una relevante y transcendente importancia a que la formación de los profesionales en las Ciencias de la Salud dispongan de toda la estructura sanitaria pública para la realización de sus prácticas clínicas, siendo estas imprescindibles, además, para completar su período de formación y la obtención de sus títulos académicos».

La sentencia cuenta con dos votos particulares, el primero de la magistrada Encarnación Roca, quien expone que «la cuestión debería haberse analizado exclusivamente desde el prisma de los títulos competenciales relativos a educación, pues era lo más coherente tanto con el sentido y finalidad del precepto impugnado, como con las normas estatales que la sentencia entiende vulneradas».

Eso hacía que «no resultase necesario analizar la delimitación de competencias en materia de sanidad y que se hubieran encuadrado en la materia educación las normas contenidas en la LGS y en la LOPS, atendiendo a que lo que regulan es la concertación necesaria entre las universidades y las Instituciones sanitarias públicas para la realización de la formación práctica que precisan los alumnos de Ciencias de la Salud».

Por su parte, el magistrado Fernando Valdés ha dejado por escrito en su voto particular que para resolver este asunto hubiera bastado considerar prevalente la regla competencial específica sobre la más genérica.

Esto es, «extraer plenamente las consecuencias del carácter prevalente del título competencial enunciado en el primer inciso del artículo 149.1.30 de la Constitución, en la medida en que atribuye al Estado la plenitud de la competencia normativa para la regulación de las condiciones de obtención de títulos académicos».

Convenio en Murcia

La Consejería de Sanidad y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) firmaron el pasado mes de noviembre de 2016 un convenio que regula las prácticas en los hospitales públicos de la Región de los alumnos matriculados en el grado de Medicina de la universidad privada. El convenio fue posible tras más de un año de negociaciones a tres bandas, entre la Consejería, la Universidad Católica y la Universidad de Murcia (UMU), y con un largo conflicto derivado de la resistencia de la UCAM a aceptar el uso exclusivo por los alumnos de la UMU de los tres hospitales de Murcia (La Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía) y de Los Arcos, en Santiago de la Ribera.

El documento que se rubricó establece que los estudiantes de la UCAM realicen sus prácticas en los centros hospitalarios Santa Lucía y El Rosell (Cartagena) y Rafael Méndez (Lorca), y en sus correspondientes redes de atención primaria.