Anticorrupción pide imputar Aguirre, Cifuentes y Gónzalez por financiación irregular del PP

Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. / Foto: EFE / Vídeo: ATLAS

La Guardia Civil afirma que Indra entró a la caja B del partido 1.054.247 euros a través de un sistema de testaferros conocido por los dirigentes populares

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón, que instruye el macro sumario Púnica sobre la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid, que cite como investigados a los expresidentes regionales Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular de la formación conservadora en esa comunidad durante años.

Según informan fuentes judiciales, las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez, han pedido también la imputación de la empresa Indra y de su presidente de honor, Javier Monzón, hoy al frente de Prisa.

El escrito de la Fiscalía, de 75 páginas y que reclama reordenar esta macrocausa para dejarla en solo once piezas, pide la imputación de los exmandatarios populares en la pieza 9, dedicada exclusivamente en a la investigación del desvío de fondos para el pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid.

Más de un millón

El Ministerio Público se hace eco en su escrito, entre otros, de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que sostienen que el PP de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra. El dinero habría llegado al partido entre 2008 y 201 3 (época en la que Aguirre y González dirigieron los destinos de la comunidad y del PP regional) a través de una madeja societaria de testaferros. La empresa habría allegado a la caja B del PP madrileño al menos 1.054.247 euros. Le existencia del flujo de ese dinero negro -sostienen los investigadores- habría sido conocida por todos los dirigentes populares del momento.

Además, en lo referido a Aguirre, la Fiscalía los informes de la la Guardia Civil sitúan a la expresidenta regional en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía a los 'populares' madrileños.

En uno de esos informes claves, la Guardia Civil incluyó el nombre de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2002 y 2013, después de que Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad del ejecutivo regional mencionara «la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la comunidad, la presidenta (Esperanza Aguirre), la directora general de Medios de Comunicación (Isabel Gallego) y (el empresario) Daniel Horacio Mercado». Allí, dijo, «se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing (sociedad de Mercado) en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su asesor técnico en Sanidad, Germán Rasilla».

Para la UCO, en esta cita se habría dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a la citada empresa para las campañas electorales del PP de Madrid en 2003 y 2007, si bien el testigo no concretó la fecha exacta de esos encuentros. Se trataba, en suma, de saldar deudas con esta empresa, que había estado realizando trabajos de comunicación para el partido presidido por Aguirre y que «tuvieron un coste de 151.503,35 euros».

Rajoy, «dopado»

A principios de año, otro informe de la UCO apuntó a que Mariano Rajoy pudo ganar las elecciones generales de 2011 financieramente «dopado», pues los investigadores encontraron pruebas que demostrarían que el PP de Madrid, que entonces dirigía Esperanza Aguirre, habría puesto en marcha un complejo entramado para allegar dinero a través de facturas falsas a la caja del PP nacional para financiar la campaña.

Los agentes, según se relataba en un informe entregado al juez Manuel García Castellón fechado el pasado 11 de enero, se toparon con los documentos que apuntan a la financiación ilícita de la campaña de Rajoy en los archivos de dos de los principales implicados en este caso, el exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez y el empresario de la comunicación Ricardo Vázquez.

Esos papeles señalaban que los fondos que llegaron de forma ilícita, a través de facturas falsas y empresas ficticias, para la campaña de los comicios generales de hace ocho años, superando con mucho los límites fijados por la ley, llegarían a unos 250.000 euros.

En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid en 2007. También destacó que era «partícipe y conocedora» de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.