Víctor Manuel López: «Cada vez las obligaciones de los municipios son mayores y menos los ingresos»

–¿Por qué nace la FMRM, y cómo funciona?

–El 25 de febrero de 1984, en una asamblea donde quedaron aprobados los estatutos, se constituyó formalmente la FMRM. Antonio Bódalo, entonces alcalde de Murcia, resultó elegido presidente, y ya en la primera ejecutiva estaban representados todos los partidos políticos, así como los independientes, que obtuvieron representación en las elecciones municipales de 1983. En la FMRM se habían integrado la totalidad de los ayuntamientos de la Región, caso único en toda España. Este año celebramos el 40 aniversario, una historia que ha influido en la evolución del mundo local y regional. Y es que, entre sus muchos compromisos, la Federación nació para ser el interlocutor entre la Administración regional y local y ayudar al desarrollo de las entidades locales en su día a día mediante asesoramiento jurídico, político, formativo, etc. Por lo tanto, la entidad, en cierta medida, es partícipe del trabajo que realizan las corporaciones locales en el papel de dirección y representatividad de los ayuntamientos, y del crecimiento de los empleados públicos locales. Mi labor como presidente es reivindicar las necesidades de los ayuntamientos entre administraciones, pero también lo son muchas otras que me convierten en gestor, y, en ocasiones, negociador.

–En estos tiempos convulsos, ¿también existe rivalidad entre partidos dentro de la FMRM?

–No, para nada. Porque si algo es importante en esta asociación es la neutralidad política, la imparcialidad, ya que esta es la casa de los 45 ayuntamientos, sin importar el partido que gobierna en cada uno de ellos. Un ejemplo de ellos es que fui elegido presidente por unanimidad en la Asamblea, que es el órgano de decisión más importante con el que contamos en la Federación, compuesto por todo los alcaldes y alcaldesas. No solo no hay rivalidad, sino que la herramienta política principal es el diálogo y la democracia, como no puede ser de otra manera.

–¿Cómo participan las corporaciones locales en la Federación?

–Contamos con una programación de actividades muy amplia, que implica directamente a los integrantes de las corporaciones locales. El bastión más importante son las Comisiones de Trabajo, que son grupos formados por alcaldes y concejales divididos por temas en los que se debaten y deciden cuestiones para que la Federación trabaje en ellos con el objetivo de conseguir resultados que beneficien a los ayuntamientos. También organizamos muchas jornadas informativas y cursos formativos, así como la creación de convenios de colaboración con organizaciones a los que los ayuntamientos se pueden adherir, y mantener vivo el papel de asesor o mediador en temas más complejos en los que las corporaciones locales necesitan ayuda. En los últimos tiempos, los proyectos europeos también son un punto de unión con los ayuntamientos, ya que participamos en varios de ellos.

–Cuarenta años de vida dan para mucho. ¿Cuáles son los principales hitos logrados en todo este tiempo para los ayuntamientos?

–Son muchísimos los retos completados por mis predecesores, desde la unidad y la lealtad a las entidades locales. Por comentar algo que considero importante y muy reciente, la Federación y la Comunidad hemos acordado dotar de un 50% más en montante del Plan de Obras y Servicios a los ayuntamientos.

–Una de las reivindicaciones histórica de los ayuntamientos es el problema de la infrafinanciación. Llevamos mucho tiempo hablando ya de esto pero sin soluciones en el horizonte, ¿no?

–Sin duda. La financiación es la reivindicación principal para lograr mejorar la gestión de las entidades locales. Los servicios que ofrecen los ayuntamientos a la ciudadanía son cada vez más numerosos, y en muchas ocasiones es complicado poder cumplir con ellos y ofrecerlos de la calidad que se requiere. De ahí que la reivindicación conjunta e histórica de los alcaldes y alcaldesas sea la de luchar por una nueva financiación local, ya que cada vez son mayores las obligaciones de la administración pública local, y menos los ingresos que reciben. Por lo tanto, para la administración pública local, una mejor y mayor financiación es irrenunciable. Sin ella no seremos capaces de abordar las cuestiones y necesidades que nuestros vecinos nos exigen.

–Uno de los temas que ha generado más polémica en los municipios en las últimas semanas ha sido la tasa de basuras, que ha subido de forma generalizada, coinciden los responsables locales, por la nueva Ley de Residuos. ¿Puede explicar por qué?

–Esta nueva ley de residuos es un reto para la administración local, regional y nacional, y acarrea cambios importantes que tenemos que asumir. En junio de 2022 comenzó a ser obligatoria la recogida selectiva de los residuos orgánicos para cumplir las directrices europeas. Estas directrices tienen, entre otros objetivos, que en 2035 solo el 10% de nuestros residuos municipales terminen en vertederos. Para incentivar estos objetivos, la ley impone unos instrumentos económicos que suponen el pago de un impuesto al vertido desde el 1 de enero de 2023 que antes no existía. El año pasado nuestros consistorios pagaban 30 euros por tonelada por los residuos depositados en el contenedor de resto. Por ello se hace necesario, y así también lo impone la ley, actualizar nuestras tasas de residuos para trasladar estos nuevos costes, e incrementar las tasas de reciclaje con una tasa de basuras, específica, diferenciada, y no deficitaria, que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos.

–Ha comentado que la Federación está inmersa en proyectos financiados por la Unión Europea, ¿En qué proyectos participa actualmente la organización y qué planes tiene al respecto?

–Esta es una de las grandes apuestas. Nos dan la oportunidad de trabajar en temas de gran importancia para la sociedad. Estamos participando en tres proyectos de este tipo, liderando dos de ellos. El primero es un proyecto para la adaptación local al cambio climático, cuyo factor principal es la colaboración público-privada, que ha posibilitado que los ayuntamientos de Alcantarilla, Lorquí y Molina de Segura hayan ejecutado obras para que sus municipios combatan el cambio climático. El segundo está basado en el apoyo al Green City Accord, que es el movimiento formado por ciudades europeas comprometidas con la conservación del medio ambiente. Esta iniciativa incluye cinco pilares que recopilan algunas de las áreas más importantes de gestión urbana: agua, aire, residuos, ruido y naturaleza. Los municipios de Murcia y Cieza, entre otros extranjeros, realizarán planes piloto basados en estos ejes. El tercer programa tiene como objetivo promover estrategias territoriales de movilidad sostenible a través de centros de generación y consumo de energías verdes.