Vélez sostiene ante el juez que actuó siempre «por el interés general»
El secretario general del PSRM reconoce que los contratos de la plaza de toros de Calasparra fueron verbales pero remarca que «sabía que era un buen precio»
Tras tres intentos frustrados, el secretario general del PSRM, José Vélez, pudo finalmente este jueves rendir cuentas ante la justicia. El diputado autonómico y exalcalde calasparreño declaró como investigado ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Caravaca de la Cruz en la causa por la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Calasparra desde 2017 a 2019. En su declaración de cerca de dos horas ante el magistrado, según ha podido saber LA VERDAD, el exdelegado del Gobierno repitió hasta la saciedad que actuó en todo momento guiado «por el interés general». Reconoció que los contratos vinculados al coso fueron verbales, pero remarcó que todos fueron beneficiosos para el municipio porque se había interesado en informarse sobre esta materia y sabía «que era un buen precio».
Vélez llegó poco antes de las diez de la mañana acompañado de su letrado defensor, Raúl Pardo Geijo-Ruiz, y del exconcejal y exsecretario de Organización del PSRM Jordi Arce, que también declaró como investigado en la causa. El exalcalde calasparreño se sometió a un intenso interrogatorio por parte del juez instructor, el fiscal y los abogados defensores, pero rechazó contestar a las preguntas de las acusaciones. Vélez ofreció detalles sobre numerosas facturas y reiteró que todas las decisiones en torno a este contrato fueron «por el interés general».
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A su interrogatorio precedió este miércoles la declaración de tres testigos, que ofrecieron explicaciones al magistrado instructor durante cerca de tres horas. Según explicaron fuentes cercanas al caso, el propietario de la plaza de toros explicó al juez que cuando Vélez le alquiló la plaza de toros en 2019, puso como condición que en el contrato de arrendamiento se le permitiera al Ayuntamiento ceder su posición como arrendatario a un tercero. El testigo remarcó, en este sentido, que él ya sabía que iba a ser Chipé, dada la amistad que unía al entonces alcalde con el administrador de esta empresa.
El propietario de la plaza fue cuestionado, además, a lo largo de su declaración sobre una factura pagada por el Ayuntamiento por obras de acondicionamiento para el acceso a minusválidos. Recalcó que no le consta que tales obras se hicieran en su plaza y que él siempre se opuso a esas obras por cuestiones de seguridad.
El instructor también escuchó este miércoles a la secretaria accidental del Consistorio, que desarrolló esta función desde 2012 a 2019. Según explicaron fuentes cercanas al caso, esta testigo reconoció que su informe favorable al primer convenio (2017) fue a posteriori para justificar el pago a Chipé. Aseguró desconocer que a los convenios tiene que preceder una memoria técnica.
El último testigo en declarar ante el juez fue el secretario titular del Ayuntamiento, que estuvo desde junio de 2019 a febrero de 2021. Confirmó, a preguntas de las partes, que no existe expediente por el cual el Ayuntamiento le cediera la explotación de la plaza en el año 2019 a Chipé después del contrato de arrendamiento. Este testigo remarcó que tenían que haberse recabado informes técnicos para comprobar si eran procedentes las cantidades entregadas a la empresa por los convenios de 2017 y 2018.
