La Fiscalía pide que un octogenario acusado de tocamientos a una mujer con discapacidad se someta a un curso de educación sexual
El Ministerio Público y la acusación particular reclaman que el hombre, de 82 años, sea condenado a cuatro años de cárcel y al pago de 3.000 euros de indemnización
El tribunal de instancia número 1 de Yecla ha ordenado la apertura de juicio contra un vecino de la localidad, de 82 años, acusado de agredir sexualmente a una mujer con discapacidad. La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el abogado penalista José Manuel Ortega, reclaman cuatro años de prisión para el sospechoso y una medida de libertad vigilada de un lustro que obligue al hombre a participar en un programa de educación sexual.
Los hechos por los que este octogenario deberá sentarse en el banquillo ocurrieron el 5 de septiembre del pasado año en un municipio de la comarca del Altiplano. El sospechoso, en torno a las 11.30 horas, se encontró con la mujer con la que mantenía una relación previa cercana a la amistad. Esta, según sostiene el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, tenía un grado de discapacidad del 66% que era conocido por el acusado y del que éste presuntamente se aprovechó para cometer los hechos.
Los hechos ocurrieron el pasado septiembre cuando el hombre se ofreció a llevar a la mujer a su casa en su coche
Tras invitar a la mujer a desayunar en un bar, el hombre la invitó a subir a su coche con el pretexto de acompañarla a un supermercado cercano a su casa, a lo que lleva accedió. El sospechoso la llevó por un camino de tierra que se encuentra en la parte trasera de ese establecimiento y aparcó el coche. Allí, sostiene el Ministerio Público, sin mediar palabra, la sometió a diversos tocamientos y trató de besarla. Ante la resistencia de la mujer, el acusado cejó en su empeño y la dejó en el comercio.
La Fiscalía, además de la pena de prisión, reclama que se le imponga una prohibición de acercase o comunicarse con la víctima durante ocho años y una inhabilitación para cualquier profesión o actividad con menores durante nueve años. El acusado afronta además el pago de una indemnización de 3.000 euros por los supuestos daños morales causados a la víctima.
