Varapalo del Tribunal de Cuentas a Política Social por su falta «significativa» de planificación

El informe alude a que la Comunidad «no dispone de un plan estratégico de servicios sociales, así como tampoco de planes sectoriales en materia de atención residencial a personas mayores». No se ha elaborado «un mapa de servicios sociales en el que se contemplen las necesidades de la población y su distribución geográfica», ni existen «instrumentos de coordinación desarrollados con las entidades locales en relación con la prestación del servicio asistencial a personas mayores», agrega el informe.

Buena parte de estos instrumentos figuraban en la ley regional de Servicios Sociales de 2003, pero no se llegaron a implantar. Y vuelven a aparecer en la nueva ley sobre esta materia aprobada en julio del pasado año. La Consejería asegura al respecto que entre 2016 y 2020 estuvieron vigentes unas Líneas Estratégicas de Acción Social, y recuerda que la nueva ley dispone de cuatro años para su desarrollo, en los que prevé elaborar el «plan regional del mapa de servicios sociales y el catálogo de prestaciones».

Entre las recomendaciones que realiza el Tribunal de Cuentas a la Comunidad está la de «elaborar un plan de atención residencial a las personas mayores».

El ejercicio de 2019 es el último analizado por el Tribunal de Cuentas, que aprobó el informe correspondiente en el Pleno del 27 de enero. Dicho informe llegó el pasado viernes a la Asamblea Regional, donde será objeto de debate entre los grupos parlamentarios.

Entre las conclusiones que figuran al final de las 371 páginas que componen el informe destacan también «las debilidades y deficiencias en el control de los bienes y derechos patrimoniales, así como en los sistemas de gestión y control de las subvenciones y ayudas otorgadas por la Comunidad».

El Tribunal de Cuentas alude a que en 2019 la Comunidad incumplió tanto el objetivo de déficit como la regla de gasto, así como que el período de pago a los proveedores superó en los doce meses del año los 30 días de máximo que fija le ley.

Pero también critica que «en los órganos directivos de las entidades públicas autonómicas no se ha alcanzado la presencia equilibrada entre hombres y mujeres», puesto que los hombres representan el 81% y las mujeres el 19%, cuando la ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que la representación debe oscilar entre el 60% y el 40%. «Este equilibrio tampoco se ha dado en los puestos de consejeros y consejeras», añade.

Con respecto a la Desaladora de Escombreras S. A., en 2019 declaró unas pérdidas de 20 millones y ya entonces se daban las condiciones que marca la ley para su disolución.