Las vacunaciones irregulares llegan a la Justicia

Las vacunaciones irregulares llegan a la justicia. Las fiscalías de Murcia y Castilla y León estudiarán los casos de inmunizaciones que no han respetado los protocolos de la estrategia de vacunación en las dos regiones tras sendas denuncias presentadas, respectivamente, por el PSOE y Podemos y por el sindicato CGT.

En el caso de Murcia, la Fiscalía anunció ayer que ha abierto diligencias para investigar la vacunación, fuera del protocolo, del exconsejero Manuel Villegas, de altos cargos de la Consejería de Salud y de alrededor de 400 funcionarios. La denuncia de los socialistas, interpuesta tras una información desvelada por LA VERDAD, busca esclarecer entre otras cuestiones si el presidente regional, Fernando López Miras, conocía que se habían producido estas inmunizaciones en grupos que no pertenecen a los marcados como prioritarios por el protocolo de vacunación.

En este asunto, la vacunación presuntamente irregular alcanzó al exconsejero de Salud, Manuel Villegas, quien tuvo que dimitir, así como a un extenso grupo de altos cargos de su departamento y alrededor de 400 funcionarios, muchos de los cuales no desempeñaban funciones asistenciales.

El portavoz y vicesecretario general del PSRM, Francisco Lucas, declaró ayer que administrar la vacuna a personal al que, según el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, todavía no le tocaba, supone «una falta de respeto imperdonable hacia la ciudadanía de la Región». Añadió que el Partido Popular se ha negado a entregar la lista de altos cargos a los que se les han administrado las dosis, «lo que pone de manifiesto que siguen actuando sin transparencia y ocultando información, y hace pensar que Manuel Villegas pueda no ser el único alto cargo que ha recibido la vacuna indebidamente».

Con todo, el propio PSOE puede verse afectado por la investigación de la Fiscalía Superior, pues no en vano Podemos extendió la denuncia de las supuestas irregularidades a la ya exalcaldesa socialista de Molina de Segura, Esther Clavero, a quien también se le administró el fármaco pese a no estar incluida en protocolo alguno.

La portavoz de Podemos en la Región, María Marín, celebró la decisión del fiscal de abrir diligencias por el escándalo de las vacunas, y recordó que su partido «ya advirtió la pasada semana de que estábamos ante una presunta ilegalidad, con consecuencias que van mucho más allá de la política». La diputada animó al fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, a llegar «hasta el final» en su investigación.

También en la Comunidad de Murcia tuvo que renunciar ayer a su cargo la coordinadora de IU-Verdes en Murcia, Alicia Martínez, por encontrarse entre los trabajadores del Servicio Murciano de Salud (SMS) que fueron vacunados sin tocarles todavía.

En Castilla y León, la CGT ha llevado a los tribunales la vacunación de personal administrativo y de oficinas, que en la actualidad se encuentra teletrabajando, perteneciente a Ambuibérica, la empresa concesionaria del transporte sanitario en la comunidad autónoma, antes que a los técnicos de emergencias sanitarias y empleados que atienden emergencias o se dedican al traslado de pacientes en Valladolid y Zamora. Esta misma empresa, en Cantabria, ha inmunizado a sus directivos antes que a los trabajadores, según Izquierda Unida.

Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo en toda España. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Galicia (CESM) relató ayer que son 200, y no 17, como había admitido la Xunta, los trabajadores del área sanitaria de Pontevedra que han sido vacunados contra la Covid-19. Personal de dirección, cocina, informática, admisión central, técnicos de salud y empleados de actividades no esenciales fueron algunos de los inmunizados en esta primera fase, en la que la estrategia nacional de vacunación estipula que sólo deben recibir las dosis los residentes en centros de mayores, sus cuidadores y el personal sanitario en primera línea de lucha contra el virus.

«El problema no es que se haya vacunado a estos trabajadores, sino que se ha dejado de inmunizar al personal que está de forma permanente en contacto con pacientes, potencialmente enfermos o transmisores de la infección, aunque no hayan sido diagnosticados o etiquetados como sospechosos de riesgo», destaca el sindicato.

En Granada, un centenar de funcionarios de un edificio de la Consejería de Sanidad, entre el que se incluye personal de limpieza y mantenimiento y personal administrativo, han recibido la primera dosis. Fuentes de la Junta de Andalucía justifican esta decisión en el hecho de su vacunación está incluida dentro de la primera etapa como «personal vinculado a la gestión de la pandemia».

Saltarse el turno implicará un castigo en Castilla y León. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció ayer que las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna saltándose los protocolos no recibirán la segunda dosis. «Se les administrará cuando les toque por su grupo, no antes, en su tiempo y forma, para no quitar la dosis a quien le corresponda tenerla», aseguró Casado. Castilla y León se une así a la Comunidad Valenciana, que tomó una medida similar.