El último cartucho de Mira-Gil

El nuevo hilo del que este equipo de letrados tiene pensado tirar tiene un nombre: J. Kenneth Littman, el abogado de oficio que se encargó de defender a Mira-Gil en la vista en la que fue condenado a cadena perpetua hace cerca de dos décadas. Este profesional, según reveló el reo más tarde, no hablaba español y él no se sintió adecuadamente defendido. Una hipótesis que comparte su nuevo equipo de letrados y que, además, sostienen, se ha visto reforzada en los últimos años por las polémicas surgidas por la participación de este defensor público en otros casos sonados.

Este letrado, que ejerció durante décadas en la Oficina del Defensor Público de Florida, fue apartado hace unos años del caso de Violeta Hinrichs, una joven de 19 años con discapacidad mental sentenciada a prisión por intentar asfixiar a su hijo pequeño, de siete meses, tal y como informaron medios locales. Concretamente, a Littman se le recriminó que no cuestionase en ningún momento el hecho de que su clienta fuese juzgada pese a su escaso coeficiente intelectual. «Esta fue claramente una bandera roja que creo que el abogado pasó por alto. Y no debería haber pasado por alto», subrayó la jefa de la oficina en declaraciones recogidas por los medios locales. El caso fue repetido y Hinrichs, absuelta.

La supuesta falta de diligencia del abogado de oficio es la razón que pretende esgrimir este equipo de letrados para tratar de conseguir un nuevo juicio, más justo, para el murciano. Marco explica que en el juicio de Mira-Gil el letrado de oficio no indagó en una huella que apareció en el lugar del crimen y que no pertenecía al murciano. Alega, también, que apenas hizo preguntas.

Para presentar un recurso y solicitar una nueva vista por vulneración del derecho de defensa, barajaron la posibilidad de contratar un abogado local, pero los números se escapan y debe ser alguno dispuesto a hacerlo altruistamente. Además, planean la constitución de una asociación –Carlos Mira Innocence Project– para canalizar su objetivo. Esta es una iniciativa, sostiene Marco, que cuenta con el beneplácito de la Embajada de España en Estados Unidos. Este organismo no puede apoyar económicamente al equipo de letrados –existe un fondo pero solo para aquellos condenados a pena de muerte–, pero se ha comprometido a echar una mano en otras áreas.

El «calvario» del preso número 167552 de la prisión de Tomoka (Florida) comenzó en noviembre de 2003, cuando fue encerrado por el asesinato de su amigo. Carlos se había marchado a Estados Unidos en busca de trabajo y residía de forma ilegal. Un día el cuerpo de su compañero de piso apareció en el asiento de atrás de su Chevrolet Camaro y varios testigos le acusaron. Mira-Gil, sin embargo, se declara inocente y denuncia que su condena se podría haber evitado porque está llena de irregularidades. A la espera de mejores noticias, Carlos sobrevive en el penal de Tomoka pendiente de su último cartucho.