El TSJ tumba el acuerdo de la Comunidad para llamar Juan de la Cierva al aeropuerto
Admite el recurso del Ministerio y concluye que el Gobierno regional actuó «por su cuenta» y obvió las competencias estatales, en vez de discutir un informe sobre los lazos franquistas del ingeniero murciano
La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) anuló la decisión del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de añadir el nombre de Juan de la Cierva al del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. La Administración regional «no es competente» para adoptar dicha resolución, concluye. Admite así el recurso del Ministerio de Transportes y Movilidad y apunta que, el 12 de mayo de 2022, el Ejecutivo de Fernando López Miras, «en vez de discutir el informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para defender la procedencia del cambio de nombre, acordó por su cuenta dicha denominación, obviando la competencia estatal».
El Ministerio de Transportes y Movilidad, que dirigía José Luis Ábalos (entonces en el PSOE), rechazó en 2021 el nombre del ingeniero murciano para el aeródromo, basándose en un informe que vinculaba al inventor del autogiro con el alzamiento militar de 1936. El dictamen sobre los lazos del también aviador con la dictadura franquista, tramitado a través del secretario de Estado de Memoria Democrática, el socialista Fernando Martínez López, fue solicitado por el Gobierno central a Ángel Viñas, catedrático emérito de Historia y militante de este partido. Viñas atribuyó a De la Cierva «su papel en el alquiler del avión más famoso de la historia contemporánea de España, el 'Dragon Rapide'», que usó el luego jefe del Estado hasta 1975.
El cambio de nombre fue solicitado al Ministerio tras un acuerdo adoptado por la Asamblea Regional en 2017. La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región se opuso, por considerar al aviador «colaborador necesario en el Golpe de Estado del 36». Siete años después, el TSJ ha dado la razón al Ministerio que encabeza ahora el socialista Óscar Puente y ha tumbado el acuerdo del Gobierno de López Miras, del PP. La sentencia lo deja sin efecto, al «no ser dicho acto conforme a derecho, al haber sido dictada por órgano manifiestamente incompetente», informó este viernes el TSJ en un comunicado.
La resolución, notificada este viernes, recoge que la Administración General del Estado sostuvo que, «tratándose de una aeropuerto de interés general, ostenta la competencia exclusiva» de determinar su denominación; y que la Comunidad defendió que la declaración de esta infraestructura como de interés general no incluye darle el nombre y que, como titular del bien, le corresponde ese derecho.
La Sala da la razón a la Comunidad en que ni la Orden de Fomento de 2003 sobre la construcción del aeropuerto ni otra norma reserva al Estado esa competencia de denominación. Pero considera que, más allá de esa «laguna legal», es «innegable que la atribución de competencia exclusiva al Estado por la Constitución Española es genérica, por lo que habrá que entender que dicha competencia se extiende a cuanto guarde relación con los aeropuertos de interés general».
El TSJ añade que la Comunidad pasó de solicitar el cambio de nombre al Ministerio en junio de 2018 (y con informes favorables), a través del consejero de Fomento, a actuar de forma unilateral a la vista del informe remitido por Memoria Democrática a la Dirección General de Aviación Civil.
Fomento estudia un recurso
El Ejecutivo regional anunció que los servicios jurídicos de la Comunidad «estudiarán la posibilidad de recurrir la sentencia». «El Gobierno regional no va a cejar en el propósito de que el aeropuerto se llame como el ingeniero español y murciano que más ha contribuido al desarrollo de la aeronáutica» y que oponerse a ello es «una cuestión de pura ideología sectaria, sin ningún fundamento histórico». «Es incomprensible que el Gobierno de España llame Juan de la Cierva a sus becas más prestigiosas, y haya plantado batalla judicial» por el aeropuerto, añadieron.
El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, pedirá al presidente de la empresa estatal AENA que esta «se implique en el impulso del aeropuerto con más vuelos y nuevos destinos», y no deje sola a la Comunidad. Argumentó que «la sentencia establece que la competencia exclusiva del aeropuerto es del Estado».
Reclaman a la anterior concesionaria del aeródromo los daños por incumplimientos
La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha iniciado el expediente de liquidación del expediente del contrato de concesión del aeropuerto internacional de la Regiónd e Murcia, para reclamar a la anterior concesionaria los daños por incumplimientos. El Gobierno regional se lo comunicará a Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia SA, participada de forma mayoritaria por Sacyr.
Los técnicos recabarán informes para determinar los importes de los daños y perjuicios, que se incluirán en el proyecto de liquidación. Finalizados los anteriores trámites, se dará traslado del expediente de liquidación a la concesionaria, que contendrá la cantidad actualizada de daños y perjuicios, superior a los 180 millones de euros iniciales. La Comunidad «continúa defendiendo los intereses de la Región para que la anterior concesionaria pague las consecuencias de sus incumplimientos, que provocaron que la infraestructura no pudiera abrir en 2012» sino en 2019, indicaron en Fomento.
El Tribunal Superior de Justicia declaró en septiembre la caducidad del procedimiento anterior, «basándose en una sentencia del Tribunal Supremo posterior a la liquidación de la Consejería», señaló el Ejecutivo. Y aseguró haber mantenido su derecho a ver compensados los daños y perjuicios. En la práctica, la liquidación anterior arrojó un saldo de unos 36 millones de euros en favor de la Comunidad, descontados las inversiones realizadas por la concesionaria.
