El Tribunal de Cuentas revela el descontrol y la baja ejecución de las ayudas por la Covid en la Comunidad

El Tribunal de Cuentas publica ahora el primer informe de fiscalización de las subvenciones relacionadas con la Covid y convocadas por las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. El análisis corresponde a las ayudas gestionadas en el año 2020 por Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Región de Murcia, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y las conclusiones, en muchos aspectos, son poco satisfactorias.

Con carácter general, el órgano fiscalizador apunta que «la gestión de las subvenciones vinculadas a la Covid-19 se ha realizado con falta de planificación estratégica y del preceptivo diseño de indicadores y objetivos medibles».

El Gobierno central creó en 2020 el fondo Covid-19, dotado con 16.000 millones de euros que distribuyó entre las comunidades repartidos en cuatro tramos: los dos primeros para reforzar el gasto sanitario, el tercero, el educativo y el cuarto para contrarrestar la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica.

La Región de Murcia convocó 71 programas de ayudas por un importe global de 128,7 millones de euros. De todas estas convocatorias, el Tribunal de Cuentas (TC) ha tomado 15, con un importe de 79,5 millones (el 61,75% del total), como muestra para la realización del informe.

El colectivo más favorecido por las ayudas repartidas por las comunidades fue el de empresas y autónomos, que fueron el blanco del 76,4% de las convocatorias, seguidos a gran distancia por la ciudadanía, con un 9,46% de las ayudas.

El informe del TC destaca en sus conclusiones que «los importes concedidos durante el ejercicio no alcanzan, de forma generalizada, los previstos asignar según las convocatorias, siendo Castilla-La Mancha y Ceuta las únicas en conceder más del 85% de la cuantía. Las desviaciones más importantes se han producido en Cantabria, La Rioja y, sobre todo, en Melilla. Por otra parte, los porcentajes menores de pagos en relación con los importes concedidos se han producido en la Región de Murcia (61%) y Melilla (70%)».

En concreto, de los 79.486.000 euros de las convocatorias de ayudas de la Región analizadas por el TC, se concedieron 50.489.000 euros, pero solo llegaron a pagarse 30.694.000 euros.

El desfase es aún mayor en el caso de las ayudas al pago del alquiler de la vivienda habitual, en las que el importe ejecutado respecto de las cuantías convocadas fue inferior al 50% excepto en Castilla-La Mancha. «Los porcentajes más bajos de ejecución fueron en la Región de Murcia, donde únicamente se llegó a conceder el 4% del importe previsto», señala el informe. El importe convocado por la Región en este caso fue de 14.767.000 euros, pero solo llegó a conceder, en el año 2020, 636.000 euros de estas ayudas.

En algunas convocatorias dirigidas a empresas y autónomos también se detectaron niveles muy bajos de ejecución, siempre por debajo del 50%, e incluso «en una de las convocatorias de la Región de Murcia los beneficiarios y el importe fueron respectivamente el 4% y el 2% de los inicialmente previstos», agrega el TC.

Además de la baja ejecución de las ayudas, el informe pone de manifiesto el incumplimiento de algunas normas, como la concesión de ayudas directas por parte de Cantabria, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y La Rioja para cubrir el déficit de explotación de empresas concesionarias de contratos de servicios públicos, cuando el real decreto que regulaba estas ayudas establecía que las compensaciones en estos casos fueran a través de modificaciones de las condiciones contractuales

Asimismo, ninguno de los nueve planes estratégicos de subvenciones vigentes en la Región en 2020 figuraba en la base de datos nacional de subvenciones, lo que el TC considera «una mala práctica y un incumplimiento de los principios de transparencia y de accesibilidad».

Dentro de los procedimientos de concesión de las ayudas, la Región se diferencia del resto por el elevado porcentaje de subvenciones que otorga por concurrencia no competitiva –se reparten las ayudas por orden de llegada de la solicitud–, un sistema que no se contempla en la normativa básica del Estado, pero sí en la legislación regional.

El Tribunal de Cuentas informa de que en una de las quince convocatorias de subvenciones de la Región analizadas «no se publicó la identificación de las personas o entidades beneficiarias ni el importe otorgado».

Además, el informe pone de manifiesto la falta de seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las convocatorias de ayudas, ya que solo dos consejerías realizaron las valoraciones pertinentes, la de Salud y la de Política Social, mientras que las otras no lo hicieron o emitieron sus informes fuera de plazo.

Respecto al plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, «no incluyó las de la Fundación Séneca, en contra de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la ley autonómica», agrega el documento del órgano fiscalizador.

La falta de control se pone de manifiesto en el hecho de que «27 beneficiarios en Murcia percibieron ayudas sin que conste la documentación justificativa exigida en las convocatorias». De ellas, 23 corresponden a subvenciones a entidades locales de la Región para prestaciones sociales básicas, pero la mayoría de estos expedientes «carecían de memoria final de ejecución de los fondos y un certificado de gastos y pagos emitido por la intervención local», documentos exigidos por la ley y que fueron aportados por la Comunidad en el trámite de alegaciones de este informe.

El tiempo medio transcurrido desde la publicación de las bases reguladoras hasta la primera concesión supera los dos meses en todas las comunidades excepto en Ceuta, donde se emplearon de media dieciséis días. Las autonomías donde más se demoró la aprobación de la concesión fueron Cantabria y Extremadura, donde se alcanzaron, respectivamente, los 104 y 150 días de media.

En el análisis de tiempos medios en relación con las ayudas a empresas y autónomos resulta un mayor tiempo de tramitación en Extremadura (186 días), Melilla (113 días) y La Rioja (99 días), y respecto de las ayudas al pago del alquiler de particulares, los mayores tiempos de tramitación se dan en la Región de Murcia (184 días) y Cantabria (179 días).

El Tribunal de Cuentas concluye su primer informe de fiscalización de las subvenciones relacionadas con la Covid y convocadas por las comunidades autónomas con una serie de recomendaciones, entre las que destaca la necesidad de «mejorar los procedimientos de publicidad».

El órgano fiscalizador considera imprescindible la publicidad de las ayudas, «para favorecer el éxito de las convocatorias y que los posibles beneficiarios tengan la información adecuada para poder concurrir a las convocatorias». Al respecto, agrega, «si bien la normativa establece el procedimiento por el que se da publicidad en las distintas fases, se han detectado deficiencias en todas ellas». Por ello, pide a las administraciones territoriales que mejoren la aportación de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Otra de las recomendaciones a las comunidades es que «incorporen en la legislación la exigencia de que en las convocatorias se incluya la referencia expresa a las líneas de los planes estratégicos de subvenciones correspondientes», para así facilitar la verificación del cumplimiento de los objetivos.

De hecho, el Tribunal de Cuentas destaca la «falta de planificación estratégica y del preceptivo diseño de indicadores y objetivos medibles por partes de las comunidades y ciudades autónomas objeto de la fiscalización».

Este es el tercer informe de los seis previstos por el fiscalizador relativos a las ayudas, subvenciones y avales otorgados por distintas entidades públicas para paliar los efectos de la crisis sanitaria. Las comunidades objeto del informe –Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Región de Murcia, La Rioja y las ciudades de Ceuta y Melilla– concedieron 637 millones de euros en subvenciones a través de 363 convocatorias.

Para la realización de esta fiscalización se han analizado 78 convocatorias por un importe de 475 millones de euros, lo que representa el 75% de la cuantía total convocada.