La Región, Valencia y Andalucía acudirán a los tribunales si se toca el Trasvase

La Generalitat Valenciana, con una participación clave en el conflicto del agua, apretó este lunes el acelerador a favor del Trasvase y certificó su «unidad» con la Región de Murcia y Andalucía. Las tres comunidades receptoras del agua del Tajo «son una única voz, sin fisuras y con una defensa férrea a favor del Trasvase; que le quede claro al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Estado», manifestó la consejera de Agricultura y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, tras su reunión en Murcia con el consejero Antonio Luengo y el presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, en la sede de esta organización.

Recalcaron que «se activarán todas las medidas judiciales» si el Gobierno central aprueba un decreto cambiando las reglas del acueducto. En este sentido, piden que se paralice la segunda votación del Consejo nacional del Agua, -este martes acaba el plazo para votar- paso previo para dicho decreto.

Los tres gobiernos autonómicos están reforzando su alianza para que no se toque el Trasvase, y sobre todo que no se eleve el caudal ecológico en Aranjuez, que es el principal frente de batalla, ya que sostienen que no está justificado técnicamente, a la vez que defienden que el estado de las masas de agua en el Alto Tajo es óptimo, según la Confederación Hidrográfica. Mireia Mollà y Antonio Luengo consideran que el Ministerio y los gobiernos de Madrid y Castilla-La Mancha deben actuar en origen depurando las aguas del Tajo, empleando para ello los fondos de recuperación de la UE.

Luengo recordó que la subida del caudal ecológico «conllevaría una disminución de 80 hectómetros anuales al Levante». Un incremento, insistió, «que no se puede permitir y que no beneficiaría a nadie; no hay ni un solo regante de Castilla-La Mancha que vaya a disfrutar de ese agua».

Luengo y Mollá expusieron la necesidad de mantener una reunión urgente con el ministra Teresa Ribera, en la que participen las cinco comunidades implicadas: las tres receptoras del Trasvase junto a Castilla-La Mancha y Madrid. En este sentido, apelaron a la «receptividad» del Gobierno central para buscar un acuerdo.

Una semana después del acuerdo institucional que firmaron en Almería los presidentes de Murcia y Andalucía, a la que no asistió Ximo Puig -que definió el encuentro como un «aquelarre»-, la consejera despejó cualquier duda sobre la implicación de su comunidad en defensa de los regantes. También aclaró que no hay alternativas al Trasvase. Asimismo, recordó la carta conjunta que han enviado a la ministra y a los miembros del Consejo Nacional del Agua.

Lo que no se ha visualizado todavía es un encuentro entre López Miras, Juanma Moreno y Ximo Puig. Este último tiene previsto reunirse hoy en Elche con los representantes de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Izquierda, que depende del Trasvase. Los dirigentes del Scrats también le han solicitado otra reunión.

«No existe ningún elemento técnico que valide una subida del caudal ecológico en Aranjuez», dijo Mireira Mollà. «Cualquier caudal que se suba será una merma y un ataque directo al agua que necesitan los regantes. Cuando no hay un elemento técnico que lo avale, estamos entrando en política. El Trasvase ya está muy estudiado técnicamente, es muy garantista, y el elemento político sobra. Unos quizás hablan de política, pero otros hablamos de un sector productivo por excelencia, en el que hay miles de familia que dependen de cada gota definida en ese Trasvase», añadió la consejera.

Recalcó que hay que aprovechar los fondos de recuperación de la UE para mejorar el estado del río Tajo y depurar los tramos de aguas sucias. «Algunos pretenden subir el caudal para que se diluyan esas aguas que contaminan el río», advirtió, para indicar que no se puede proceder de esa forma.

Esa suciedad, añadió, «no es culpa de nuestros regantes, sino de un déficit muy claro de depuración». Rebatió al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien dijo que hay tramos del Tajo que son «una porquería». «El problema del río no son los caudales ecológicos, ni los regantes, ni nada técnico, sino que es una cuestión política», subrayó la consejera, que apeló al diálogo.