Treinta mil murcianos se quedarán desde enero sin ayuda de los bancos de alimentos
El Gobierno central ha cambiado los requisitos de acceso y priorizará a las familias con hijos y que no superen el 40% de la renta media nacional
Cerca de 30.000 personas de la Región de Murcia se quedarán sin ayudas de los bancos de alimentos del Segura, Cáritas y Cruz Roja ... a partir del 1 de enero de 2024 después de que el Gobierno central haya cambiado los requisitos de reparto.
Dentro de dos meses se priorizará a las familias con hijos menores de 18 años a su cargo y con ingresos muy bajos, que no superan el 40% de la renta media nacional (6.326,8 euros). En la Comunidad, el 37 por ciento de los hogares podría ser susceptible de recibir esta ayuda, según fuentes de Política Social.
La institución que más personas dejará sin ayudas es el Banco de Alimentos del Segura, que en la actualidad atiende a 35.000 usuarios al año (aquí se incluyen los de Cáritas) y a partir de enero dejará fuera a entre el 70% y el 80% de ellos. O sea, entre 28.000 y 24.500 beneficiarios se quedarán sin los alimentos que vienen recibiendo en un contexto económico difícil debido al encarecimiento de la cesta básica en un 27% en los últimos dos años, atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística.
El cambio en el sistema de distribución de alimentos excluirá del reparto a 16.754 personas (este dato está incluido dentro del Banco de Alimentos del Segura), que actualmente son atendidas por Cáritas y a 1.900 que reciben alimentos de Cruz Roja.
El cambio de perfil
Los requisitos han cambiado porque desaparece el Fondo Europeo de Ayuda a Personas Desfavorecidas (FEAD), que hasta ahora financiaba en España el reparto de alimentos en especie. En el marco del Fondo Social Europeo se ha establecido un nuevo modelo que cambia la entrega de alimentos en mano por otros sistemas como las tarjetas monedero y las ayudas económicas con el objetivo de evitar la estigmatización y esto lo aplaude Cáritas. La ONG de la Iglesia católica valora «muy positivamente» el nuevo modelo porque «va a permitir dignificar los procesos de acceso a la alimentación como derecho básico y mejorar el acompañamiento a la inclusión». Sin embargo, la institución que este año ha atendido a 9.550 hogares (26.593 personas, de las cuales 8.582 son menores) no está de acuerdo con el «cambio significativo en el perfil» de los beneficiarios. El motivo es que entiende que «se reduce la atención a familias, dejando fuera de cobertura a un importante número de personas y hogares cuyo único apoyo público recibido, en algunas ocasiones» era el banco de alimentos de Cáritas.
Las ONG están a favor de cambiar el suministro de comida en mano por las tarjetas monedero, aunque lamentan que el apoyo llegue a menos hogares
Desde Cruz Roja, que han atendido este año a 23.173 personas (entre ellas 7.827 menores de 15 años), han trasladado su «preocupación» por el número de usuarios que no estarían incluidos en el nuevo programa y cuyas necesidades se podrían cubrir con el acceso a la Renta Básica de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital, aparte de medidas de acompañamiento para conseguir su inclusión social a medio plazo.
También Cruz Roja ve con bueno ojos el nuevo modelo. La ONG considera que aplica una «mejor respuesta, que genera un cambio en el foco de la intervención que se realiza dando una entrega económica a través de tarjetas monedero. Esto, aseguran, genera autonomía a la persona y a la unidad familiar en su alimentación y pone el foco en medidas de acompañamiento, que incluyen actuaciones enmarcadas en un itinerario personalizado orientado a la inclusión social».
Por su parte, el Banco de Alimentos del Segura, que ha atendido este año a 35.000 personas (no reparten a los usuarios sino a ONG como Cáritas), destaca que el nuevo modelo busca la dignificación de la personas, un fin que comparten, pero advierten de que «en la situación social en la que nos encontramos», «la eficiencia en la respuesta debe tener un mayor peso».
Las colas del hambre
El actual programa FEAD de reparto de alimentos, que debió terminar en 2022, pero fue prorrogado hasta 2023, consiste en la compra de alimentos en el mercado mediante un procedimiento de puja pública para su suministro a las organizaciones asociadas, explican desde Cáritas. Ellos están a favor del cambio porque el modelo actual incluye unos costes de logística y humanos que hacen recomendable el cambio.
Las cifras
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35.000 personas han recibido este año alimentos y bienes de primera necesidad del Banco de Alimentos del Segura. En esta cifra se incluyen los 26.593 de Cáritas.
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Hasta el 80% Entre 7 y 8 de cada diez beneficiarios se quedarán sin ayuda con el cambio de requisitos aprobado por el Gobierno central a partir del 1 de enero.
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26.593 usuarios de la Región han sido atendidos en este 2023 por parte de Cáritas.
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Afecta al 63% Un total de 16.754 beneficiarios (63%) perderán la ayuda que reciben a partir del próximo 1 de enero.
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23.173 ciudadanos reciben alimentos de Cruz Roja. Representan un total de 7.835 familias, con hasta 7.825 menores de 15 años a su cargo.
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1.900 se quedan fuera La ONG estima que 1.900 personas no cumplirían con los nuevos requisitos a partir de enero por lo que dejarían de recibir ayudas.
Sin embargo, desde el Banco de Alimentos del Segura creen que cuando se sustituye la entrega de productos obtenidos en una subasta con precios bajos por tarjetas monedero para ir a comprarlos al supermercado, a precio de mercado, «la diferencia es más sustancial». Por eso estiman que «habrá que reducir el número de personas atendidas ya que no habrá tarjetas monedero para la gran mayoría que a día de hoy acuden a las colas del hambre».
La soledad, fuera del sistema
Según Cruz Roja, la puesta en marcha del nuevo sistema dará lugar a «que personas solas o unidades familiares sin menores a su cargo, no estén contemplados». No obstante, reconocen las bondades del nuevo sistema.
«Este nuevo plan abre la oportunidad de atender mejor las necesidades de alimentación de las familias con la posibilidad de incluir no sólo una cesta básica sino también alimentos perecederos que el programa actual no lleva».
Por eso ven «como aspecto positivo» que el nuevo programa plantee la cobertura de las necesidades a través de tarjetas monedero, abandonando el reparto de alimentos». Estaríamos, añaden, «ante un reparto más digno e integrador para las familias y que permite eliminar los gastos de logística de la operación».
La idea, insisten, es que la persona sea protagonista de su dieta y pueda adquirir productos frescos para que no «se generen procesos que se cronifiquen y den lugar a la malnutrición».
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Usuarios en riesgo de exclusión y trabajadores con empleos precarios y sobreendeudados
El Banco de Alimentos del Segura asegura que no hay un perfil definido de las personas que acuden a pedirles ayuda, pero, sobre todo, por la pandemia, han visto que al beneficiario habitual (persona en riesgo de exclusión) se ha sumado el «trabajador en situación de vulnerabilidad». O sea, personas que tienen empleo, pero que «por la precariedad laboral, el sobreendeudamiento o la inflación necesitan soporte alimenticio», explica el portavoz de la entidad, Rubén Ferré.
Este último es más o menos el mismo perfil que atiende Cruz Roja: usuarios o unidades familiares que o están en paro o tienen un empleo precario y al tener recursos económicos reducidos o nulos, necesitan ayuda.
En Cáritas ayudan a personas y familias en riesgo de exclusión con un perfil muy variado. Hay personas y familias con carencias materiales derivadas del empobrecimiento y dentro de este grupo las hay con menores a su cargo, pero también usuarios solos y hogares en que todos sus miembros son adultos y familias monoparentales. Según la memoria de 2022 de Cáritas, el 56,8% de los hogares atendidos tienen hijos menores. La gran mayoría (35,3%) son familias monoparentales.
Ley del desperdicio
Desde el Banco de Alimentos del Segura aseguran que el cambio de modelo hacia las tarjetas monedero no pone en peligro su continuidad porque ellos han trabajado en una «estructura lo suficientemente fuerte como para no depender únicamente de los fondos» que llegan desde Europa. Pero admiten que la realidad es que muchos bancos de alimentos de otras provincias se verán obligados a cerrar sus puertas. «En nuestro caso nos tocará adaptarnos. La nueva ley del desperdicio alimentario será un protagonista importante de cara al futuro».
Incertidumbre desde la Comunidad y las ONG
Desde la Consejería de Política Social son conscientes de que el 31 de diciembre finaliza el fondo FEAD y el 1 de enero debería de entrar en funcionamiento el nuevo sistema de reparto de alimentos (Programa de Asistencia Material Básico). Sin embargo, explican que como el Gobierno central, no llega a tiempo de implantarlo, ha anunciado que va a poner en marcha un modelo transitorio «del que se desconoce cómo va a funcionar, ni de qué manera va a afectar a las entidades locales y del Tercer Sector, y mucho menos a las familias en situación de vulnerabilidad que, hasta ahora, han sido beneficiarias del Fondo de Ayuda Europea.
De esta forma, las entidades sociales no saben a día de hoy cómo se va a hacer el reparto de alimentos.»La única información que se tiene hasta el momento es que hasta abril, el Ministerio de Agricultura proporcionará los alimentos en ese periodo». Sin embargo, se desconoce si transferirá alimentos suficientes para cubrir las necesidades de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Las entidades sociales sospechan que son pocos alimentos los que se van a repartir y que no cubrirán a todas las personas necesitadas.
La incertidumbre de las entidades también se centra en qué pasará después, una vez que acabe el sistema transitorio y, hasta incluso, si la tarjeta monedero que se va a implantar será el fin de los bancos de alimentos.
«Nosotros, por nuestra parte, ya hemos trasladado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales la falta de información de ese modelo transitorio que es confuso y complejo y que generará más carga burocrática a las comunidades autónomas. Y además, solicitamos que se desarrollen los mecanismos necesarios para la creación de un grupo de trabajo que permita establecer una coordinación continuada con las comunidades autónomas para crear un sistema de financiación acorde a las necesidades de los ciudadanos con el fin de que este recurso pueda llegar a toda persona que lo necesita y trabajar como lo estamos haciendo hasta el momento, de la mano de las entidades del Tercer Sector», concluyen desde Política Social.
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