La tramitación de expedientes para la dependencia supera ya el año y medio
Política Social anunció en noviembre la contratación de más evaluadores para solucionar el atasco, aunque el tiempo para resolver solicitudes no ha dejado de aumentar
«Sería imperdonable que una gestión errática o intereses cortoplacistas y tacticismos de todo tipo y color que, por desgracia, caracterizan a la política española ... en los últimos años, se antepusieran a la solución de la auténtica emergencia humanitaria que están viviendo las personas dependientes. Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la ley». Esta es una de las consideraciones del último informe del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que recuerda que la lista de espera se redujo en un 16,71% en 2021 en el conjunto del país, aunque la Región fue una de las siete comunidades donde esa lista de espera aumentó (6,72%) el año pasado.
Al incremento del número de personas en lista espera en 2021, según indica el informe, «hay que añadir lo escandaloso de los plazos de tramitación» de los expedientes para resolver las solicitudes de ayudas a la dependencia, que alcanza ya los 421 días de media nacional (aunque la ley fija un plazo máximo de 180 días) y que presenta «grandes variaciones interterritoriales». Según el mismo documento, publicado en abril, la Región de Murcia es la cuarta comunidad más 'lenta' en este sentido, con un tiempo medio de 573 días de espera desde la presentación de la solicitud hasta la resolución de la prestación. Más de un año y medio. Esto, a juicio de los directores de Servicios Sociales, indica que «a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión».
Estos 573 días de espera en la Región suponen casi el 19% más que hace un año, cuando la misma asociación cifraba en 482 el plazo medio en la Región, para después subir a los 485 en otro informe publicado en noviembre. Fue entonces cuando la Consejería de Política Social anunció la contratación de 25 valoradores más, aunque finalmente se quedaron en diez. Según anunció el gerente del Imas el mes pasado, esas contrataciones lograron reducir «un 23% el tiempo medio de espera para la valoración de la dependencia en el primer trimestre del año». Un dato que no cuadra con lo reflejado en el informe de los directores de Servicios Sociales. Tampoco con las cifras ofrecidas ayer por fuentes de la propia Consejería, que explican que «el tiempo total de la resolución del grado de dependencia era de 584,75 días en noviembre y de 545,29 días en abril de 2022», lo que supone una reducción del 6%. En cualquier caso, según indica el informe, a este ritmo «se tardaría un lustro en lograr la plena atención a las personas dependientes».
«Cuando llega la resolución, hay que volver a empezar»
El informe del Observatorio de la Dependencia recoge también «los motivos de estos impresentables retrasos» que, después de quince años de implantación de la ley, «son múltiples», aunque la asociación apunta dos fundamentales. Por un lado, «los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la ley que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención». Por otro, «el disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. «La mayoría de comunidades establecen dos procedimientos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio). Muchas veces, cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones».
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