La 'trama Consejerías' se embolsó 1,4 millones con supuestos contratos amañados en Presidencia y Sanidad
El juez procesa a tres presuntos implicados por la red delictiva tras una investigación de ocho años
Una supuesta trama delictiva asentada en la Comunidad Autónoma, en concreto en las consejerías de Presidencia y Sanidad, logró embolsarse presuntamente 1,4 millones de ... euros entre los años 2003 y 2007 mediante contratos menores y otros negociados sin publicidad, que supuestamente eran amañados entre dos funcionarios y un grupo de empresarios, concertados entre sí para obtener un importante lucro personal. Tal es la conclusión a la que, después de una investigación que se ha prolongado durante ocho años, ha llegado la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Raquel Lacunza, y que plasma en el auto de procedimiento abreviado -equivalente al del procesamiento- con el que se encamina a juicio el llamado 'caso Consejerías'. Estas diligencias son una pieza separada de la llamada 'Operación Biblioteca', que comenzó a ser investigada allá por el año 2008, cuando se descubrieron presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Ayuntamiento de Librilla.
Las gestiones de los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil orientaron las pesquisas hacia un funcionario de la Consejería de Presidencia, José Luis Cano Valverde, quien ostentaba el cargo de jefe del Servicio de Atención Técnica a Municipios. Desde esa responsabilidad, este empleado público disponía de una plataforma privilegiada «para entablar relación con ayuntamientos y para la celebración de contratos menores en el ámbito de su servicio«, lo que a su vez le otorgaba una »posición privilegiada para desarrollar sus actividades presuntamente ilícitas, pues aprovechando o prevaliéndose de su función pública, creó un sistema para, de forma continuada, obtener beneficios económicos importantes para sí a través de un entramado de empresas en las que directa o indirectamente participaba y de las que ejercía control efectivo, en cualquier caso, o que se prestaban a cambio de adjudicaciones a licitar como 'comparsa'«, tal y como relata la magistrada Lacunza en su resolución.
Entre las mercantiles que Cano Valverde habría contribuido a poner en marcha y sobre las que ejercía un control efectivo, total o parcial, y que fueron utilizadas para la obtención supuestamente irregular de contratos públicos, destacan Control & Gis Consultores SL, Asesores de Calidad y Desarrollo para la Ingeniería (Acadi SL), Emusal SL y Viviendas y Suelo Residencial (Visur SL), que entre los años 2003 y 2007 llegaron a obtener encargos de la Administración regional por importe de 1,4 millones de euros.
El jefe de servicio de la Consejería de Presidencia, quien falleció en un accidente de motocicleta en 2010, cuando ya se encontraba imputado en estas diligencias, contaba en este presunto entramado ilegal con la colaboración de personas como Domingo Peñalver Rojo, Francisco Javier Conejo Motilla y José Antonio Núñez Sánchez, que figuraban como representantes de algunas de esas mercantiles y presuntamente estaban concertados para presentar ofertas amañadas con las que dar apariencia de concurrencia de otras empresas y de legalidad a las adjudicaciones. Se da la circunstancia de que José Antonio Núñez también falleció, en este caso poco antes de que se abriera esta pieza separada.
Las muertes de estas dos personas ha circunscrito finalmente la depuración de posibles responsabilidades penales a Domingo Peñalver y a Francisco Javier Conejo, así como a un funcionario de la Consejería de Sanidad, Gabriel Carrión Ojanguren, el jefe de Servicio de Obras y Mantenimiento de ese departamento, amigo personal de Cano Valverde, a quien la juez atribuye haber participado en la presunta adjudicación ilegal de varios contratos. En este caso, el auto recoge que no existen datos que apunten a que Gabriel Carrión se lucrara personalmente con estas prácticas.
Por todos estos supuestos hechos, la magistrada Lacunza procesa a Domingo Peñalver y Francisco Javier Conejo por los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la Administración Pública y falsedad documental, mientras que a Gabriel Carrión le atribuye supuestos delitos de falsedad documental y contra la Administración Pública.
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