El fiscal reclama 74 años de prisión a la presunta trama urbanística de 'Biblioteca'
El exregidor de Librilla, su teniente de alcalde y un alto funcionario se habrían repartido 570.000 euros en comisiones por amañar contratos de obras
Después de doce años de investigación judicial, la Fiscalía Superior de la Región ha formulado el escrito de acusación contra catorce presuntos integrantes de ... una de las primeras tramas de corrupción urbanística desmanteladas en la Región: la llamada 'Operación Biblioteca'. La redada desencadenada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que allá por el año 2008 llegó a tomar el Ayuntamiento de Librilla, se saldó con la detención de quien era alcalde del PP en esa localidad, José García Martínez, popularmente conocido como 'Pepe El Mecánico'; el primer teniente de alcalde, Pedro Martínez Muñoz, y un amplio grupo de funcionarios, asesores y empresarios que supuestamente se dedicaron a amañar contratos de obra pública en ese municipio para lucrarse.
El escrito de calificación redactado por el fiscal, al que LA VERDAD ha tenido acceso, reclama penas globales de casi 74 años de prisión para los presuntos integrantes de esa presunta red delictiva, que habría incurrido en delitos de cohecho, alteración y fraude en los concursos públicos, prevaricación, fraude en la contratación, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y fraude.
Los acusados y las penas solicitadas
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José García Martínez y Pedro Martínez Muñoz (alcalde y concejal) El fiscal les pide diez años y medio de cárcel.
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José Andrés Cortés (funcionario) La Fiscalía reclama nueve años y nueve meses de cárcel.
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José Luis Martínez (arquitecto técnico) Petición de nueve años de cárcel.
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Domingo Peñalver Rojo El fiscal reclama once años y nueve meses de cárcel.
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Cesáreo Gil de Pareja Otón Solicitud de ocho años de prisión por el Ministerio Público.
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Marcos Marín Muñoz (secretario municipal) El fiscal reclama cinco años de prisión.
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Francisco Javier Conejo El fiscal le pide dos años de prisión.
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Francisco Julián Mena La solicitud es de un año de cárcel.
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José Antonio Tudela, Juan Alfonso Cazorla, Ginés Caravaca, Diego Quiles y José Antonio Ñíguez Piden para cada uno la pena de un año y tres meses.
Las peticiones de condena no son mucho más elevadas debido a que el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, reconoce ya de entrada que se han registrado dilaciones indebidas muy relevantes durante la instrucción de esa causa, por lo que procede aplicar una sustancial rebaja a las potenciales penas de prisión.
Los peor parados son el exalcalde José García Martínez y el antiguo teniente de alcalde Pedro Martínez Muñoz, con demandas de cárcel de diez años y medio en cada caso; un agente de Desarrollo Local de Librilla, José Andrés Cortés Otálora, para quien el fiscal pide nueve años y nueve meses; el arquitecto municipal José Luis Martínez López (nueve años); el experto en urbanismo y asesor jurídico de ese consistorio, Cesáreo Gil de Pareja Otón (ocho años) y el administrador de las firmas Acadi y Control&Gis Consultores, Domingo Peñalver Rojo, a quien se considera uno de los presuntos cerebros de la red que habría saqueado las arcas municipales con los sobrecostes aplicados a contratos de obra.
En concreto, la Fiscalía sostiene que el 20% de los casi 3,5 millones de euros que se embolsó Domingo Peñalver a través de Acadi por contratos en Librilla, entre los años 2005 y 2007, serían «ganancias ilícitas derivadas de actos delictivos». Ello cifra la presunta malversación en unos 700.000 euros, que el Ministerio Público reclama que sean restituidos.
Por su parte, el asesor Cesáreo Gil de Pareja habría percibido otros 612.195 euros «fruto de su actividad ilícita», cuya devolución también se solicita.
Cuantiosos 'cazos'
La aparente adjudicación de contratos de obra supuestamente amañados no se habría realizado a cambio de nada por parte de los principales responsables de la gestión municipal, a juicio de la Fiscalía, que acusa a José Martínez García, Pedro Martínez y José Andrés Cortes de haberse repartido 570.000 euros en comisiones. Por su parte, el arquitecto técnico municipal José Luis Martínez se habría embolsado 59.160 euros, mientras que José Andrés Cortés está acusado además de haberse lucrado con otros 18.518 euros a través de su esposa.
Estas imputaciones justifican que la Fiscalía Anticorrupción reclame ahora el pago de multas por casi cuatro millones de euros a los funcionarios públicos que presuntamente pusieron el 'cazo' y a Domingo Peñalver, que fue quien en apariencia los sobornó.
A su vez, el fiscal solicita cinco años de cárcel para quien era secretario municipal en aquellas fechas, Marcos Marín Tovar, como supuesto cooperador necesario en un delito continuado de prevaricación, además de otros de fraude, falsedad en documento público, malversación de caudales y cooperador necesario de actividades prohibidas a funcionarios.
Otros dos acusados son los responsables de dos supuestas empresas 'fantasma', Asotec y Topomur, que se habrían utilizado por miembros de la trama para manipular los concursos públicos. Estas dos personas, Francisco Javier Conejo Montilla y Francisco Julián Mena Martínez, se enfrentan a peticiones de dos y un año de cárcel, respectivamente, por delitos de alteración de precios de las adjudicaciones a las que concurrían.
La acusación se cierra con un grupo de empresarios, José Antonio Tudela, Juan Antonio Cazorla, Ginés Caravaca, José Antonio Ñíguez y Diego Quiles, que están acusados de haber emitido facturas falsas a nombre de mercantiles ficticias, con el aparente objeto de tapar el abono de comisiones. Cada uno de ellos afronta una petición de un año y tres meses de prisión.
En estos doce años de investigación del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, dos de los encausados han fallecido.
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