Toman medidas en los centros de menores para no discriminar a las adolescentes

Se trata de atajar, entre otras cosas, la mayor proporción en el uso de «contenciones físicas» a las chicas respecto a sus compañeros y la exclusión de las menores en los talleres laborales en el citado complejo de Abanilla.

Las «mejoras obligadas» por el Defensor del Pueblo incluyen «la adecuación de los protocolos», para que «la respuesta educativa y el tratamiento» tengan en cuenta «el género, la discapacidad y la etnia». También se impulsará «la recogida de información segregada por sexos» en las instalaciones de La Zarza, gestionadas por la Comunidad a través de la entidad sin ánimo de lucro Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, y en otros cuatro centros de reforma y convivencia: el Centro de Convivencia-Hogar Los Pinos y el Centro Educativo Arrui-Alea, ambos en Molina de Segura; y el Centro Educativo Juvenil Las Moreras y el Centro de Convivencia Las Palmeras, en Murcia.

Funcionarios de la Administración General del Estado adscritos al denominado Mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (MNP) visitaron La Zarza en febrero de 2022. Y plasmaron las deficiencias en tres informes, a los cuales respondió la Consejería detallando las correcciones planeadas, aseguraron fuentes de la Consejería que dirige Conchita Ruiz.

A propósito de las contenciones físicas, este diario adelantó el 16 de marzo que está previsto contratar a mujeres para los puestos de auxiliar de control educativo y vigilante de seguridad. En el centro hay 120 trabajadores, de los cuales 36 son mujeres.

En todo caso, hicieron hincapié en que el empleo de este recurso «es moderado, pues únicamente se emplea en los casos en que es estrictamente necesario y por el tiempo imprescindible». Además, va «siempre precedido del uso de técnicas de desescalada verbal y emocional». Este «uso restrictivo y ponderado» es igual para chicos y chicas y se adecúa a «las circunstancias» de cada usuario, añadieron.

La estadística autonómica del año pasado refleja que el personal de La Zarza aplicó 23 contenciones a doce hombres y dos contenciones a dos mujeres. Todas fueron por «agredir, amenazar o coaccionar de forma grave o moderada a cualquier persona dentro del centro». Y, por rango de edad, la mayoría recayó en menores de 17 años. En la actualidad, de las 60 plazas concertadas por la Comunidad para la ejecución de medidas judiciales dictadas por los jueces de menores hay ocupadas 54. Hay 49 chicos y cinco chicas, que cumplen órdenes de internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto, de medidas terapéuticas o de permanencia en el centro los fines de semana.

El Gobierno regional comunicó al Defensor del Pueblo «que, según la información recibida por los responsables del centro, nunca se ha aplicado el aislamiento provisional», la respuesta más severa que prevé la ley ante un comportamiento anómalo de los internos. Según Política Social, «el Mecanismo Nacional de Prevención valora positivamente que no se haga uso de este medio de contención».

 

Asimismo, en la Consejería señalaron que «se está procediendo a desagregar por sexo los datos que se recogen en el ibro de registro de expedientes disciplinario»: «se está adaptando la documentación interna, para utilizar un lenguaje inclusivo»; y «se está revisando el proyecto educativo del centro y las actividades y programas, a fin de incorporar la perspectiva de género de forma real, con consideración específica a las necesidades y dificultades que presentan las menores infractoras».

También, tras el levantamiento de las restricciones sanitarias por la pandemia, «la formación reglada ha vuelto a desarrollarse en aulas independientes de los módulos de convivencia» y sin la «consecuencia indeseada» de mezclar «personas con distintos nivel académica». De esta forma, desde el comienzo del curso escolar se «permite que [los menores] se agrupen conforme a sus respectivos niveles académicos y con independencia de su sexo, pues se trata de aulas mixtas», añadieron en Política Social. Lo mismo sucede con la formación no reglada, en la que según la Comunidad no hay «ningún tipo de discriminación».

En cuanto a la discapacidad intelectual, la Consejería está redactando un expediente de ingreso en un lenguaje «más sencillo y comprensible para las personas discapacitadas». Además, a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) se mejorará la integración de menores y jóvenes en los centros y sus tratamientos. Uno de los profesores de la Consejería destinado en La Zarza dispone de la especialidad de pedagogía terapéutica, indicaron.

La Consejería de Política Social detalló que la supervisión de los centros de menores corresponde a distintos organismos. En el caso de La Zarza, personal técnico del Servicio de Medidas Judiciales de Menores realizó 36 visitas en el año 2023, 67 en 2022 y 55 en 2021. Además, los jueces de menores acuden cada tres meses y «se entrevistan con los menores que desean manifestarles cualquier cuestión». Y hay un control por parte de los fiscales de menores y del Servicio de Inspección, Registro y Régimen Sancionador de la Consejería. «Cualquier anomalía detectada por cualquiera de estas figuras se trata de solventar lo más rápidamente posible», aseguraron en la Comunidad, pero no detallaron cuántas y cuáles han sido identificadas en los últimos años.

Sobre las medidas de contención física utilizadas en los centros de menores, la Consejería de Política Social detalló que se rige por el reglamento que desarrolla la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM). Esta recoge en su artículo 59 que «solo será admisible, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas». Y el reglamento, en el artículo 55, establece que «los medios de contención que se podrán emplear serán la contención física personal, las defensas de goma, la sujeción mecánica y el aislamiento provisional».

También especifica que «el uso de los medios de contención será proporcional al fin pretendido, nunca supondrá una sanción encubierta y solo se aplicarán cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario». Además, «los medios de contención no podrán aplicarse a las menores gestantes, a las menores hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes, a las que tengan hijos consigo ni a los menores enfermos convalecientes de enfermedad grave, salvo que de la actuación de aquellos pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad o para la de otras personas».