Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
Un tribunal popular juzgará dentro de un año el asalto armado y la muerte de dos hombres
El humo de la pólvora aún flota en el aire cuando la Policía entra al número 231 de la calle Estanislao Rolandi. En el suelo, un hombre boca abajo con dos disparos. Otro, ucraniano, resiste como puede, encerrado en el baño, con una bala alojada en la cabeza. En el sofá, un cojín agujereado, con restos de pólvora; una pistola Star Eibar del 9 corto con el número de serie borrado; y una mujer que no deja de gritar el nombre de su hijo. «¡Obdulio!».
Esa fue la noche en la que Las Seiscientas, la barriada Virgen de la Caridad de Cartagena, se convirtió en un lugar parecido a Ciudad Juarez. Una vieja guerra por el polvo blanco y por un tributo que un clan quiso cobrar y un rebelado no quiso pagar.
Todo empezó semanas antes, con una supuesta llamada desde prisión. Juan S. P., alias Juan 'El Torero', patriarca del clan de 'Los Toreros', telefoneó a Obdulio T. M., conocido en el barrio como 'El Luli', para imponerle su ley. Quinientos euros cada lunes por seguir vendiendo droga. «Si no pagas, te mando a gente para hacerte daño y para cerrarte el garito», recoge literalmente el escrito de conclusiones del fiscal, al que LA VERDAD ha tenido acceso.
Obdulio colgó sin aceptar el trato. Sabía que, en ese mundo, decir no era meterse en problemas de los uno puede acabar criando malvas. Aquella negativa alimentó la ira del patriarca. Un garito libre en Las Seiscientas era una afrenta. Por eso, el 6 de noviembre de 2021, el clan supuestamente decidió presentarse en su casa.
Eran entre las nueve y las nueve y cuarto de la noche. Ángel S. G., hijo del patriarca, encabezaba el grupo. Con él, Francisco P. B., 'El Bichu'; Ginés R. L.; Pedro R. C.; Francisco S. A.; Patricio L. M. y dos más, Alejandro C. y Sergiy T. Venían encapuchados, con porras y pistolas. Aparcaron junto a la vía verde, bajaron en fila y desbrozaron el camino que llevaba al garito de El Luli, donde vivía el presunto traficante con su madre y con un niño pequeño.
Llamaron a la puerta. Abrió Juan Pedro Gómez, expareja de Filomena, la madre de Obdulio. «Le apuntaron con un arma, lo llevaron a la cocina y lo retuvieron», detalla el fiscal. Después entraron los demás. Golpearon a El Luli, que estaba en el sofá de una habitación donde cortaba la droga. «Tienes que pagar tres mil euros cada lunes o comprarnos la droga a nosotros», le ordenó Ángel S.
«Yo no pago nada», contestó. El disparo llegó al instante. La bala le atravesó el abdomen. «¡Rematarlo, rematarlo!», gritaron los acompañantes, según el documento del Ministerio Público.
«Una ráfaga de tiros»
El Luli, herido, alcanzó un cojín, sacó una pistola –una Star 9mm, 'un 9 Corto'– y abrió fuego «con la única intención de proteger su vida e integridad física», puntualiza el fiscal. Los disparos resonaron por toda la calle e iluminaron por un instante el interior de la casa. Alejandro C. cayó de bruces con dos impactos, uno en la cara y el otro en un hombro. Sergiy T. se desplomó junto al baño con una bala alojada en la cabeza. Murió tres días después en el hospital de la Arrixaca de Murcia. Los demás huyeron.
Cuando los agentes de la Policía Nacional entraron, encontraron el salón cubierto de casquillos. Afuera, los vecinos hablaban de «una ráfaga de tiros» y de «una mujer llorando con un niño en brazos». En el registro posterior, los agentes hallaron casi 300 gramos de cocaína y 93 gramos de hachís, valorados en más de 28.000 euros, además de utensilios de venta y 105 euros en efectivo. El arma de El Luli fue entregada dos días después por un familiar. No tenía licencia.
Cinco años después, el juicio ya tiene fecha. Comenzará el 23 de noviembre de 2026 ante un jurado en la Audiencia Provincial de Cartagena. Ocho acusados se sentarán frente a los nueve miembros del tribunal popular. La Fiscalía pide para Ángel S. G. 14 años de prisión por supuesta tentativa de asesinato, 4 por allanamiento de morada, 3 por amenazas y 2 por tenencia ilícita de armas –en total, 23 años entre rejas–.
Para Francisco P. B., 7 años; para Ginés R. L., Pedro R. C., Francisco S. A. y Patricio L., 5 años cada uno. Para el patriarca, Juan S. P., 3 años de prisión por extorsión o tentativa de la misma.
A Obdulio, 'El Luli', el Ministerio Público le imputa tráfico de drogas (6 años y multa de 85.000 euros), tenencia ilícita de armas (3 años) y nada por los homicidios, ya que la Fiscalía reconoce la eximente completa de legítima defensa y solicita su absolución en esos casos.
La versión del El Luli
El abogado Eduardo Romera, defensor de El Luli, insiste en que su cliente «actuó en defensa propia bajo una agresión armada y violenta en su domicilio», y pide la libre absolución. Alega además la «intoxicación plena por consumo de drogas», la «grave adicción» y las «dilaciones indebidas» de una instrucción que ha durado más de tres años.
En la vista se espera que testifiquen más de veinte personas, incluidos agentes de Homicidios, los médicos forenses y la madre del acusado, Filomena. Ella, durante la reconstrucción del tiroteo en febrero de 2022, gritó lo que se convirtió en un lema coreado por los vecinos: «¡Vamos Luli!, ¡viva el Luli, ¡ánimo Luli', ¡qué huevos tienes, Luli'!».
«Mi hijo estaba en su casa. Se defendió como pudo», dijo aquel día su progenitora.
La guerra del polvo blanco
Detrás del caso, los investigadores han documentado una red de chantajes y cobros entre clanes. Un mercado donde cada garito debía pagar un «impuesto» por seguir vendiendo. El Luli se negó. La respuesta a ese desafío es lo que dentro de un año se juzgará.
Y la madre de El Luli, lo dijo hace tres años con resignación, pero arropada por los vecinos de su barrio. «Casi me lo matan, pero es mejor llevarle tabaco que flores».
Las defensas del resto de acusados se rebelan contra el relato fiscal
Las acusaciones particulares y las defensas de los procesados por el tiroteo de Las Seiscientas han presentado sus escritos finales en el procedimiento que se sigue ante el tribunal del jurado. Los documentos amplían, matizan o rechazan el relato del Ministerio Fiscal, que atribuye a los acusados delitos de homicidio, allanamiento, amenazas, tentativa de asesinato y tenencia ilícita de armas, según las calificaciones provisionales formuladas por la Fiscalía. La acusación particular ejercida por la familia de Alejandro C. solicita quince años de prisión por cada homicidio, además de seis años por tráfico de drogas y tres por armas, con indemnizaciones de 100.000 euros para la viuda y 100.000 euros para cada uno de los hijos de la víctima. Varias defensas se oponen frontalmente al relato oficial. La representación de Juan S. P. sostiene que el acusado «se encontraba interno en el Centro Penitenciario Castellón II» y que «no mantuvo contacto telefónico con Obdulio», negando cualquier amenaza o participación en el asalto. Por su parte, las defensas de Ginés R. L., Pedro R. C. y Francisco S. A. impugnan la versión del fiscal y denuncian una instrucción lastrada por «retrasos injustificados» que se prolongó más de tres años.
