Un supuesto cautiverio en el reino del trapicheo de Espinardo

A los vecinos de la calle San Ignacio del Espíritu Santo, acostumbrados a las continuas redadas policiales, no les aguó el café de la mañana la irrupción hace unos días de varias lecheras y decenas de agentes en este enclave, en el que el olor a marihuana se percibe desde la acera. Los investigadores de la Udev no perseguían en esta ocasión destapar un cultivo clandestino de cannabis, si no arrojar luz sobre el supuesto secuestro de un hombre detrás de una de esas ventanas.

Estos especialistas llevaban semanas indagando la denuncia de un vecino de la zona que alertaba de que había sido retenido contra su voluntad, sin apenas agua ni comida, durante diez días. «Me llevaban en coche al banco para que sacase dinero», explicó. «Me decían 'vente, que vamos ahora mismo al banco que ya has cobrado'». En el informe policial, al que LA VERDAD ha tenido acceso, se explica que aseguró llevar más de dos años coaccionado y haber entregado alrededor de 45.000 euros a varios miembros de una misma familia, afincada en un piso del Espíritu Santo. El relato es estremecedor, pero plantea algunas lagunas. El hombre explica que los acusados le obligaban a consumir droga y que le iban apuntando una deuda que multiplicaban a su antojo. Esa deuda era la excusa, sostuvo, para retenerlo, agredirlo y amenazarlo, incluso, con hacer daño a su familia. El afectado cuenta con un parte de lesiones que aparentemente cuadraría con sus manifestaciones. Durante diez días, según su denuncia, lo tuvieron encerrado en su vivienda dándole solo un poco de agua y una lata de maíz con un mendrugo de pan para calmar el hambre.

Guiados por esta denuncia, los policías tomaron el barrio e irrumpieron en el piso. Allí encontraron que en la habitación en la que supuestamente había sido retenido el denunciante dormitaba un toxicómano en condiciones de insalubridad. Tres personas fueron detenidas en ese momento –una al estar reclamada judicialmente–, entre ellas Isidro M., al que el denunciante apuntaba como uno de sus supuestos captores.

Este jueves, según explicaron fuentes cercanas al caso, se entregaron a la Policía otros tres sospechosos que habían sido declarados en búsqueda y captura, entre ellos el hermano de Isidro, José M. M., y su madre, Amalia C. Todos los principales sospechosos, que están siendo representados por los abogados Rafael Páez y Laura Vidal, quedaron en libertad con cargos tras defender ante el juez su inocencia.

Los investigadores de la Policía Nacional han desplegado numerosas pesquisas en las últimas semanas, entre ellas la búsqueda de las grabaciones de las cámaras de seguridad de las oficinas bancarias a las que el denunciante aseguraba haber sido trasladado por los sospechosos para obligarlo a sacar dinero. Efectivamente, en algunas de esas imágenes, según se desprende del informe policial, se puede ver al hombre acompañado de Amalia C., que le entrega la cartilla y se la recoge una vez que hace la operación.

La sospechosa explicó ante el juez que ambos mantenían una relación sentimental y que el denunciante había inventado esta historia debido a un enfado. Su hijo, José M. M., también sostuvo que el denunciante mantenía algún tipo de relación con su madre –que no precisó– y que ambos eran consumidores de estupefacientes. Reconoció que tanto él como su madre acompañaron en alguna ocasión al denunciante al banco, pero descartó que le obligaran a sacar dinero.

Los policías también tomaron declaración en estos días al toxicómano que fue encontrado en esa especie de zulo durante el registro del piso de la calle San Ignacio. Él refirió que uno de los acusados le dio cobijo y que en ningún momento había sido retenido contra su voluntad. Explicó, no obstante, que los sospechosos le daban droga, apuntándole una deuda que, por el momento, no le reclamaban.

La Policía, según plasma en su informe, considera que este supuesto rehén se encontraba en una fase incipiente de su cautiverio. La familia, explican los investigadores, usaba a personas con adicción a las drogas, aprovechándose de los mismos para obligarles a vender estupefacientes o para saquear sus cuentas bancarias, dejándolas a cero.