La superficie afectada por riesgo de inundación en la Región de Murcia se reduce un 20% tras la revisión

La revisión de las zonas de flujo preferente, asociadas a las áreas con un significativo riesgo potencial de inundaciones, ha supuesto un descenso global aproximado de un 20% de la superficie afectada en la Región, en comparación con el mapa anterior, informó este martes la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La reducción se ha producido en aquellas zonas donde la probabilidad media de inundación era de escaso calado.

El organismo de cuenca ha centrado los estudios en diversos tramos de seis áreas de la Demarcación Hidrográfica del Segura, que básicamente se corresponden con los municipios de Murcia, Cartagena y Lorca. En concreto, la número 9 afecta a 94,73 kilómetros e incluye zonas de los municipios de Alcantarilla, Beniel, Murcia, Orihuela y Santomera. El área 10 abarca 58,41 kilómetros de Puerto Lumbreras y Lorca; la zona 11 comprende 29,71 kilómetros de Alcantarilla, Alhama, Librilla, Murcia y Totana. Asimismo, el área 12 corresponde a 28,82 kilómetros de Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Murcia y Torre Pacheco; mientras que la 16 afecta a 11,18 kilómetros del municipio de Cartagena; y la 17 a zonas de Cartagena y La Unión, en una extensión de 17,03 kilómetros.

En lo que concierne al Campo de Cartagena, las zonas de flujo preferente se mantienen en torno a las ramblas que desembocan en el Mar Menor, principalmente la del Albujón, a la vez que se especifican otras áreas más pequeñas de flujos entre Punta Brava y Los Nietos.

La CHS recuerda que la definición de estas zonas se ha realizado sobre la base de los mapas de peligrosidad por inundación con probabilidad media (con periodo de retorno igual a 100 años), cuya consulta pública se realizó el 26 de abril de 2014 y el 1 de agosto de 2019, coincidiendo con el primero y segundo ciclo de planificación.

El trabajo ha consistido en definir estas zonas de flujo preferente para 290 kilómetros de vías de inundación asociadas a cauces, ampliando y mejorando los estudios técnicos hasta ahora disponibles, apostilla la CHS. La superficie que se somete a consulta pública es de aproximadamente 13.500 hectáreas, de las que 700 pertenecen a nuevos tramos estudiados y el resto a revisión o ampliación de las existentes.

«Este nuevo estudio es consecuencia, al igual que sucede en otras cuencas, del proceso de mejora en el conocimiento de la realidad hidrológica e hidráulica, mediante una revisión de los modelos aplicados, el anterior consideraba toda la inundación posible para un retorno de 100 años», explica la Confederación. Sobre la base de esta información, las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanística deben adaptar los planeamientos, teniendo en cuenta las restricciones derivadas del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, recalca.

De los 26 municipios que estaban afectados por el mapa de riadas elaborado en 2016, solo áreas de Puerto Lumbreras, Lorca, Alcantarilla, Beniel, Santomera, Alhama, Librilla, Totana, Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo y Torre Pacheco tendrán que examinar la nueva cartografía, para ver de qué manera afecta a algunas proyectos urbanísticos que se encontraban paralizadas.

Por ejemplo, en Beniel, el 60% del término municipal era inundable, lo que obligó al equipo de gobierno del PSOE a modificar el Plan Urbano para evitar que el mapa de riadas afectara a futuras construcciones.

El secretario de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Manuel Pato, explicó este martes que estaban a la espera de que con carácter inminente, el Ministerio para la Transición Ecológica le ofreciera una respuesta a las dudas que habían planteado sobre las zonas afectadas por esta cartografía.

«Nosotros propusimos que las construcciones realizadas a partir de 2017 no quedaran en el limbo y les pedimos que las consolidasen y que no haya que derribar nada», indicó, añadiendo que a partir de entonces, «se pueden ver qué medidas de prevención de inundaciones se pueden hacer».

Igualmente, conmina a la Comunidad Autónoma que finalice su Plan contra las Avenidas, «en el que se defina claramente lo que se puede construir, dónde y cómo se debe hacerlo».

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