El 66% del suelo con regadío ilegal vuelve a secano junto al Mar Menor

La CHS se ocupa de localizar las fincas sin derecho de uso privativo de agua y cortarles el grifo, en aplicación de la Ley de Aguas. Es un objetivo básico del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, lanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para el periodo 2021-2026. La Comunidad se asegura de que se ha realizado el desmantelamiento de las infraestructuras de riego y de que los propietarios han adoptado las medidas para recuperar el estado original del suelo. Así lo marca la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor.

Según el Miteco, hasta julio se había realizado «la desconexión o el precintado e interrupción del suministro en origen de 9.106 hectáreas ilegales». De ellas, «7.906 corresponden a desconexiones voluntarias», previa comunicación por parte de la CHS, que sigue tramitando expedientes.

«Si queremos que el Mar Menor se recupere y que esa recuperación sea estable, es necesario que medidas como la eliminación de las 10.000 hectáreas de regadío ilegal situados cerca de sus orillas y en otros puntos del Campo de Cartagena no vuelvan a ponerse en marcha. Es necesario desmantelar las infraestructuras de riego, como embalses y tuberías», señaló Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse). Esta organización denunció la existencia de esa cantidad de superficie irregular en el año 2018, junto a WWF.

«Confiamos en el trabajo coordinado de la CHS y la Comunidad Autónoma; y esperamos que, en la próxima reunión del Comité de Participación Social de la Ley del Mar Menor, la Comunidad informe del estado de las superficies comunicadas por la CHS que aún no han sido restituidas», apuntó García. «Somos conscientes de que muchos agricultores no han sido los únicos responsables de haber llegado tan lejos con el regadío ilegal. Pero es imprescindible ordenar la agricultura intensiva en el Campo de Cartagena, al igual que hay otros usos industriales, como la fotovoltaica, sin olvidar el sector urbanístico y el náutico, donde aún queda mucho por hacer», defendió García. Y señaló que «Anse trabaja con diferentes entidades para buscar alternativas que den cierta rentabilidad a parte de los cultivos de regadío desmantelados, como la producción de cebada para cerveza».

Ecologistas en Acción exige «que el desmantelamiento del regadío ilegal sea ágil, permanente e irreversible». Y reclama «un impulso a los proyectos de renaturalización de la cuenca del Mar Menor, para consolidar los sistemas de control y retención de escorrentías y de sedimentos procedentes de las cerca de 40.000 hectáreas de regadío legal, en particular en episodios de lluvias torrenciales».

Rubén Vives, portavoz de Ecologistas, urgió a «reforzar la colaboración entre administraciones» y aplicar «ya» las medidas anunciadas durante años, como crear humedales seminaturales y la restauración hidrológico-forestal de las cabeceras de las ramblas.

«Los trámites se vienen realizando de forma permanente y progresiva los últimos años, en coordinación con la CHS. Y se van actualizando de manera puntual», destacaron fuentes del Gobierno regional. Y recordaron que la restitución de cultivos a su estado original «se trata de un proceso muy complejo, garantista para el afectado, con posibilidad de recursos, lo cual prolonga el trámite durante bastante tiempo». Agregaron que, «en la próxima actualización de datos, en septiembre, habrá una nueva evolución» del volumen de superficie restituida. E insistieron: «Se sigue trabajando de forma coordinada y avanzando en el proceso».

Según el Ministerio, «se han implementado medidas integrales para reforzar el control de la legalidad, que incluyen un aumento del personal dedicado a la vigilancia e inspección y a la tramitación de expedientes administrativos, como son expedientes sancionadores por riegos ilegales».

Y señalaron que «se ha iniciado un nuevo contrato que incluye la cuantificación de la superficie regada en la cuenca vertiente al Mar Menor durante el año pasado y el número máximo de cosechas realizado en cada parcela». Mientras, «se sigue trabajando en la vigilancia y ordenación del dominio público hidráulico».