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Inma Sánchez Roca, alcaldesa de Santomera; Jesús Viciana (Villanueva), Blas Ángel Ruipérez (Alguazas), Antonio León (Torre Pacheco) y Juana Guardiola (Jumilla). LV
¡Oh, los sueldos!

¡Oh, los sueldos!

Las mejoras retributivas que están aprobando algunos de los nuevos ayuntamientos son una indecencia política. Da igual de cuánto sean o cómo se les denomine

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Domingo, 7 de julio 2019, 08:13

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Me llamó favorablemente la atención que los líderes políticos hablaran esta semana de desigualdades sociales y brecha salarial en el debate de investidura. Me sorprendió que lo hicieran porque parecían extraterrestres recién llegados desde otro planeta, asombrados ante lo que veían al bajar de sus naves: ¡Oh, hay pobres y ricos! ¡Oh, las mujeres cobran menos que los hombres! ¡Oh, los sueldos son en esta región los segundos más bajos de España! ¡Oh! El candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma fue sincero en su discurso. «Hay murcianos que trabajan ocho horas diarias y no pueden mantener a su familia, independizarse o encender la calefacción en invierno», dijo Fernando López Miras, quien prometió «un gran pacto por la igualdad social, con medidas concretas y que disponga del dinero público necesario», si obtiene finalmente la confianza de la Cámara. Estaríamos ante un anuncio esperanzador, de no ser porque ya no resulta creíble. Doce años hace que se aprobó la ley de renta básica, que obligaba a la Comunidad Autónoma a elaborar planes para la inclusión social que aún no han visto la luz, con el resultado de que la renta básica es en Murcia la más baja de España. Las reprimendas de la Defensora del Pueblo, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Trabajo Social solo han servido para que la Consejería de Familia responda, bordeando el cinismo, que espera conocer los resultados de un estudio sobre pobreza para elaborar el plan de Inclusión Social pendiente desde 2007.

Murcia fue la tercera región de España donde más creció la tasa de pobreza o exclusión social entre 2008 y 2017, según Gestha, el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que mete en este saco a todos los españoles (6,3 millones, el 34,4% de los asalariados) que percibían en 2017 un sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Frente a la reducción de la pobreza en La Rioja, Castilla y León,Asturias, Galicia y Ceuta, la exclusión social avanzó en Navarra,Melilla y Murcia.

El salario medio enEspaña alcanzó su máximo histórico en el cuarto trimestre de 2018, al situarse en 1.657 euros mensuales brutos, pero el de Murcia fue –es– el segundo más bajo del país, con 1.433 euros.

Esta es, vista por el flanco de los desfavorecidos, la situación de una comunidad –la nuestra– en la que los cinco partidos de la Asamblea Regional se muestran incapaces de permitir la formación de un gobierno que combata esta injusticia, enredados como están –y va para dos meses ya– en el 'y tú más', que salpimentan con expresiones soeces como 'acojonado', 'lamerle el culo' o 'qué nivel, Maribel', todo ello escupido –porque son escupitajos– a las redes sociales. Pero ninguna dificultad han tenido en algunos ayuntamientos para pactar una subida de los sueldos de los concejales. O para liberar a más ediles de los que había. O para nombrar a más asesores de los que ya eran. O para 'actualizar' sus retribuciones. O para 'equiparar' a los de abajo con los de arriba. Da igual cómo lo llamen y en qué porcentaje lo hagan. El hecho cierto es que dedican recursos públicos a su economía personal, o al reforzamiento de los grupos políticos, en vez de destinarlos a paliar la pobreza y a achicar la discriminación salarial. Podría replicarse que lo suyo es el chocolate del loro, insuficiente para encarar un problema tan grave como el de la exclusión social, pero, entonces, ¿por qué no tienen al menos la decencia de dejar sus sueldos como están, o de renunciar a comisiones de 500 euros por asistir a un Pleno? No hay colores en esto. Kichi (Podemos, sector anticapitalista), el alcalde de Cádiz –una de las provincias más deprimidas de España– estrena la legislatura con más asesores (once en su equipo de gobierno), incremento de la asignación a los grupos municipales y aumento generalizado de los sueldos.

Los trabajadores murcianos cobran el segundo salario más bajo de España, y la Región es la tercera donde más crece la tasa de pobreza. Ese es el contexto

Varios alcaldes de la Región, en su mayoría socialistas, se han apuntado también a la mejoría retributiva. La de Santomera propone pasar de 35.000 euros brutos al año a 45.000, elevar la soldada a los dos concejales con jornada completa y «compensar» (sic) con 200 euros a todos los ediles por asistir a los plenos.

En Villanueva, el regidor cobrará 2.310 euros, frente a los 1.520 de la legislatura anterior (una subida del 52%), y los dos ediles con dedicación parcial cobrarán el 104% más que antes.

El alcalde de Alguazas plantea duplicarse el sueldo, hasta los 30.548 euros, según una denuncia del partido de la oposición UXA que no ha sido desmentida, y subir hasta 100.295 euros los 57.400 que las retribuciones de los políticos costaban al Ayuntamiento. En Torre Pacheco, el alcalde, Antonio León (Partido Independiente), se ha subido el sueldo un 8,9%, y los concejales con delegación de competencias lo han hecho en la friolera de un 40,74%. Los ediles de Fortuna con liberación parcial pasarán de percibir los 16.800 euros de antes a los 22.400 de ahora. Jumilla no escapa a esta compulsiva tendencia: un 5% más cobrarán los concejales con dedicación exclusiva y parcial.

El primer Pleno de la legislatura en Murcia ha servido a PP y Ciudadanos para consensuar que los concejales sin delegación de competencias perciban 34.000 euros anuales (15.000 euros más que ahora), con el fin de «estar acorde con el reparto general» (sic). La lista no es exhaustiva.

Da igual que la subida no siempre sea escandalosa.Da igual que beneficie a solo unos cuantos. Da igual el montante global y su insignificante peso en los presupuestos municipales. Eso da igual. Lo preocupante es la falta de sensibilidad de los munícipes, y de los políticos en general, hacia quienes sufren pobreza, están en riesgo de exclusión social o no pueden encender la calefacción en invierno ni siquiera teniendo la suerte de disfrutar de un empleo de ocho horas. Y, si alcaldes, concejales y diputados regionales consideran que es demagógico contraponer sus incrementos retributivos al salario medio de los murcianos, entonces será verdad que ellos vienen de otro planeta.

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