La sombra que planea sobre el negocio del sexo

La prostitución, aunque de forma clandestina, se abre hueco a diario por toda la Región, en los pisos, en los polígonos industriales, a orillas de la carretera... Acercarse al fenómeno, sin embargo, es un objetivo no exento de dificultades. Uno debe olvidarse, ya de entrada, de conocer el número exacto de personas que alimentan este negocio en la Región. «Es una actividad eminentemente clandestina, a veces de carácter esporádico, y en la que existe mucha movilidad», explican desde la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif) y la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional. «No suelen ejercer siempre en el mismo sitio, sino que van cambiando cada cierto tiempo de club, de localidad y hasta de región, todo ello motivado principalmente porque los clientes siempre demandan caras nuevas».

Este cuerpo tiene constancia, actualmente, de la existencia de medio centenar de prostíbulos en la Región. Además, la Policía controla una treintena de clubes de alterne. Estos locales, al presentarse como establecimientos públicos, son sometidos a más controles, pero, cuando el negocio se traslada a la calle o los pisos, la presión policial se difumina. «Es mucho más difícil acceder a las víctimas», reconocen.

Los agentes de la Policía Nacional que trabajan en este ámbito sostienen que, «en la mayoría de casos, esta actividad, aunque buscada por las propias chicas (o chicos), no tiene otro origen que la situación de necesidad en la que suelen encontrarse las mismas». En este sentido, remarcan que «la mayoría de ellas está en situación irregular en el país, con la dificultad que ello conlleva para encontrar un trabajo, y debiendo mandar dinero a sus países en los que tienen cargas familiares».

Pese a las dificultades, la Policía Nacional desplegó en la Comunidad, en los últimos ocho años, hasta 63 operaciones contra la explotación sexual en las que logró identificar a 516 víctimas y detener a 383 presuntos proxenetas, según datos facilitados por el cuerpo. De esas operaciones, en 24 batallaron contra presuntos casos de trata, con el rescate de 65 víctimas.

La fiscal especialista en Extranjería de Murcia, Silvia Benito, explica que la labor de su departamento se centra en la persecución de los delitos de trata, la «nueva esclavitud». En el caso de la trata con fines de explotación sexual, subraya, el 90% son mujeres. El 99% de éstas, además, son extranjeras. Pese a las peculiaridades de cada caso, existe un «patrón común» que se repite una y otra vez. «Hay un captador en el país de origen de la víctima que normalmente se aprovecha de la situación de pobreza de estas mujeres», explica la fiscal. Ese captador está en contacto con otra persona en España, que normalmente tiene un piso o un club donde se ejerce la prostitución, y con otro que la recoge en el aeropuerto. «El captador les suele facilitar el billete y una determinada cantidad de dinero para que puedan entrar en España como turistas, generalmente», relata Benito. «Cuando llegan aquí es cuando se llevan la sorpresa. No vienen a trabajar de empleadas domésticas, ni de cajeras de supermercado».

La fiscal especialista hace hincapié en que muchas de estas mujeres desconocen, incluso, el idioma y que es habitual que reciban amenazas. «Generalmente, han asegurado la deuda con algún familiar, que las ha avalado con sus casas, o incluso con la vida de algún familiar», remarca. «Es muy difícil decir que no».

Benito explica que «el miedo de la víctima» es el principal escollo con el que tiene que lidiar la Fiscalía para conseguir sacar adelante estas investigaciones. En junio del pasado año, la Audiencia Provincial dictó la primera sentencia condenatoria por un delito de trata con fines de explotación sexual en la Región. Una resolución que contemplaba penas de hasta diez años de cárcel y a la que la fiscal espera que le sigan otras muchas.

Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), una entidad «claramente abolicionista», remarca que «la trata se lucra de la prostitución y, por tanto, hay que abordarla». Este colectivo sostiene que solo un porcentaje muy pequeño –un 1%– de las prostitutas ejercen libremente y pone el énfasis en las «miles y miles» que son explotadas sexualmente en todo el país. «Hablo por mujeres que son invisibles y que invisibilizamos», subraya. «A cualquier mujer que le ofertes no estar en esa situación lo tiene clarísimo. Están en esa situación porque hay cadenas invisibles que las obligan: deudas, amenazas en sus países de origen...».

Mora hace hincapié en que ese engaño y presión se lleva a cabo por personas allegadas a las víctimas de la trata. «Ellas viajan a España con personas cercanas en las que confían», recalca. «La libertad no tiene nada que ver con lo que estamos atendiendo y con la mayoría de las mujeres».

Apramp sostiene, por tanto, la importancia de desplegar políticas públicas que opten por el abolicionismo y que castiguen también la demanda. «Somos el primer país europeo y el tercer país a nivel internacional en demanda de prostitución, según datos de Naciones Unidas», incide. «Mientras estamos esperando, muchas mujeres están siendo esclavizadas en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en pisos particulares».

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) mantiene una posición radicalmente opuesta. Su coordinador, Nacho Pardo, sostiene que la propuesta de la vicepresidenta Calvo representa «la cara más dura de un abolicionismo que pretende arreglar la vida de las mujeres sin hablar con ellas». Hace hincapié en que Calvo debería sentarse no únicamente con las asociaciones abolicionistas. «Debería hablar con las protagonistas, que son las mujeres que ejercen la prostitución, que son tan mujeres como ella». Lamenta, asimismo, que el Ejecutivo «criminalice a todo el colectivo» y advierte de que eso «es un discurso de odio».

Esta asociación, que contacta cada año con entre uno y dos millares de prostitutas del sureste español y colabora con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sostiene que las situaciones de trata representan un porcentaje muy minoritario. «La inmensa mayoría no están en situación de trata», subraya. «Hay casos, pero son muy reducidos».

Pardo insiste en la importancia de desligar la trata de las situaciones de explotación laboral de las trabajadoras del sexo. «Ese es el día a día que viven estas mujeres, sobre todo en lugares cerrados, como los clubes y los pisos». La explotación laboral, remarca, deriva de la falta de reconocimiento de la actividad sexual como trabajo. «No hay contrato que te diga lo que puedes hacer y lo que no, no puedes denunciar a tu jefe porque te haya despedido de forma improcedente...».

El coordinador de CATS advierte, además, de que «la precariedad de estas mujeres aumentaría» de salir adelante la ley que Calvo puso esta semana encima de la mesa. «Con una prohibición no se va a eliminar la prostitución», incide. «Las personas que sigan ejerciendo, porque seguirán haciéndolo ya que no tienen otra opción, estarán en una situación de máxima vulnerabilidad y expuestas a las mafias». Pardo sostiene que «hay que luchar a muerte para erradicar la trata real, que es una realidad muy triste, pero la forma no es prohibiendo el gremio entero».

La pandemia, con su larga lista de restricciones, ha supuesto un varapalo para este sector, obligado a replegarse a enclaves más discretos. El coordinador de CATS explica que, pese a la menor demanda y el riesgo que entraña, la prostitución sigue perfilándose como una salida para muchas personas atenazadas por las facturas. «En esta situación de pandemia, alguna gente ha podido ver en la prostitución una posibilidad de ingresar y llegar a fin de mes», reconoce.

Desde Apramp insisten, por su parte, en que la crisis sanitaria ha supuesto «una situación claramente alarmante». Muchas mujeres fueron expulsadas al sufrir determinados síntomas y se vieron de repente en la calle. «Los espacios en los que se estaba explotando a las mujeres han cambiado el 'modus', pero han seguido activos», subraya su directora. Según un estudio del colectivo, el 80% de los pisos siguen funcionando. «Hay mujeres que han seguido moviéndose en manos de un control férreo por parte de sus victimarios y la violencia se ha elevado».