La mayor parte de las 30 leyes que la Asamblea tiene en tramitación se quedarán en el tintero

La novena legislatura del Parlamento autónomo ha entrado en su recta final con el reinicio de la actividad tras las vacaciones estivales. Una legislatura especial por muchas circunstancias, el fin de las mayorías absolutas, la irrupción de los partidos emergentes, la dinamización de la actividad parlamentaria... a las que ya se puede sumar una más: el enorme trabajo que se quedará en el tintero por falta de tiempo para desarrollarlo.

La Asamblea Regional tiene en la actualidad una treintena de leyes en tramitación o a la espera de iniciarla, y permanecen abiertas cuatro comisiones de investigación y nueve más de carácter especial, a las que el reglamento obliga a clausurar su actividad con el fin de la legislatura. Sin embargo, muchas de ellas no llegarán a ninguna parte porque es materialmente imposible. Sobre todo porque no hay fechas para debatirlas, pero también porque no se alcanzarán las mayorías suficientes para aprobarlas.

Está previsto que la Cámara se disuelva el 1 de abril, una vez se convoquen las elecciones autonómicas para el 26 de mayo, lo que significa que apenas restan seis meses. Sin embargo, para los diputados el tiempo es incluso inferior, puesto que el mes de enero es inhábil para la celebración de plenos.

No queda más remedio, por tanto, que priorizar. Y en eso están los grupos parlamentarios, en ver qué salvar de las iniciativas que tienen entre manos antes de que la legislatura fenezca.

El PP, según su portavoz, Víctor Manuel Martínez, quiere poner énfasis en la economía. Prevé aprobar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2019 el 20 de diciembre, si hay acuerdo con Ciudadanos, y cuya tramitación absorberá más de un mes de trabajos en el Parlamento. También quiere sacar adelante las leyes de aceleración empresarial y la de la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente, ambas pactadas con la formación naranja.

Los populares, además, cerraron el jueves con el PSOE un nuevo acuerdo sobre la posposición de ley que regulará las ITV, que volverán a presentar en la Cámara en breve, tras no ser admitida a trámite en el pasado periodo de sesiones. Si además logran aprobar la de Música, también elaborada junto a Cs, ya se darían con un canto en los dientes.

El broche de oro para la legislatura, según Martínez, sería cerrar un acuerdo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, cuyos trabajos en la comisión especial correspondiente están muy avanzados. El optimismo es compartido por el PSOE y Ciudadanos, que confirman un alto grado de acuerdo sobre el documento.

El portavoz socialista, Joaquín López, de entre la decena de proposiciones legislativas que su grupo tiene en cartera, muestra sus preferencias por la aprobación de las referidas a la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, las familias numerosas, otra más sobre familias monoparentales y la que presentó para reformar la ley del juego y limitar los salones de apuestas.

Los socialistas disponen de dos leyes registradas junto a Podemos, relativas al cambio climático y en contra el 'fracking', cuya aprobación espera conseguir el portavoz de la formación morada, Óscar Urralburu. Este además desearía ver publicadas en el BORM sus iniciativas para crear una agencia antifraude, sobre la publicidad institucional, la de derechos y deberes de los usuarios de la sanidad y la relativa al empleo y mejora de salarios. La tramitación de algunas de ellas ya está avanzada, pero las dificultades están en sumar los votos necesarios que permitan su entrada en vigor.

Para Ciudadanos, según explica su portavoz, Miguel Sánchez, además de las leyes de aceleración empresarial y de Música, que comparte con el PP, la prioridad está en que prospere su ambiciosa iniciativa sobre la lucha contra la corrupción.

Los responsables de los cuatro grupos parlamentarios reconocen que no hay tiempo para culminar tanto trabajo acumulado, pero, curiosamente, anuncian la presentación de más proposiciones de ley: Podemos, una sobre los interinos; el PP, sobre el mecenazgo, y Ciudadanos elabora otra sobre el Mar Menor.

El agobio parlamentario sería menor si solo fuera por la labor legislativa pendiente, pero es que a esta se suman infinidad de mociones, interpelaciones y, sobre todo, el trabajo de nueve comisiones especiales y cuatro de investigación, que merecen un ladillo aparte.

El entusiasmo y laboriosidad con que la oposición inició la legislatura, animada por la inexistencia del rodillo parlamentario de las mayorías absolutas, les llevó a la constitución de numerosas comisiones de investigación para fiscalizar la labor del Gobierno, de las que cuatro aún siguen abiertas.

Tres de ellas, sin embargo, están condenadas al fracaso, lo que para Víctor Manuel Martínez evidencia que «el único objetivo era desgastar al PP». El portavoz socialista admite que dos de estas comisiones, las del Servicio Murciano de Salud (SMS) y la que iba a revisar los contratos, avales y subvenciones de la Comunidad, cuya presidencia ocupa, se cerrarán sin resultados, y responsabiliza de ello «al bloqueo ejercicio por Ciudadanos y el PP para evitar su trabajo».

Óscar Urralburu preside las otras dos comisiones de investigación vigentes, las del Auditorio de Puerto Lumbreras y la del aeropuerto. Sobre la primera reconoce que dejó de ser operativa a partir de la apertura del procedimiento judicial sobre este caso contra el expresidente Pedro Antonio Sánchez, pero sí se muestra optimista en sacar adelante la comisión del aeropuerto, en la que está previsto que comparezca en octubre el expresidente de Aena, el murciano Jaime García-Legaz.

Es muy posible que ya en la próxima legislatura se establezcan límites a la creación de comisiones de investigación, con el fin de garantizar un mínimo de eficiencia a las que se constituyan, aunque sean menos. En esa dirección apuntan los trabajos en marcha para reformar el reglamento de la Cámara.