Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales

El condenado deberá, además, pagar una multa de unos 2.100 euros y una indemnización de 116.062,56 euros por los daños. De esta última cantidad, 34.020 irán a la Comunidad Autónoma, personada en la causa como actor civil (y competente en la restauración ecológica de la laguna). El resto será para la Administración central del Estado.

Así lo confirmó a LA VERDAD el fiscal coordinador de Medio Ambiente en la Región, Miguel de Mata. Y explicó que el perito de la Fiscalía, el ecotoxicólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia Luis Burillo, modificó las conclusiones de su informe en la fase de cuestiones previas de la vista oral (que iba a celebrarse en dos sesiones), al detectarse un error de valoración, y rebajó la gravedad de los perjuicios al medio ambiente. Eso «ha posibilitado un acuerdo, por el que se pasa de aplicar el tipo básico del delito», indicó.

El fiscal redujo su petición de tres años y seis meses de cárcel a un año, al considerar el nuevo criterio del perito, el reconocimiento de los hechos por parte del procesado en la sala de juicios y su compromiso de abonar 40.000 euros esta semana, dentro de un plan de pagos.

En todo caso, De Mata recordó que el acusado no habría entrado en prisión en ningún caso, puesto que la solicitud de pena era inferior a dos años. Y destacó que este juicio, al igual que del 2024, se refiere a «uno de los casos más leves» de vertidos a la laguna salda, por lo que la Fiscalía debe ser especialmente cuidadosa a la hora de aplicar la «proporcionalidad» de las penas, conforme al Código Penal. El pacto de conformidad, que incluye esa «valoración de la dimensión de la pena», incluye la suspensión de la pena privativa de libertad, con la condición de que no cometa otro delito en el periodo de duración de la condena.

Esta condena «es un éxito para la Fiscalía, porque el informe pericial aportado ha sido determinante para el reconocimiento de hechos y el resarcimiento económico por los daños al ecosistema», señaló De Mata. Además, la pena muestra «que no hay espacio para la impunidad en los delitos contra el medio ambiente y, en concreto, en la contaminación de la laguna y su cuenca».

El acuerdo es similar al de hace un año en el Juzgado de Lo Penal 3 de Cartagena, en el juicio contra F. R. L., propietario de una finca en la diputación cartagenera de La Puebla y presidente de la Comunidad de Regantes Isidoro García Ráez-. Este empresario aceptó un año de prisión y el pago de una multa de 1.500 euros y de una indemnización de 17.252,08 euros por el vertido, entre los años 2015 y 2017, de 68.061 metros cúbicos de aguas con nitratos y salmuera.

Aún quedan por celebrarse decenas de juicios en los próximo años en Cartagena y en Murcia por el 'caso Topillo' y el 'caso Topillo II'. En la ciudad portuaria se ventilarán más de una treintena de causas instruidas en once órganos judiciales de Cartagena y San Javier, de los 39 en que fue troceada la segunda fase del 'caso Topillo'. La Fiscalía ha ido presentando escritos de acusación contra distintas empresas agrícolas y sus titulares, para su enjuiciamiento por parte de juzgados de Lo Penal o de la Audiencia Provincial. A modo de ejemplo, ha solicitado 4 años de prisión para el dueño de una explotación de San Javier. En Murcia está pendiente que se fije la fecha del juicio a 37 empresas agrícolas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de la vista oral contra el exconsejero de Agricultura de la Comunidad Antonio Cerdá, del PP, y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura Manuel Aldeguer, por presunta prevaricación.

La Fiscalía abrió sendos procedimientos penales a raíz de atestados del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que analizó documentación facilitada por una empresa de venta de desaladoras y material de desalación en el año 2021. Según expuso el Juzgado de Instrucción 2 de Murcia, que inició la causa, la Benemérita concluyó que había «indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente».

En el 'caso Topillo' «se investiga, entre otros comportamientos, la posible realización de vertidos contaminantes procedentes del uso de desalobradoras ilegales. Estas captarían aguas de los acuíferos del Campo de Cartagena contaminadas por nitratos y con altos niveles de conductividad, algo que las hace inhábiles para el riego» de cultivos. «Estas características del agua obligarían a los agricultores a aplicar procedimientos de desalobración que originarían un rechazo que terminaba en una red de salmueroductos que a su vez vertía en la rambla del Albujón, a escasos metros del Mar Menor, o lo retornarían al acuífero», añadió el juzgado. Y concluyó: «En ambos supuestos se podría poner en peligro el medio ambiente».

El fiscal superior de la Comunidad. José Luis Díaz Manzanera, avanzó este jueves, en la presentación de la memoria del organismo de 2024, que el fiscal de Medio Ambiente exigirá a la Comunidad Autónoma que abra expedientes de responsabilidad medioambiental a otra decena de empresas, agrícolas y ganaderas, por los vertidos al Mar Menor.

Esta es la segunda petición de la Fiscalía a la Consejería de Medio Ambiente para que exija responsabilidades a las empresas en el ámbito administrativo por la emisión de vertidos contaminantes, lo que implica la solicitud del pago de indemnizaciones económicas. Ya lo hizo hace unos años con otra decena de firmas. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ante la inacción de la Administración regional, ordenó que se cumpliera la petición del fiscal.