Collados Beach reabrirá, a la espera de la sentencia del TSJ sobre su licencia

El TSJ admitió a trámite en febrero el recurso de la empresa Vive Collados SL contra el fallo dictado en octubre pasado por el juzgado. A la espera de que el TSJ confirme o revoque la sentencia, la empresa prevé retomar su actividad para la temporada de verano. La sentencia «no es firme y está recurrida. Dicho recurso ha sido admitido a trámite, ya que estamos ante un caso flagrante en el que se han vulnerado todos los derechos de defensa de Collados Beach, pues en dicho procedimiento judicial nunca se escuchó a la empresa y se dictó sentencia a espaldas de la misma», señalaron a LA VERDAD fuentes de la empresa, del Grupo Orenes.

La sentencia impugnada dio la razón a una vecina y tumbó el decreto del exalcalde José Hernández (del PP) que autorizó la reforma de una vivienda junto a la playa de Veneziola para su uso como local de restauración y ocio. El regidor obvió un informe desfavorable de la Demarcación de Costas y el trámite de información pública. Ya en 2021, el Ayuntamiento desestimó por silencio administrativo la solicitud de la vecina de que revisara de oficio la licencia. Y el juzgado declaró «contraria a derecho la inactividad» municipal.

La empresa sostiene que «inició su actividad con todas las garantías legales y administrativas», y que tiene «una licencia para operar, en base a los informes favorables que el propio Ayuntamiento elaboró y a una actividad realizada de forma legal y transparente». Quiere «seguir realizando un servicio de calidad y valor tanto gastronómico como turístico para la Región de Murcia»; y «confía en la Justicia, para que pueda aclarar de una vez por todas este expediente y podamos seguir dando en La Manga una oferta gastronómica y turística de calidad».

El concejal de Urbanismo de San Javier, Antonio Martínez, explicó ayer que la admisión a trámite del recurso suspende la ejecución de la sentencia y el expediente municipal de revisión de oficio de la licencia. Pero apuntó que, a la vista de un informe jurídico externo encargado por el Ayuntamiento, se está revisando la situación administrativa del local, para aclarar «dudas» sobre el cumplimiento de las normativas urbanística y ambiental, entre otras.

Martínez añadió que, tras el análisis de la documentación, de las alegaciones de la empresa y de la vecina y de una eventual inspección del local, el Consistorio resolverá si acuerda o no la suspensión de la actividad del restaurante. Según el edil, en el primer caso, la empresa tendría que subsanar deficiencias en el plazo legalmente establecido, sin tener que cerrar el local; y solo si se detectara un riesgo «inminente» para la seguridad, tendría 72 horas para clausurar el local, que llegado el caso podría ser precintado por el Ayuntamiento.

Respecto a la actividad del local, fuentes de la empresa titular aseguraron que el establecimiento no acogerá bodas ni otros «eventos especiales». La actividad se centrará en «el restaurante y el beach club» (club de playa).

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente señalaron que, «en 2021, el Ayuntamiento, a través de la Demarcación de Costas, solicitó autorización para «instalaciones temporales para la celebración de bodas». E indicaron que Costas y la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Comunidad Autónoma «emitieron informes desfavorables» a esas actividades «en la playa de los Esculls, donde se encuentra el restaurante».

El motivo es que afectaría al dominio público marítimo-terrestre y al entorno de la Zona de Conservación Prioritaria del Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar. Medio Ambiente añadió que tiene abierto un expediente sancionador relativo a una denuncia sobre la colocación de instalaciones temporales para una boda dentro del Parque Regional.