El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses

El juicio se prolongará al menos durante cinco sesiones para una vista en la que se prevé que comparezcan casi una treintena de testigos, entre ellos familiares y allegados tanto de la víctima como del presunto homicida, así como los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación. También están convocados peritos, especialistas en balística forense, biología, criminalística e informática y comunicaciones.

El proceso llega tras el aplazamiento del pasado mes de junio. En el banquillo se sentará un vecino de San Pedro del Pinatar, Jesús Ángel M. J., al que la Fiscalía atribuye un delito de homicidio y otro de profanación de cadáver, con una petición de 20 años de cárcel. La acusación particular, en nombre de la familia de la víctima, eleva la reclamación a 25 años por asesinato con alevosía y ensañamiento. El crimen se remonta al febrero de 2015, cuando la Policía Nacional localizó en el aparcamiento del hospital Los Arcos, en San Javier, un Audi A6 con un cadáver en el maletero. Era el de Javier Romero, de 42 años, exjugador de balonmano, antiguo pinchadiscos y supuesto corredor de fincas. Estaba desaparecido desde el 11 de febrero de 2015 y pasaron ocho días hasta que los investigadores, gracias al rastreo y último posicionamiento de su móvil, dieron con el cadáver. Presentaba dos disparos en la cabeza y había sido seccionado de brazos y cabeza con una sierra.

La investigación apuntó a un ajuste de cuentas ligado a las drogas. El Bolas mantenía una relación de amistad con el acusado y, según los atestados, le proveía de cocaína. Una deuda habría desencadenado el crimen.

La clave en la investigación, que llevaba meses atascada, fue un chivatazo anónimo, recibido en diciembre de 2015 en la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), que señaló a 'Chulín' y a la finca familiar de Los Rastrojos, en San Javier, como escenario del asesinato.

Jesús Ángel fue detenido en noviembre de 2016. En los registros de su vivienda y de la finca, la Policía halló 178.000 euros en metálico, armas de fuego y pequeñas cantidades de cocaína y cristal. La defensa, ejercida por el letrado Eduardo Romera, sostiene que nada de ello lo vincula con el crimen, niega cualquier implicación de su cliente en este asunto y que «la investigación policial se centró en culparle sin pruebas sólidas».